Jueces aguardan fallo de fiscales

Dos jueces penales aguardan que dos fiscales penales se pronuncien sobre la prescripción de casos de uruguayos desaparecidos o muertos antes del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, cuando comenzó a regir la Ley de Impunidad, según interpretación del Poder Ejecutivo. La fiscal en lo penal de 1er. Turno, María del Huerto Martínez, deberá fallar en las próximas horas sobre la desaparición de Castagnetto Da Rosa, en el año 1974; lo propio deberá hacer la fiscal en lo penal de 13er. Turno, Adriana Costa, por el asesinato de Luzardo, en 1973. Se estima que ambas fiscales se pronunciarán en las próximas horas. Otros casos, cuya instrucción sería más demorada, incluyen la muerte de Nibia Sabalsagaray, fallecida durante una sesión de tortura, causa que continúa en manos del juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero. Vomero ya tomó testimonio al intendente de Canelones, el doctor Marcos Carámbula, quien, siendo avanzado estudiante de Medicina, pudo constatar en el cuerpo de Sabalsagaray marcas de las torturas que padeció en una unidad castrense especializada en ingeniería. El caso Castagnetto está a cargo del juez penal de 8º Turno, Pablo Eguren, al tiempo que el caso Luzardo está en manos del juez penal de 1er Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini. El asesinato de Roberto Gomensoro, el 12 de marzo de 1973, se instruye en Paso de los Toros. Ayer, ni el juez Eguren ni su colega Fernández Lecchini habían recibido notificación alguna de las correspondientes fiscalías que continúan estudiando cada uno de los expedientes que han sido instruidos a partir de las denuncias presentadas por familiares. Héctor Castagnetto Da Rosa, de 19 años de edad, fue secuestrado al salir de su casa, el 17 de agosto de 1971, por el grupo ultraderechista parapolicial llamado «Comando Caza Tupamaros» que integraba, entre otros, el civil Miguel Sofía, el capitán de navío Jorge Nelson Nader Curbelo, el inspector Víctor Castiglioni, el comisario Hugo Campos Hermida, y el fotógrafo de inteligencia policial Nelson Bardesio. Roberto Luzardo fue asesinado el 9 de junio de 1973. Sus familiares reclamaron la investigación de su muerte. Es uno de los casos que dio lugar al debate sobre los alcances que tendría, antes del inicio de la dictadura, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La causa judicial, para la investigación del destino padecido por Castagnetto y la ubicación del paradero de sus restos, fue iniciada por una denuncia que presentó el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que desempeña la representación legal de los familiares de la víctima. *