Blancos son partidarios de la suspensión "selectiva" de ejecuciones por seis meses

El Poder Ejecutivo impulsó la medida de suspensión de ejecuciones por 60 días, medida que es resistida desde los bancos privados.

Paralelamente, la Comisión de Asuntos Sociales nacionalista «insta a todas las organizaciones gremiales de los pequeños productores rurales a encarar el endeudamiento de los pequeños productores rurales como un problema social de pobreza rural y unir esfuerzos para encontrar vías de solución definitiva en tal sentido».

En tanto, el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional), señaló a LA REPUBLICA que «estamos dispuestos a trabajar en el tema en la medida en que caminemos todos en una misma dirección, porque simplemente elaborar un proyecto pero si no tenemos la mayoría y los votos necesarios es simplemente presentar un proyecto».

«Vamos a ver un poco con la gente del Frente que está preocupada por este tema del endeudamiento para ver si podemos trabajar por el mismo objetivo», y reveló que en ese sentido ya ha mantenido contactos con el senador Saravia. Sobre la decisión del Poder Ejecutivo de suspender las ejecuciones por 60 días, Da Rosa la consideró como «una medida transitoria» y «nos parece que el tema de fondo es cada vez más serio porque hay cada vez más preocupación y hay que ir sobre una solución del fondo del problema».

Da Rosa se mostró partidario de participar en la Comisión Especial anunciada por el coordinador de la bancada oficialista, Alberto Couriel, que recabará la información de los deudores que se encuentren en situación apremiante de remate.

 

Suspensión selectiva

Con la firma de Miguel Cecilio y de Fernando Martínez la Comisión de Asuntos Sociales del Partido Nacional se mostró proclive a que «se decrete urgentemente una suspensión selectiva de ejecuciones de pequeños productores rurales por un plazo máximo de 180 días, atendiendo a límites de área y montos de endeudamiento según los siguientes tipos de producción». En ese sentido, aluden a la Granja, Hortifruticultura y viticultura; Lechería; Producción agrícola-cerealera; Ganadería de engorde; y Ganadería de cría».

Se propone que durante el plazo de suspensión de ejecuciones antedichas, se dicte una ley que establezca un marco de negociación al que deberán atenerse las instituciones acreedoras para la refinanciación caso a caso de las deudas de modo de evitar que los productores quedan a merced de las voluntades individuales de funcionarios del sistema financiero.

Debe existir una normativa legal que obligue a la atención igualitaria de todos».

Asimismo «deberá establecerse, por vía legal, un mecanismo de repago de las deudas en base al precio de producto agropecuario, que permita al endeudado atender el pago de su adeudo».

Conjuntamente «deben resolverse en la órbita del MGAP y del INC planes de atención a los pequeños productores rurales que les permitan reinsertarse de modo eficaz en el sistema productivo mediante el establecimiento de programas de asistencia técnica que mejoren su desempeño en la producción y comercialización».

 

«Promesas electorales»

Para los blancos «debe tenerse claro que la frustración de las expectativas levantadas por promesas electorales erosionan gravemente la moral de la comunidad nacional y tienen una alto costo para todos sus integrantes».

«Esperamos que el Poder Ejecutivo y el Parlamento estén a la altura de las urgencias que este tema tiene y operen con similar diligencia a la empleada en recientes iniciativas sancionadas», expresa el pronunciamiento del Partido Nacional. *