El testimonio desde Artigas

Artigas, 16 de diciembre de 2005.

 

El 20 de diciembre harán 31 años de encontrados en una ruta cercana a Soca cinco cuerpos maniatados, acribillados y con lesiones de maltrato y tortura. Entre ellos se encontraba mi hermana María de los Angeles Corbo «Marisa» y su esposo Daniel Brum.

Marisa, de 26 años, estudiante de medicina, cursaba un embarazo de 4 meses.

En el año 1971 de julio a noviembre estuvo detenida por medidas prontas de seguridad, posteriormente liberada sin procesamiento. No fue condenada ni requerida en ningún momento. Por su propia voluntad en febrero de 1972 se fue del país acompañando a su marido liberado del Penal de Punta Carretas con la condición de irse al extranjero.

En 1974 mi hermana residía en la ciudad de Buenos Aires y era visitada periódicamente por mis padres, además manteníamos una comunicación permanente a través de cartas.

En noviembre de 1974 habían planificado visitarla pero por problemas laborales no pudieron.

El 20 de diciembre nos enteramos del asesinato múltiple a través de un comunicado de las Fuerzas Conjuntas en la televisión.

A partir de ese momento comenzó un doloroso peregrinaje en la ciudad de Soca para que nos entregaran los cuerpos. Primero nos negaban información y luego no nos permitían el reconocimiento de los cuerpos, después la dificultad fue conseguir que el forense nos firmara el certificado de defunción para entregarlos. Desde la tarde del 20 hasta el mediodía del día 21, transcurrieron más de 18 horas de trámites para recuperar los cuerpos.

Cuando los fuimos a reconocer en la morgue del cementerio de Soca los cinco estaban tirados en el suelo, tapados con diarios, acribillados con balas de grueso calibre, algunos desnudos y otros semidesnudos.

Mi hermana presentaba su cuerpo deshecho, la boca morada con los labios y dientes rotos, con rasgos visibles de su gravidez y las plantas de los pies sin piel. Presentaban avanzado estado de descomposición.

El médico forense dictaminó muerte por múltiples heridas de bala, no se realizó autopsia.

El velatorio debió hacerse con los cajones cerrados debido al estado de los cuerpos.

No podemos comprender cómo existen seres humanos capaces de realizar actos tan violentos de tortura y asesinato contra una mujer joven y embarazada como el que le hicieron a mi hermana traída contra su voluntad de otro país sin estar requerida por la justicia

En enero de 1975 hacemos una denuncia de los hechos acaecidos en el Juzgado Letrado de la ciudad de Pando.

En 1985, con la vuelta de la democracia, concurrimos al Juzgado para solicitar y hacer denuncia ampliatoria en el expediente iniciado en 1975; el juez nos comunica que el expediente se encontraba archivado en el Archivo General de la Nación.

Nos empiezan a citar para declarar durante el año a mi madre, a un familiar, Faustino Pereda y Sra., a los padres de Daniel Brum y a mí. La audiencia la realizaba el Dr. Lobelcho, el asesoramiento nos lo dio el Colegio de Abogados a través de los Dres. Pessano y Piazza.

El 3 de octubre de 1985 concurro al Juzgado Letrado de 2do. Turno con el Dr. Lobelcho, en el cual se me pregunta si estaba de acuerdo con lo declarado por mi padre referente a lo dicho por el V/A Víctor González a lo que le respondí que sí. El Sr. almirante nos citó a mi padre y a mí, en los días posteriores al hecho y manifestó lamentar profundamente lo sucedido, que era una barbaridad, que sucedía cuando se perdía el control de los mandos medios y se suponía una represalia por la muerte del Cnel. Trabal.

Después de la fecha de la declaración comenzamos a recibir llamadas anónimas, sobre todo mi señora, torturándola sicológicamente.

Pese a las reiteradas veces que concurrimos al Juzgado nunca obtuvimos respuestas concretas de la evolución del expediente.

En el año 1988 nos mudamos a la ciudad de Artigas y nos dimos por vencidos.

Durante los primeros gobiernos democráticos no pudimos despertar ningún tipo de interés por el tema hasta que surgieron las declaraciones del Sr. Julio Abreu que confirman lo que sospechábamos de la evolución de los hechos; la traída desde la Argentina y la posterior matanza en Uruguay. Siempre nos hemos manejado por fuera de las organizaciones y sectores políticos que se manifestaban por estos temas para evitar que fuera bandera política de algún sector.

Capaz que por ello fue un asunto poco comentado y olvidado pese a su atrocidad.

Nuestra actitud fue siempre de condenar y repudiar cualquier acto de violencia que atente contra la integridad, libertad o vida de las personas.

Por esta misma razón pretendemos que este acto vandálico no permanezca impune y se juzgue a los responsables, tanto a los que dieron la orden como a sus verdugos.

Es doloroso para mí reconocer, habiendo sido oficial de la Armada, donde el honor, la ética y la moral son condiciones sine qua non de la profesión militar, puedan existir individuos capaces de cometer estos actos.

Mientras permanezcan en el anonimato dejarán una oscura y nefasta herencia a las nuevas generaciones. *

 

Héctor Corbo