La izquierda define nuevo rumbo en la política por crímenes de la dictadura

Vázquez anunció además que, a su retorno al país el lunes próximo, se reunirá con los técnicos que están al frente de las excavaciones para determinar el punto final de esos trabajos.

El Presidente inició ayer su visita oficial a Francia con una entrevista con el presidente de ese país, Jaques Chirac (ver página 3). En diálogo con la prensa, Vázquez ratificó que de no encontrarse restos humanos, el gobierno declarará «la ausencia por desaparición forzada», lo que habilitará la participación de la Justicia.

Por otro lado, desde Montevideo, su hermano, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, dijo que si no se registran avances en la búsqueda los integrantes de las Fuerzas Armadas involucradas en esos hechos «saldrán muy mal parados».

«En este tema el principal perjudicado sería Uruguay y en segundo lugar, los propios involucrados, todas aquellas personas que todos sabemos que saben y que no dicen nada», manifestó el hermano del Presidente de la República.

«Hay cosas que no se discuten, todos saben que existieron desaparecidos y que algunos detenidos fueron llevados de un país a otro y que fueron muertos y enterrados sin que sus familiares supieran. Luego fueron desenterrados, triturados y esparcidos, cuando muchos de ellos no tenían nada que ver con la llamada ‘guerra’ que había en este país».

Respecto al pedido de extradición que solicitó el gobierno argentino para siete oficiales del Ejército y un policía, Vázquez indicó que no lo consideraba «un mecanismo de presión», sino un «mecanismo legal».

En este sentido, agregó que el gobierno uruguayo está abierto a todos los mecanismos legales que existan «y en definitiva ese tema lo va a tener que definir la Justicia».

Sobre las declaraciones del embajador argentino en nuestro país, Hernán Patiño Mayer, negó que haya cometido un acto de intromisión y sostuvo que «en ningún momento pretendió entrometerse en problemas del Uruguay».

 

Comisión estudiará proyecto

Por otro lado ayer, la bancada de senadores del Encuentro Progresista integró un grupo de trabajo para definir un proyecto de ley junto al Poder Ejecutivo que declara las desapariciones como delitos de lesa humanidad y por tanto permanentes e imprescriptibles.

Los blancos acompañarían la norma pero señalan que la retroactividad debe ser definida por la Justicia.

La iniciativa se denomina «Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Cooperación con la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma)».

El tópico medular de la iniciativa del senador Enrique Rubio, que recoge borradores de una iniciativa de Oscar López Goldaracena, se encuentra en el Artículo 21 (Desaparición forzada de personas) que establece textualmente:

«21.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría».

Asimismo, «21.2. El delito de desaparición forzada será considerado como delito continuado o permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima», «21.3. Atenúa el delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias: (a) Que la víctima sea puesta en libertad indemne; (b) que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido».

 

Extradición

La Justicia argentina reiteró ayer su demanda a Uruguay para que «identifique e individualice» a los siete militares y un policía uruguayos acusados por el asesinato de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, ocurrido hace 29 años en Montevideo, según la agencia argentina Telam.

La solicitud fue cursada por el juez federal Norberto Oyarbide a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. El viernes pasado el gobierno de Néstor Kirchner pidió a Uruguay la inmediata detención con fines de extradición de los implicados. *