Uruguayos secuestrados en Argentina en setiembre de 1976 fueron ejecutados y enterrados en Uruguay

La investigación interna que la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) presentó al presidente Tabaré Vázquez confirma una investigación que LA REPUBLICA ha realizado desde 2002, sobre la existencia de un «segundo vuelo» ilegal, en el que se trasladó a Montevideo a una quincena de uruguayos secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976, quienes fueron ejecutados en Uruguay.

El informe que la Presidencia de la República entregó ayer a la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos señala que la Fuerza Aérea realizó en 1976 dos «servicios» de traslado aéreo de prisioneros desde Argentina, a pedido del Servicio de Información y Defensa (SID), en julio y octubre de aquel año, aunque «desconociendo la identidad y cantidad de pasajeros».

La confesión de la FAU tira por tierra la historia oficial que por tres décadas escribieron las Fuerzas Armadas uruguayas y luego convalidó la Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Batlle, respecto a que en Uruguay no hubo ejecuciones masivas de prisioneros ni cementerios clandestinos con fosas comunes como en Argentina y solo hubo muertos «accidentales» en la tortura.

La confirmación del «segundo vuelo» de Orletti implica que un grupo de quince a veinte militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), secuestrados en Buenos Aires entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre de 1976, luego de ser trasladados ilegalmente a Montevideo, fueron asesinados a sangre fría y enterrados en una fosa común para continuar hasta hoy como desaparecidos.

 

La represión en Buenos Aires

La coordinación represiva del Plan Cóndor contra los uruguayos exiliados en Argentina luego del golpe de Estado de 1973, se instrumentó en una serie de operativos de militares y policías uruguayos en el vecino país, desde fines de 1975, pero se agudiza a partir del 24 de marzo de 1976, cuando la junta militar argentina derroca a la presidenta Isabel Martínez de Perón.

En ese marco se concretan los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, los tupamaros Rosario Barredo y Williams Whitelaw y de los militantes del PVP Telba Juárez y Eduardo Chizzola, quien por años se supuso desaparecido, cuando había sido enterrado como «NN» en un cementerio de Buenos Aires.

También entonces se producen en Buenos Aires las desapariciones de los uruguayos Ary Cabrera, Eduardo Espinosa, José Enrique Caitano, Hugo Gomensoro Josman, Blanca Rodríguez de Beisso, Daniel Goicochea, y del dirigente comunista Manuel Liberoff, cuyos cuerpos aún no han sido identificados en el vecino país.

El 1º de junio de 1976 cuatro militares y policías argentinos arriendan el viejo local de un taller mecánico conocido como Automotores Orletti y, desde ese centro clandestino de torturas se procesa la represión contra los extranjeros radicados en Argentina y, particularmente contra los militantes uruguayos del grupo OPR 33, integrados al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

 

Aquel «primer vuelo» de Orletti

El 9 de junio de 1976, comenzaron los procedimientos con la detención del dirigente sindical Gerardo Gatti Antuña, fundador de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y uno de los principales líderes del PVP, quien tras ser detenido en Orletti, fue víctima de una frustrada maniobra de extorsión en la que se reclamaban dos millones de dólares por su liberación.

Casi treinta uruguayos vinculados al PVP, secuestrados en Buenos Aires hasta mediados de julio, fueron recluidos en el local de Automotores Orletti, conocido como Base Jardín, que lideraban el argentino Aníbal Gordon y el uruguayo José Nino Gavazzo, con sendos grupos de militares y policías argentinos y uruguayos encargados de los operativos de detención y tortura.

Desde Automotores Orletti se produjo un «primer vuelo», con traslado masivo ilegal de prisioneros, el domingo 25 de julio de 1976, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevó a Montevideo a 24 de aquellos uruguayos secuestrados en Buenos Aires, quienes permanecieron luego desaparecidos por tres meses en una casona de Punta Gorda y en la sede del SID.

Ese grupo de uruguayos, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fueron luego «blanqueados» y procesados por la Justicia Militar, luego de un fingido operativo antisubversivo contra un presunto grupo de «invasores» capturados en el chalet Susy del balneario Shangrilá el 26 de octubre de 1976, y sobre el que la dictadura publicitó sendos comunicados de prensa.

 

El informante que dio a Simón

Luego de los operativos de junio y julio en Buenos Aires, entre mediados de setiembre y principios de octubre, otra veintena de uruguayos vinculados al PVP también fueron secuestrados en Buenos Aires y, según testimonios de argentinos que les sobrevivieron, fueron recluidos en Automotores Orletti. Todos ellos continúan en calidad de desaparecidos.

Durante años, los nombres de esos uruguayos se incluyeron en las listas de desaparecidos en Argentina, hasta que la existencia de un «segundo vuelo» con otro traslado masivo de prisioneros a Uruguay, fue señalada a este cronista por el represor argentino que aportó los datos que permitieron al senador Rafael Michelini localizar a Simón Riquelo, el hijo de Sara Méndez.

El informante subrayó que «de Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a luz, pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabíamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyó a todos los que quedaban».

La fuente, miembro de la banda de Aníbal Gordon, agregó que incluso a los uruguayos se le «entregaron» cinco presos argentinos que estaban detenidos en Automotores Orletti para su «disposición final» en Uruguay. «Yo no participé en la entrega, pero creo que a esos últimos (desaparecidos) tienen que buscarlos en Uruguay», subrayó el informante.

 

Los «datos» del «segundo vuelo»

La investigación periodística, iniciada un año antes para la publicación Posdata Folios, se comenzó a publicar en LA REPUBLICA a partir del domingo 17 de marzo de 2002, dos días después que los análisis de ADN en Buenos Aires confirmaban que un joven de 26 años que había sido criado por la familia de un policía era, como había dicho el informante, Simón Riquelo.

«Hay 32 nuevos casos de desaparecidos en Uruguay», se tituló entonces, al sumar los 27 uruguayos desaparecidos en Automotores Orletti y los cinco argentinos que también se habrían entregado para su «disposición final». El informante también había adelantado, luego de sucesivas entrevistas, que Gerardo Gatti, León Duarte y Roger Julién habían muerto en Buenos Aires.

Luego de un nuevo contacto con la fuente argentina, LA REPUBLICA publicó un nuevo capítulo de la investigación, bajo el título «Así desaparecieron 21 uruguayos en el último vuelo de la muerte: ocultan cementerio clandestino», en el que se indicaba que el segundo vuelo había partido del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires en la noche del 4 al 5 de octubre de 1976.

Se concluía que el traslado de esos de uruguayos a Montevideo para su desaparición implicaba su ejecución masiva y su «disposición» dentro de una fosa común en un cementerio clandestino cuya localización no había sido aún posible de ubicar. Razón de fondo del «pacto de silencio» entre militares que sólo reconocían muertes «casuales» en el marco de los interrogatorios.

 

Malaquín, el copiloto del 511

La investigación difundida por LA REPUBLICA implicó que un militar, testigo presencial del arribo del segundo vuelo, aceptara hablar l
uego de veinticinco años de recordar como una pesadilla la llegada de una quincena de personas encapuchadas que descendían del vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU) procedente del oeste.

En un informe publicado el lunes 2 de setiembre de 2002, la nueva fuente confirmó que en la madrugada del 5 de octubre de 1976 vio llegar el avión que aparcó junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto de Carrasco y que los civiles fueron subidos a camiones del Ejército para ser trasladado con rumbo desconocido.

La fuente militar indicó que el vuelo era piloteado por el mayor Walter Pintos, el copiloto era capitán José Pedro Malaquín (comandante en jefe de la FAU del gobierno de Batlle en el momento de la publicación) y el tripulante el capitán Daniel Muñoz. El operativo había sido coordinado por el coronel (av) Uruguay Araújo Umpiérrez, el director de la Fuerza Aérea en el SID en el año 1976.

La investigación de LA REPUBLICA, ampliada y reiterada durante los últimos tres años, que no había sido incluida ni siquiera como un dato que «no fue posible confirmar» dentro del informe final de la Comisión para la Paz, fue finalmente corroborada por el informe interno que la Fuerza Aérea Uruguaya le entregó al gobierno de Tabaré Vázquez. *