Vázquez dio plazo de 60 días a las FFAA para aclarar la situación de desaparecidos

La resolución, fechada el pasado 8 de junio, está basada en lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 15.848 (Caducidad), aprobada el 22 de diciembre de 1986, en lo aportado por la Comisión para la Paz en su informe final, y en la necesidad de «profundizar» la averiguación de lo ocurrido, según las metas fijadas por el actual gobierno.

El informe de la Comisión para la Paz, presentado en abril de 2004, confirmó veintiséis casos denuncias de desaparición de uruguayos, tres de los cuales se produjeron en el período anterior al 27 de junio de 1973: Abel Ayala (fallecido el 18 de julio de 1971), Héctor Castagnetto (fallecido el 18 de agosto de 1971) y Roberto Gomensoro Josman (fallecido entre el 12 y el 14 de marzo de 1973).

Para ejecutar la orden del Presidente Tabaré Vázquez, el Ejército designó una Comisión integrada por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix, que ya recolectó información. La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) desestimó integrar la comisión del Ejército y resolvió indagar en sus filas en forma independiente. La investigación de la FAU girará en torno a dos únicos casos de desaparición ocurridos en la base de Boiso Lanza (Ubagesner Chaves Sosa, fallecido en 1976, y José Arpino Vega, fallecido en 1974). La Armada, fuerza que afirma no poseer ningún caso de desaparición, prestará colaboración en ambas indagatorias, según se informó oficialmente.

En la resolución del Poder Ejecutivo, también se encomienda a los científicos realizar «las investigaciones pertinentes, en el marco de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 15.848 de los trabajos de campo en los lugares que se marquen como eventuales sitios de remoción de tierra y que estén ligados a denuncias específicas o sospechas técnicamente comprobadas, donde pudieran haberse constituido cementerios clandestinos».

Se agrega que dichas tareas estarán «supervisadas o realizadas» por el Equipo Argentino de Antropología Forense. La existencia de esta resolución, fechada el 8 de junio, no había sido divulgada. El pasado martes, colegas le preguntaron al subsecretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, cuáles eran las investigaciones «voluntarias» a que se refería cierta prensa. Fernández respondió aludiendo a una resolución escrita que nadie conocía.

Ayer LA REPUBLICA consultó al subdirector de Sepredi, Gustavo Antúnez, por qué no había sido publicada en la página web de Presidencia. Explicó que «cuando me empezaron a preguntar, la empecé a rastrear y resulta que se había trancado en Jurídica».

El mecanismo interno es que, luego de firmadas, las resoluciones son procesadas por la Secretaría de Prensa y luego enviadas por correo electrónico a la Secretaría de Difusión. Pero en la página web no se ordenan por número de decreto o resolución, de manera que muchas disposiciones pueden quedar sin publicar, sin que ello llame la atención del público. *