Blanco acusó al general Linares Brum por negar pasaporte a Michelini en 1976

Ya procesado en el Juzgado Penal de 1er. Turno por el «homicidio» de Elena Quinteros, cometido en Montevideo en noviembre de 1976, el ex jerarca del mal llamado «Proceso Cívico Militar» compareció como indagado, igual que debió hacerlo el jueves Juan María Bordaberry.

El ex canciller y el ex presidente de facto, por entonces gobernantes cuando aparecieron en un auto en Buenos Aires los cadáveres de Michelini y Gutiérrez Ruiz, junto a los cuerpos de los ex tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, alegaron su total inocencia.

Citados bajo apercibimiento e intimados a concurrir con abogados, Blanco y Bordaberry fueron sometidos a interrogatorio, instancia previa al eventual dictado del «procesamiento con prisión» que la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, ya solicitó al juez Timbal.

Abogados de los gobernantes de facto se acogieron a la modificación del artículo 113 del Código Penal, de mayo de 2004, para pedir al juez que diligencie nuevas pruebas, incluso algunas que ya habían sido incorporadas al expediente por los familiares de las víctimas.

Una de las pruebas solicitadas por el doctor Gastón Chaves Hontou, defensor de Juan María Bordaberry, podría complicar aun más la situación penal de los dos indagados. Se trata de una intervención de Wilson Ferreira Aldunate ante el Congreso de los Estados Unidos.

Una copia legítima del documento, obtenida en el propio Congreso estadounidense, está en poder de Juan Raúl Ferreira, hijo del extinto caudillo nacionalista, según lo reveló ayer mismo a los medios de comunicación el propio Ferreira, una vez culminada la audiencia.

La abogada Hebe Martínez Burlé, quien ejerce la representación legal de las familias Michelini y Gutiérrez junto al abogado Walter De León, anunció que «en el tiempo más breve posible se adjuntará» a la causa una determinada «información que proporcionará Juan Raúl Ferreira».

La intervención de Ferreira ante el Congreso de los Estados Unidos, que consta en las actas oficiales del parlamento estadounidense, fue para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos en Uruguay y, en particular, el asesinato de sus amigos Michelini y Gutiérrez Ruiz.

«Serán aportadas» todas las pruebas que solicite la defensa de Juan Carlos Blanco que pudieran estar en poder de los denunciantes, ofreció Martínez Burlé, quien indicó que «el juez necesitará tiempo para estudiar todo el material que se aportó y resolver después».

La abogada evaluó que el doctor Carlos Curbelo Tammaro, abogado defensor de Juan Carlos Blanco, «presentó un escrito similar» al que entregó por su parte Gastón Chaves Hontou «la defensa de Juan María Bordaberry». Ambos defensores presentaron varios recursos.

Martínez Burlé anunció por el último que «el lunes se va a presentar un escrito pidiendo tener acceso al expediente para poder estudiar todos los escritos que se han presentado y ver las pruebas que la defensa ha solicitado». Se estima que el juez daría lugar al planteo.

El abogado defensor de Juan Carlos Blanco, el doctor Carlos Curbelo Tammaro, señaló que «en el clima en que ocurrieron los crímenes horrendos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, la Argentina del año 1976, con Buenos Aires desbordada por las pasiones y bañada en sangre, donde por un lado había Escuadrones de la Muerte, y por otro, organizaciones terroristas en una situación caótica, en ese marco, es muy difícil determinar a la distancia, que desde aquí se dieron las ordenes» para cometer los asesinatos de los dos políticos uruguayos.

Curbelo Tammaro aseguró que «Blanco no participó en ninguna toma de decisiones ni le negó el pasaporte a Zelmar Michelini, sino que al contrario, cuando se venció su pasaporte se le renovó y posteriormente el ministro del Interior, a quien pasó la competencia de otorgar los pasaportes, fue quien se lo retiró».

En ese momento, el ministro del Interior era el general Hugo Linares Brum, hoy fallecido.

Agregó que también presentó «un escrito solicitando pruebas, para esclarecer la conducta y eventualmente la responsabilidad de Blanco, y recursos que tienen que ver con la competencia de la sede, la eventual prescripción del carácter político del delito que dejaría fuera de competencia a la jurisdicción uruguaya».

Luego comentó que «los asesinatos crueles y salvajes de Michelini y Gutiérrez Ruiz son un tema sumamente delicado», y puntualizó que aceptó a Juan Carlos Blanco como cliente porque tiene la «convicción» de que el ex canciller de la dictadura «es inocente».

«Si tuviera la menor sospecha de que Blanco pudo haber participado, no era yo quien lo estaba defendiendo», aclaró. Añadió que su deseo es «que se mantengan las garantías del debido proceso». *