La aprobación de ley de cárceles demandó 17 horas en Diputados

El proyecto pasó ahora al Senado de la República para completar su trámite legislativo durante agosto, cinco meses después de haberse comenzado su confección en el Ministerio del Interior.

La iniciativa resultó aprobada en general con los votos de la izquierda y del diputado independiente Iván Posada minutos antes de la medianoche del miércoles. Tuvo que hacerse una rectificación de la votación porque en primera instancia los diputados del Foro Batllista levantaron sus manos antes de darse cuenta de que no tenían voluntad de hacerlo.

Además de las modificaciones que la bancada de gobierno le hizo al texto del Poder Ejecutivo en comisión, se incorporó como sexto artículo la disposición para habilitar hasta 20 pases en comisión al Patronato de Encarcelados y Liberados.

En sala, sólo se hizo una modificación al literal k del primer artículo para corregir un número de ley equivocado al que se hacía referencia.

53 en 84 fue el resultado que permitió pasar a la consideración del articulado del proyecto, que insumió tres horas más de trabajoso tránsito. Debate sobre si debía suprimirse o no la lectura del texto, que terminó por optarse por lo último, aditivos y sustitutivos a varios artículos presentados por Posada que fueron votados negativamente, aditivos y sustitutivos del Partido Nacional que también se frustraron, demandaron a la presidenta del Cuerpo, Nora Castro, una alta concentración para guiar la sesión.

La bancada del Encuentro Progresista se preocupó por mantener en todo momento sus 52 diputados en Sala y solicitó rectificaciones cuando algún distraído estuvo fuera del hemiciclo a la hora de votar algún artículo.

El número de legisladores blancos y colorados en Sala decayó cuando se pasó a la discusión en particular el proyecto.

 

Iniciativas frustradas

El Partido Nacional presentó, sin éxito, dos aditivos y un sustitutivo: uno para exceptuar de límites los pases en Comisión al Patronato de Encarcelados y Liberados, otro para asignarle a esa institución $ 3 millones, y un sustitutivo a la discriminación positiva del 5% establecida en el texto original para que las empresas que liciten con el Estado incorporen ex convictos en sus plantillas. La intención nacionalista era eliminar ese porcentaje y darle la facultad al gobierno para que establezca un sistema de bonificaciones a los empresarios que incluyan liberados entre su personal.

El diputado herrerista Jaime Trobo lanzó en la madrugada una propuesta al gobierno para construir cárceles con capital privado como solución a los problemas de hacinamiento.

Claro está que esa idea se daba de bruces con la persistente convicción del Encuentro Progresista de instaurar un nuevo paradigma en materia de derecho penal.

La bancada progresista abundó durante toda la jornada en los efectos que ha tenido la política económica sobre la sociedad y en la política «regresiva» en materia de seguridad ciudadana que los gobiernos de los partidos tradicionales llevaron adelante hasta llegar a una «inflación carcelaria» que degeneró en los actuales problemas de hacinamiento y de violación de los derechos humanos.

Para la oposición, ni la política económica ni el endurecimiento de penas, sino el aumento de la delictividad a nivel mundial y la falta de recursos para construir cárceles fueron los argumentos. Los augurios, de crecimiento de la actividad criminal, de la inseguridad ciudadana, para luego advertir que el gobierno se tendrá que responsabilizar de los efectos de la liberación de presos.

El informe en mayoría fue brindado por la socialista Daisy Tourné, al tiempo que el nacionalista Alvaro Lorenzo y el colorado Gustavo Espinosa dieron informes en minoría por sus respectivas bancadas. Antes de las 12 de la noche habían hecho uso de la palabra más de treinta diputados durante 14 horas.*