A un mes del "boicot" de Eddie Espert, LA REPUBLICA cuadruplicó sus ventas

Espert impuso su decisión desde un club de pesca en el Parque Rodó donde estaba comiendo y bebiendo junto a amigos y asociados.

Nunca consultó con nadie para censurar al diario plural. Sólo le bastó recibir la llamada de un distribuidor, que le confirmó la inclusión de la nota.

Como quedó demostrado, el acto inconstitucional de censura previa fue decidido por el propio Espert sin recabar la opinión de los nueve miembros de la Comisión Directiva, ni de los afiliados al sindicato que tienen voz y voto en la asamblea general, recién citada a los tres días.

Hoy el diario plural cumple un mes del arbitrario acto de censura que violentó principios democráticos consagrados por el artículo 29 de la Constitución, y continúa padeciendo los efectos de un posterior boicot que arrasó con los derechos comerciales de nuestra empresa editora.

 

Exitoso sistema solidario y alternativo de distribución

A pesar del contratiempo derivado de la autoritaria actitud de Espert, la empresa editora de LA REPUBLICA, la firma REG S.A., pudo probar que un sistema alternativo de comercialización mediante vendedores libres tendría un resultado exitoso: las ventas ya se cuadruplicaron.

La exitosa experiencia de instrumentar un sistema alternativo para la distribución de los ejemplares, sin que la empresa sea sometida a los arbitrios del empresarismo corporativo de Espert, nació a partir de espontáneos ofrecimientos de las numerosas organizaciones sociales.

Primero se acercaron organismos no gubernamentales que trabajan con jóvenes carentes de un empleo digno. Luego se sumaron ciudadanos para mejorar sus ingresos.

Por último se incorporaron los voluntarios para quebrar el monopolio perverso que agobia a toda la prensa uruguaya.

La censura de Espert al diario plural fue castigada por la jueza civil Graciela Berro, que condenó a la corporación monopólica a entregar los ejemplares de LA REPUBLICA a los quiosqueros, concesionarios de un permiso municipal para prestar un servicio en un espacio público.

La sentencia que la jueza Berro dictó el lunes 19 de diciembre no fue acatada por el autodenominado «sindicato», una gremial de pequeños empresarios, nunca reconocida por el PIT-CNT, que se negó a retirar los diarios. LA REPUBLICA presentará una denuncia por «desacato».

Los empresarios de la distribución apelaron a través de sus abogados, Sandra Rivas y Santiago Carnelli, para exigirle a la magistrada que desestimara el recurso de amparo que LA REPUBLICA interpuso en defensa de sus derechos constitucionales, y también de sus lectores.

LA REPUBLICA también apeló, por su lado, pidiendo que se obligue al sindicato a vender el diario en los quioscos a 15 pesos el ejemplar, no sólo los días miércoles como obligó la jueza, sino todos los demás días de la semana, en base a que el sindicato no puede imponer un precio.

Las apelaciones fueron tramitados por la jueza, quien ya franqueó la elevación de los recursos.

El expediente está siendo estudiado por los ministros de feria, Pedro Kerouglian, Beatriz De Paula y John Pérez, los titulares del Tribunal de Apelaciones en lo Laboral de 1er. Turno.

De acuerdo a los plazos procesales, el tribunal sentenciaría antes del miércoles, al vencer el término de cuatro días de que dispone desde que fue notificado. Uno de los jueces, Kerouglian, es experto en Derecho Administrativo: integró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Si el recurso hubiera sido notificado antes de la Feria Judicial Mayor, el asunto habría recaído sobre el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno. Como la notificación fue posterior al inicio del receso, el caso recayó sobre los tres ministros de feria hasta el 12 de enero. *