El Poder Ejecutivo excluyó otros dos casos de la Ley de Caducidad

El caso Barrios deberá ser investigado por el juez penal de 8º Turno, Pablo Eguren, ya que resultó excluido por el Poder Ejecutivo de todo posible amparo en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la llamada Ley de Impunidad. «Las familias tienen derecho a saber qué pasó con sus seres queridos, y la Justicia debe investigar los hechos aunque lo delitos no puedan ser condenados», explicó a LA REPUBLICA el doctor Martín Sbrocca, uno de los abogados de Ielsur, una reconocida entidad humanitaria.

La estrategia jurídica del abogado de Ielsur permitiría que el juez Eguren pueda realizar una indagación presumarial judicial antes de trasladar el expediente en vista al fiscal penal de 4º Turno, Enrique Möller, quien se presume que solicitará que el caso sea rearchivado.

La ampliación de una primer denuncia, que el presidente Julio María Sanguinetti amparó en la Ley de Impunidad, había sido presentada el pasado 19 de octubre por abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) «para que se investiguen los hechos».

Reyes, la esposa del uruguayo Washington Barrios que «desapareció» en Córdoba el 17 de setiembre de 1974, había sido asesinada cinco meses antes el 21 de abril, junto a sus amigas Raggio y Maidanick, en un cruel operativo a cargo del entonces teniente coronel Juan Rebollo.

Ielsur pidió desarchivar una denuncia ya presentada en 1986, que archivó un juez luego que la Suprema Corte de Justicia desestimara la «excepción de inconstitucionalidad» que interpusieron los familiares contra la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

La entidad humanitaria fundamentó el escrito que presentó en «el derecho a la verdad y a la información», que protege la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La ampliación de denuncia fue presentada con la firma de miembros de las tres familias de las tres jóvenes mujeres que fueron víctimas de una «ejecución sumaria», un delito imprescriptible, inamnistiable y obligatoriamente perseguible por ser un «crimen de lesa humanidad».

 

Rebollo, Gavazzo, Cordero, Silveira y Armando Méndez

Los generales Juan Rebollo, Julio César Rapela y Esteban Cristi fueron implicados en el asesinato de Laura Raggio y Diana Maidanick, amigas de Silvia Reyes, esposa del desaparecido Washington Barrios. Además resultó involucrado en los crímenes el mayor (r) Armando Méndez.

El jefe del operativo represivo en el barrio Brazo Oriental fue el ex teniente coronel Rebollo, que treinta años después sería comandante en jefe del Ejército Nacional en el gobierno de Luis Lacalle. Ninguna joven pudo escapar. Las tres fueron acribilladas con armas de guerra.

Los entonces mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, y el capitán Jorge Silveira, fueron brazos ejecutores en el sangriento allanamiento, junto al capitán Mario Mouriño, un agente de inteligencia militar que operaba, desde 1971, en el S2 del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1.

La matanza de las tres mujeres con armamento militar pareció no ser suficiente para los represores: tras la masacre se dirigieron a la casa de la hermana de la esposa de Barrios, en El Buceo, quien escapó por el fondo con su marido, y un matrimonio amigo con una hija menor.

Estela Reyes ya declaró ante el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, quien investiga la «desaparición forzada» de Washington Barrios, que huyó a Argentina el día antes que las Fuerzas Conjuntas irrumpieran a tiros en su casa y mataran a su esposa y a las dos jóvenes amigas.

Barrios «desapareció» el 17 de setiembre de 1974. Fue detenido por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Córdoba. El 11 de octubre fue conducido a La Plata. Un juez lo interrogaría por ingreso ilegal al país. Ya tenía una orden de captura librada por la Fuerzas Conjuntas.

Según la versión oficial de sus captores argentinos, Barrios «se fugó» del vehículo que lo regresaba a Córdoba, ciudad donde se suponía iría a permanecer detenido en la Unidad Militar Nº 9, donde había estado, ahora para aguardar una resolución judicial. Nunca volvió a ser visto. La desaparición de Barrios y el asesinato de las tres muchachas casi cinco meses después desnudaría a muchos de los crímenes más horrendos que se cometieron en el marco de la llamada «Operación Cóndor», la implementación práctica del «Plan Cóndor», mediante el cual las dictaduras de la región exterminaron sus opositores políticos.

 

Caso María Claudia

A su vez, el juez de 15º Turno en lo Penal Ricardo Miguez quedó formalmente habilitado para «identificar e individualizar» a los siete militares y un policía uruguayos responsables del asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman, ocurrido hace 29 años en Montevideo. Las diligencias probatorias habían sido realizadas mediante exhorto por el juez federal Norberto Oyarbide a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de que el gobierno del presidente Néstor Kirchner requirió la captura y extradición de los asesinos de María Claudia García.

María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires por militares argentinos en agosto de 1976 junto a su esposo, Marcelo Gelman. *