Busca el Ejército, busca la Fuerza Aérea, busca la Armada, ¿y la Policía qué hace?

El proceso abierto por la actual administración que preside el doctor Tabaré Vázquez ha sacudido, ¡y cómo!, la aplicación del anquilosado artículo cuarto de la Ley de Caducidad.

Después de dos décadas de silencio e inacción resueltos en las alturas civiles y militares, las instituciones militares comenzaron a reaccionar a los requerimientos del Presidente. Se hicieron averiguaciones sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, surgieron datos que parecían precisos -o así al menos se presentaron por las autoridades- que aún no lograron confirmarse con el plus de duda e inquietud que ello genera.

Pero la situación que hoy se vive muestra un avance significativo respecto al inmovilismo de las administraciones de Sanguinetti (por dos), Lacalle y Batlle, pese al esfuerzo de la Comisión para la Paz. Los militares entregan informes al Presidente de la República y las puertas de los cuarteles se abren a los científicos y forenses que revisan palmo a palmo las áreas identificadas como probables tumbas clandestinas.

El tiempo dirá hasta dónde se puede llegar, hasta dónde fueron precisos los datos aportados, hasta dónde presidió en la conducta de los informantes un sentido de responsabilidad, madurez y sensibilidad, y no, como hay quien ya sospecha, se lanzaron nuevas cortinas de humo para tapar lo que será imposible tapar. Los criminales deben saber que los crímenes de lesa humanidad jamás quedarán en el olvido. Ayer mismo, en España, se descubrieron otros dos restos de los cadáveres de un adulto y de una niña asesinados por los franquistas ¡60 años atrás!

A conciencia o por obediencia debida, ésa que recién ahora parecen aceptar los mandos militares, las tres armas participan de las investigaciones en busca de la verdad anestesiada desde la recuperación de la democracia por el establishment.

Pero nadie ha percibido hasta ahora que hay una institución, la Policía, que mucho tuvo que ver en las prácticas de terrorismo de Estado, que integró las Fuerzas Conjuntas de la dictadura, que fue punta de lanza en las actividades represivas legales e ilegales en los años que precidieron al golpe del 73.

Creemos que el Presidente de la República debe ordenar que los mandos policiales realicen una investigación sobre su participación -sea en el plano de la información o directamente a nivel operativo- en los casos de detenidos desaparecidos. Connotados jefes policiales de la época del terror han sido acusados y se les sabe implicados en numerosos casos de asesinatos, ejecuciones sumarias y secuestros de bebés (Campos Hermida, Castiglioni, Sande, Medina, Bronzini, Tauriño, los jefes de departamento de inteligencia de esos años -funcionaban seis departamentos, quiere decir que hubo decenas de jerarcas al frente de ellos en ese lapso-). Algunos de ellos aún viven, otros ya han muerto, ellos pueden y deben decir lo que saben. Si la Policía contribuye con sus archivos y testimonios al esfuerzo general de la nación, no sólo se sabrá más de todo lo que pasó sino que también la ciudadanía habrá reconocido en esa actitud las primeras señales de cambio de una institución todavía asociada por muchos a los más repudiables episodios de la historia nacional. *