Estado afronta dos mil juicios por U$S 600:

A nivel del Ministerio de Educación y Cultura se ha creado una nueva división llamada «de asuntos Constitucionales, legales y registrales» que es la que, a pedido del propio Poder Ejecutivo, viene relevando y acopiando información sobre las demandas en curso que el Estado viene recibiendo.

El subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, advirtió a LA REPUBLICA que los dos mil juicios encausados no serán todos perdidos por el Estado, «ni todos tienen razón de ser, pero demuestra la entidad y la gravedad del problema en la que se encuentra el Estado uruguayo».

El subsecretario señaló que las demandas son diversas y afectan a varias reparticiones ministeriales. En estas demandas no están contemplados los juicios que proveedores del Estado han también iniciado por falta de pago de sus servicios.

Michelini recomendó a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados que «se deberá legislar sobre una reforma que permita resguardar los intereses de la sociedad uruguaya para que el erario no sea el que deba hacerse cargo de deficientes gestiones administrativas pasadas».

En ese sentido, el diputado frentista Edgardo Ortuño calificó la situación como «una de las herencias más graves y pesadas que enfrenta el gobierno progresista». Entiende que «es una grave pérdida de recursos que podrían volcarse a políticas sociales y productivas», en alusión a los eventuales 600 millones de dólares por demandas que el Estado debería pagar.

 

Se dispara el artículo 25

La vigencia del artículo 25 de la Constitución de la República está señalado muy especialmente en un proyecto que el propio representante Ortuño está ultimando en su redacción. El artículo 25 establece la posibilidad de exigirle responsabilidad económica a funcionarios y jerarcas públicos que ocasionen juicios y daño al Estado en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, repercutiendo sobre esas personas lo que se hubiere pagado en reparación.

De esta manera, los daños pecuniarios no repercutirían directa o indirectamente en la sociedad sino en los jerarcas y funcionarios que ejercían oportunamente en el órgano público.

En el proyecto que se está redactando, el diputado Ortuño sostuvo que en lugar de ser el ministerio público el que intime al organismo competente y responsable, sería la nueva área de Asuntos Constitucionales, legales y registrales del Ministerio de Educación la que llevaría adelante la acción.

«¿Se imagina cómo podría laudarse la pasada crisis económica en la que fueron vaciados los bancos y en la que el Banco Central actuó como vigilante del sistema financiero?», se preguntó Ortuño. *