La "Comisión contra la Tortura" y la Alta Comisionada de la ONU visitarán Uruguay

Una misión de la «Comisión contra la Tortura» visitará Uruguay entre el 25 y el 26 de abril, al tiempo que está previsto que la canadiense Louise Arbour, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visite nuestro país a fines de año, dijeron a LA REPUBLICA fuentes de gobierno.

La organización humanitaria llamada «Comisión contra la Tortura», que actúa a nivel mundial, fue una de las principales impulsoras en el mundo de la aprobación del Protocolo Facultativo que la ONU aprobó para asistir a los Estados parte en la instrumentación de la «Convención contra la Tortura», que Uruguay firmó el 4 de febrero de 1985, que luego ratificó el 27 de diciembre, pero nunca aplicó.

El denominado Protocolo Facultativo de la ONU, que Uruguay firmó el 12 de enero de 2004, establece que los Poderes Legislativos de los Estados parte deben aprobar tres puntos: a) la creación de un ámbito interno, que funcione como un organismo independiente, y que tenga potestades para visitar las cárceles; b) la creación de otro organismo para la prevención internacional de la tortura que tenga facultades para visitar cualquier cárcel en todos los Estados partes, visitas que deberán contar con la colaboración expresa de los gobiernos respectivos; y c) el establecimiento de un régimen para el monitoreo mundial contra la tortura, que sea subsidiario a los organismos nacionales que instrumente cada Estado parte. El Protocolo Facultativo, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de enero de 2004, incluye una suerte de proyecto de ley que los parlamentos de los Estados parte deberán aprobar para instrumentar los tres puntos básicos de la asistencia, y así cumplir la «Convención contra la Tortura». Las visitas de la «Comisión contra la Tortura» en abril y de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH se inscribe dentro del marco de la expectativa que generó el nuevo gobierno electo en cuanto al cumplimiento normativo del Derecho Internacional Humanitario.

La «Comisión contra la Tortura» ha bregado con especial ahínco en la necesidad de la reglamentación parlamentaria del Protocolo Facultativo, que incluye aspectos normativos que tipifican como delito de lesa humanidad a cualquier práctica de tortura a presos.

El accionar de la comisión propició la creación en Uruguay de un grupo -integrado, entre otros, por la representación uruguaya del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), y la organización Madres Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos- que también impulsó la reglamentación del Protocolo para tipificar la tortura como delito.

Las visitas previstas de la «Comisión contra la Tortura» y de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH se concretará a dos décadas del año en que Uruguay firmó y ratificó la «Convención contra la Tortura», que 20 años después, recién ahora, se apresta a aplicar. *