Los escritos contienen “elementos de convicción suficientes”, como exige el artÃculo 125 del Código del Proceso Penal (CPP), para que el magistrado resuelva el procesamiento de uno o dos de los indagados, cuyos “procesamientos con prisión” ya fueron solicitados por la fiscal.
La documentación, que será incorporada al expediente, complica aún más la situación procesal del dictador Bordaberry, pero deslinda a su canciller Blanco de la tipificación fiscal de “coautor” de los asesinatos, según lo deberá dirimir el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal.
La fiscal de 2º Turno, Mirtha Guianze, rebatirá por escrito al doctor Gastón Chaves Hontou, el defensor de Bordaberry, quien adujo que su cliente debió ser sometido antes a un juicio polÃtico. Además, la fiscal recordará que tal “excepción” debió presentarse “en tiempo y forma”.
Guianze citará sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ): una que sentó jurisprudencia al afirmar que Bordaberry debe ser juzgado como un ciudadano común, y otra en la que resolvió que el ministro Benito Stern también podÃa ser enjuiciado como cualquier persona.
Según trascendió la semana pasada cuando el juez Timbal remitió el expediente a vista fiscal, la doctora Guianze replicará argumentos de la defensa de Bordaberry en base a las conclusiones de la comisión parlamentaria investigadora y expedientes de la Justicia argentina.
Por su lado, los abogados de los denunciantes del ex presidente de facto y de su ex canciller entregarán, a las 15.30 horas de hoy, un escrito que incluye documentos desclasificados del Departamento de Estado, ya traducidos y certificados por traductor y escribano público.
Los documentos oficiales del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, tienen un “valor probatorio” en un juicio penal en Uruguay porque asà lo admite la propia dependencia del gobierno de los EUA en su página en internet, según indicarán los denunciantes.
Sobre Bordaberry recaerÃa la responsabilidad penal por los delitos cometidos durante su mandato constitucional y su presidencia de facto, pero no serÃa asà con el ex canciller Blanco ante la “insuficiencia probatoria” de la FiscalÃa, según su defensor Carlos Curbelo Tammaro.
Los denunciantes de Bordaberry y Blanco parecen haber elegido el camino de allanar la incorporación al expediente de ciertas pruebas que, insólitamente, fueron pedidas desde un principio por el abogado defensor del ex presidente de facto, tal vez como tácticas dilatorias.
Un ejemplo serÃa la comparecencia de Wilson Ferreira Aldunate ante el Congreso de Estados Unidos, el 17 de junio de 1976, a menos de un mes del asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, cuando denunció que “la orden del asesinato fue impartida desde el gobierno uruguayo”.
El discurso del caudillo nacionalista, inexplicablemente solicitado por el abogado de Bordaberry como prueba en defensa de su cliente, será entregado hoy al juez Timbal por los propios abogados denunciantes del ex dictador, que aportarán actas oficiales de Juan Raúl Ferreira.
Además entregarán transcripción de declaraciones públicas de los ex guerrilleros Kimal Amir y Luis Alemañy, citados como testigos por el abogado de Bordaberry, quienes ya desmintieron una versión, según la cual Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron muertos por los tupamaros.
También aportarán declaraciones de un periodista estadounidense de investigación, John Dinges, en el informativo Compacto 1410 de AM LIBRE, donde atribuyó la responsabilidad del homicidio a Bordaberry, aunque admitió tener algunas dudas sobre la culpabilidad de Blanco.
La entrevista periodÃstica a Dinges, que incrimina directamente al ex presidente de facto, también habÃa sido solicitada al juez Timbal por el doctor Chaves entre otras pruebas de la defensa. También en este caso la prueba será aportada por los propios abogados denunciantes. *
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