Bertolotti exhortó a retirados a acatar la vía judicial y apoyar investigación interna

Catorce causas judiciales, ocho de ellas en Uruguay y seis en el exterior, implican a civiles, militares y policías uruguayos en casos de violaciones a los derechos humanos que no estarían amparados en la Ley de Caducidad o que derivaron en pedidos de extradición por parte de los magistrados actuantes.

En la mayoría de las causas aparece denunciado un mismo grupo de ex militares y ex policías que actuaron en la represión de civiles luego del golpe de Estado de 1973, durante la imposición de la dictadura cívico-militar que gobernó el país hasta marzo de 1985.

Ayer Bertolotti recibió a los siete oficiales del Ejército que había invitado y que aparecen implicados en diferentes delitos. Fuentes del Comando dijeron a LA REPUBLICA que el comandante «logró los dos objetivos que se había fijado: la concurrencia de todos los retirados y el buen clima de la reunión». Uno a uno, fueron llegando a la sede del Comando en horas próximas al mediodía, sin inquietarse por la presencia de las cámaras fotográficas y de televisión allí apostadas. En distinto orden, lo hicieron los coroneles (r) Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Eduardo Rama, Juan Antonio Rodríguez Buratti y Gustavo Taramasco, el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo y el mayor (r) Ricardo Arab. El oficial de Policía Ricardo Medina no fue invitado. También estuvieron los generales en actividad con cargo en el país. El general Juan Córdoba, que fue relevado el viernes pasado de la División de Ejército I, no asistió.

Un comunicado firmado por Bertolotti afirmó que durante el encuentro, que se extendió hasta las 17.00 horas, «se procedió a explicar los pasos dados por el mando, atinentes al antedicho tema (las citaciones judiciales) así como la disponibilidad de apoyos que ya se habían dispuesto instrumentar en consecuencia».

Agregó que «se consideraron diversos aspectos relativos a los pasos a seguir y posibles vías de colaboración con la investigación que la Fuerza está realizando, explicando la pertinencia de concurrir a declarar una vez materializadas las citaciones». Para el Comandante, «queda demostrado por esta vía, el espíritu corporativo y democrático de la Fuerza así como la voluntad de colaborar con la situación de todos los involucrados y alcanzar de esta manera el fin perseguido de lograr dar vuelta la página del período histórico que nos ha tocado vivir».

Los informantes señalaron que los retirados se remitieron a escuchar los planteos del Comandante. Otras fuentes señalaron que algunos oficiales se habrían retirado molestos porque no les conforma que el respaldo del Ejército sólo se limite a brindarles asesoramiento legal. Bertolotti, recordó el pasado lunes que todos los integrantes de la fuerza están aferrados a la Ley de Caducidad, consideró que los delitos anteriores a la norma, «prescribieron» y que no se admitirán las extradiciones.

Varios conocidos abogados penales ya fueron contactados por el Ejército para integrar la asesoría letrada a aquellos militares que lo requieran. Sobre la actitud futura de los retirados ante eventuales citaciones, las fuentes no se aventuraron a asegurar que «hayan cambiado de opinión». Un alto oficial que participó en la reunión dijo a LA REPUBLICA que «esto se verá paso a paso, los retirados no están sujetos a obediencia». De todos modos, dijo que «el encuentro fue muy bueno». Desde el gobierno, se valoró en forma «positiva» el comunicado del Comandante en jefe del Ejército. Fuentes allegadas al Edificio Libertad dijeron a LA REPUBLICA que en esta etapa Bertolotti «cuenta con todo nuestro apoyo». Hoy, Bertolotti informará a la ministra de Defensa Azucena Berrutti. Además de la asesoría legal del Ejército, el Círculo Militar y el Centro Militar interpondrán un recurso administrativo contra el acto dictado por el Poder Ejecutivo que excluyó de la Ley de Caducidad los casos de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman y las muertes de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Un retirado militar confirmó ayer a LA REPUBLICA que un e-mail comenzó a circular entre la masa de asociados convocando a juntar firmas para presentar el recurso. Según la fuente, la fundamentación legal del citado recurso fue elaborado por el ex vicepresidente de la República doctor Gonzalo Aguirre, quien se menciona como posible asesor letrado para los uniformados.

 

Colorados: citados deben declarar

A nivel político, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado solicitará el próximo sábado a la Convención Nacional de dicha colectividad política que emita una declaración en donde se establezca claramente que «las únicas personas que pueden decidir los alcances de la Ley de Caducidad son los jueces».

Según informó uno de los redactores e impulsores de la declaración del CEN colorado, el ex diputado Ope Pasquet, la idea es «reafirmar la independencia de las instituciones» y dejar sentada la posición del Partido Colorado en torno a la polémica que se originó ante la eventual citación de militares retirados y en actividad, acusados de violar los DDHH antes y después del último gobierno de facto.

«La ley de Caducidad no es una puerta por la que algunas personas puedan salir cuando quieran para eludir las requisitorias de un juez», dijo el integrante del CEN colorado, el ex diputado Ope Pasquet.

La Ley de Caducidad, «es una ley que como todas las demás leyes forma parte del orden jurídico y por lo tanto es interpretada y aplicada por los jueces», concluyó el integrante del CEN colorado.

«Cuando los jueces mandan una citación hay que obedecer y frente a ello no hay escapatoria. Si los citados (militares) no quieren ir a declarar, la Justicia debe requerir el auxilio de la fuerza pública para que concurran», sentenció Ope Pasquet. «Así funciona el Estado de derecho que hemos construido los uruguayos a lo largo de estos 20 años de evolución democrática» después de la última dictadura militar, reflexionó el ex legislador colorado. *