Gobierno debe "pronunciarse" respecto a "caducidad" de ocho "desapariciones" y "sustracción" de Simón, hijo de Sara

La semana pasada, el Poder Ejecutivo recibió del juez en lo penal de 2º Turno, Gustavo Mirabal, un pedido para desarchivar expedientes con casos de siete desaparecidos. La indagación había sido archivada, en 2002, a solicitud del fiscal en lo penal de 4º Turno, Enrique Möller.

Mirabal accedió al archivo de la causa, pero dejó expresa constancia de que compartía la posición sustentada por los familiares denunciantes, y argumentó que todos los hechos atribuidos a los policías y militares implicados configuraban delitos permanentes. Por lo tanto, cuestionó el criterio fiscal porque entendió que el delito no había dejado de consumarse, ya que no medió una constatación judicial de la muerte.

El desarchivo lo pidió Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, con el patrocinio del abogado Pablo Chargoñia. Casi todos los «desaparecidos» estuvieron recluidos en Automotores Orletti, un temido centro clandestino de detención en Buenos Aires.

Para pronunciarse respecto a la caducidad de los casos denunciados, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo legal máximo de treinta días, según el artículo 1º de la cuestionada Ley de Impunidad Nº 15.848.

Se desconoce el tiempo que insumirá al gobierno estudiar las causas.

Se trata de las «desapariciones» de Simón Riquelo (desaparecido el 13 de julio de 1976 y recuperado en el año 2002); Gerardo Francisco Gatti Antuña (desaparecido el 9/6/76); Juan Pablo Errandonea Salvia y Alberto Cecilio Mechoso Méndez (desaparecidos el 26/9/76); Cecilia Susana Trías Hernández y Washington Cram González (desaparecidos el 28/9/76); y Carlos Alfredo Rodríguez Mercader y Rafael Lezama González (desaparecidos el 1/10/76).

El secuestro de Simón, el hijo que Sara Méndez logró recuperar recién en 2001, fue víctima de un delito de usurpación de identidad nunca investigado hasta ahora. El crimen se cometió para entregar el menor a la familia que lo anotó como hijo adoptado en forma legal y lícita.

Los expedientes habían sido derivados al Juzgado Penal de 2º Turno porque allí se presentó la primera de las denuncias luego del retorno de la democracia, y porque todos los casos tienen en común una misma conexión: todas las víctimas fueron vistas en Automotores Orletti.

Por «privación de libertad», «sustracción y retención de menores» y «asociación para delinquir», están denunciados los militares y policías José Nino Gavazzo Pereira, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Silveira Quesada, José Ricardo Arab Fernández, Ricardo José Medina Blanco, Hugo Campos Hermida, Juan Manuel Cordero Piacentini, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata y José Felipe Sande Lima.

También el juez en lo penal de 19º Turno, Luis Charles, remitió «en consulta» al Poder Ejecutivo para su «pronunciamiento» el caso del uruguayo Washington Barrios, secuestrado en Córdoba en 1974, y «desaparecido» luego de ser interrogado por un juez de La Plata.

El teniente general (r) Juan Rebollo estaría implicado en el asesinato de la esposa de Barrios, y dos amigas de ella. Las jóvenes tenían una 18 y la otra 19 años. Por el crimen de las amigas Laura Raggio y Diana Maidanick, sus familiares evalúan presentar en breve su denuncia por separado.

A las tres de la madrugada del 21 de abril de 1974, las Fuerzas Conjuntas irrumpieron en un apartamento de la calle Soler esquina Ramón y Santiago, en el barrio montevideano de Brazo Oriental. A cargo del feroz operativo estaba el entonces teniente coronel Rebollo.

Treinta años después, Rebollo sería comandante en jefe del Ejército Nacional durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. La acusación también implicó a Armando Méndez, y a los extintos Rapela y Cristi.

Rebollo, al mando del entonces capitán Mario Mouriño (integrante del S2 de artillería antiaérea, un conducto de inteligencia militar), y del también capitán Julio César Gutiérrez, protagonizó el operativo junto a los ya fallecidos coronel Julio César Rapela y general Esteban Cristi.

Rapela era comandante del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, donde el actual Poder Ejecutivo aún procura restos de los uruguayos que fueron detenidos desaparecidos. Todos los denunciados operaban en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Barrios «desapareció» el 17 de setiembre de 1974. Fue detenido por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Córdoba. El 11 de octubre fue conducido a La Plata. Un juez lo interrogaría por ingreso ilegal al país. Ya tenía una orden de captura librada por la Fuerzas Conjuntas.

Según la versión oficial de sus captores argentinos, Barrios «se fugó» del vehículo que lo regresaba a Córdoba, ciudad donde se suponía iría a permanecer detenido, en la Unidad Militar Nº 9 donde ya estuvo, pero ahora a la espera de una resolución. Nunca volvió a ser visto.

 

¿Un vuelo «cero» antes del primero y del segundo?

Los familiares de Washington Barrios tienen elementos que, según afirman ellos, hacen sospechar la existencia de un vuelo clandestino en el que Barrios podría haber sido traído al Uruguay, país donde habría sido víctima de prácticas sistemáticas de tortura, y al final ejecutado.

Se trataría de un «vuelo cero» –como lo definieron en su escrito–, que se habría realizado antes del «primer vuelo», ya reconocido por los militares, y del «segundo vuelo» que la Armada Nacional ya admitió, aunque en su primer informe omitió referir al menos sobre 20 asesinatos.

Junto a Barrios habían sido capturados varios militantes del llamado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), un grupo guerrillero. Todos ellos fueron encarcelados un año. Ya recuperaron su libertad y están vivos, por lo que la «desaparición» de Barrios sería inexplicable sin otro vuelo.

El asesinato de las jóvenes, a casi cinco meses antes de la captura de Barrios, será objeto de una denuncia que familiares de las mujeres presentarán en menos de dos semanas. Durante el operativo, también murió el agente Dorval Márquez, que caminaba por la calle a su casa.

La matanza de las tres mujeres con armamento militar pareció no ser suficiente para los represores: tras la masacre se dirigieron a la casa de la hermana de la esposa de Barrios, en el Buceo, quien escapó por el fondo con su marido y un matrimonio amigo con una hija menor.

Familiares de las víctimas pudieron comprobar que los represores José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira también participaron del sangriento operativo que habría tenido por objetivo la captura de Barrios, esposo de la joven Silvia Reyes, asesinada junto a sus amigas.

Gavazzo y Cordero no tuvieron reparo en mostrar sus rostros. Incluso se exhibieron ante el padre de Silvia Reyes, a quien le habían matado una hija, y recién habían intentado matarle a la otra. Tampoco Rapela y Cristi se ocultaron: conversaron con el padre. Sin miedo. Sin apuros.

 

El mayor (r) Méndez y la prueba del «saqueo»

El director nacional de Aduanas del gobierno de Luis Alberto Lacalle, el mayor (r) Armando Méndez, también resultó involucrado en la denuncia presentada contra los generales Rebollo, Rapela y Cristi.

Familiares de Barrios revelaron que el entonces capitán Méndez y el mayor Gavazzo «regresaron varias veces» al apartamento donde las Fuerzas Conjuntas asesinaron a Reyes, Raggio y Maidanick. Gavazzo, Manuel Cordero y el capitán Jorge Silveira fueron brazos ejecutores.

«Varias veces», Méndez y Gavazzo volvieron al apartamento de la masacre, entre el 21 y el 24 de octubre de 1974. En una ocasión, llevaron una supuesta carta de Barrios en la que decía esta
r bien y que podrían verlo en pocos meses. Los militares repetían la versión.

A bordo de un camión militar, el ex capitán Armando Méndez regresó al lugar del homicidio «con una moto». Fue el único valor saqueado del apartamento que las familias pudieron recuperar. Ninguno de los electrodomésticos robados fue devuelto a sus legítimos propietarios.

Sin embargo, la prueba aportada en la denuncia que más involucró a Méndez en los episodios fue su participación en los interrogatorios que realizó, junto al represor Cordero, entre setiembre y octubre del ’74, a numerosos tupamaros recluidos en varios cuarteles uruguayos.

Diversos detenidos sometidos a interrogatorios bajo torturas pueden atestiguar que el capitán Méndez –un ex ayudante del coronel Ramón Trabal, director del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID)–, poseía, al igual que Cordero, fotografías de tupamaros asilados en el exterior.

Además, el ahora mayor retirado Armando Méndez ostentó durante los interrogatorios tener un conocimiento pleno de los movimientos de Barrios antes de ser «desaparecido», a la vez que evidenciaba una información precisa de todos los contactos del uruguayo secuestrado. *