Proyecto colorado prohíbe formar un sindicato policial

El Partido Colorado presentó en Diputados un proyecto de modificaciones a la ley orgánica policial que prohíbe expresamente al personal «organizar e integrar sindicatos, declarar huelgas y realizar planteamientos colectivos».

El impedimento a los policías sugerido en el literal H del artículo 13 de la nueva ley orgánica propuesta se fundamenta en «la particularidad específica de la función que cumplen estos servidores públicos».

El diputado frenteamplista Juan José Bentancor (VA), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes reaccionó mostrándose en desacuerdo con la prohibición habida cuenta de que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se opone a la organizaciones de los funcionarios de las fuerzas policiales.

«No es cuestión de apresurarse», dijo Bentancor a LA REPUBLICA, señalando que sería conveniente dejar en manos del Poder Ejecutivo analizar las limitaciones a la organización de los policías. Reconoció que sí deberá analizarse qué tipo de restricciones deben establecerse a una agremiación policial teniendo en cuenta la esencialidad del servicio y que es personal armado.

 

Código

Por otra parte, el proyecto colorado introduce la elaboración de un «Manual de Procedimiento» que contenga «las reglas a que deberá someterse la actuación cotidiana de la Policía» en relación a denuncias, investigaciones, interrogatorios, trato con los detenidos, comunicación con las demás autoridades.

Además se prevé la redacción de un Código de Ética que «se ocupe de los problemas afines que naturalmente se suscitan en un ejercicio profesional tan complejo y humano como el policial», según la exposición de motivos del proyecto. En cuanto a la estructura orgánica de la Policía, se agregan unidades relacionadas con el combate al narcotráfico, asuntos internos, Interpol y empresas de seguridad, al tiempo que se crea el cargo de director de la Policía Nacional, que ejercerá el mando superior profesional del instituto policial y dependerá directamente del Ministerio del Interior.

«No se ha pretendido innovar radicalmente», se argumenta, aduciendo que el proyecto busca «simplificar un texto que dedica muchos artículos a lo que es intrínsecamente materia reglamentaria, otorgarle base legal a las formas más modernas de relacionamiento con la población, reducir sensiblemente el número de escalafón y generalizar el régimen de ingreso por concurso». *