El Centro Militar acondicionó ayer una oficina para defensa legal de retirados

Quedó acondicionada ayer una oficina en el Centro Militar para que funcione una sala de abogados que prestará asesoramiento jurídico a todos los militares activos o retirados que lo soliciten por denuncias relativas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La oficina, ya integrada por abogados militares y eventualmente por algún abogado civil contratado por arrendamiento de servicios, está al mando del coronel Carlos Acuña, jefe del Departamento Jurídico y Notarial del Estado Mayor del Comando General del Ejército Nacional.

Se estima que la mayoría de los militares sindicados como represores basará su defensa en un parecer jurídico del abogado y catedrático constitucionalista, Gonzalo Aguirre, quien opinó que la llamada «Ley de Impunidad» ampara delitos políticos antes y durante la dictadura.

El departamento a cargo del coronel Acuña ya tenía una dependencia en el Centro Militar, pero ayer terminó de adecuar un nuevo espacio para atender a los militares que soliciten abogados o asesoramiento, una iniciativa del comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti.

Aguirre sirvió de fundamento al recurso administrativo que militares retirados presentaron ante la Suprema Corte de Justicia contra la interpretación que hizo el gobierno del alcance temporal de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado Nº 15.848.

Según trascendió, los mismos militares retirados buscarían derogar el artículo 5º de la Ley de Amnistía, del 8 de marzo de 1985, que liberó a los presos políticos, pero además excluía a militares y policías que violaron derechos humanos desde cargos en el gobierno, desde 1962. Conocidos abogados penalistas fueron invitados a integrar la sala de abogados que sesionará en el Centro Militar, pero todos rechazaron el ofrecimiento porque intervienen como defensores en renombrados expedientes penales que involucran militares, policías y dictadores. *