El presidente del BROU criticó la medida: dijo que todo el sistema político se movilizó por 22 deudores

Bancos privados negociarán caso a caso y no se avienen a prorrogar ejecuciones

Los bancos privados van a invitar a los deudores a presentarse para negociar su situación, pero no prometieron adherirse a la medida voluntaria de prórroga general de remates por sesenta días adoptada por las instituciones estatales.

El ministro interino de Economía, Mario Bergara, se reunió ayer con representantes de bancos privados, como se había acordado el jueves en el Edificio Libertad.

A la salida, Horacio Vilaró, de Bankboston, dijo que ellos tienen unos 10.350 casos de deudores desde 2003 a la fecha y sólo 300 de ellos llegaron a remate. En los próximos meses habría sólo unos veinte casos que podrían llegar a situación de remate. A esos se los invita a acercarse para proponer una solución.

Por lo demás, la banca privada adhiere a la solución caso a caso propuesta por el gobierno, y no a una ley de aplazamiento generalizado.

Bergara explicó que existen deudores con una situación de trastorno productivo o social y otros casos que son producto de fraude. Esto aconseja el estudio caso a caso.

 

Posición de los ahorristas

El dinero recuperado por los bancos responde a los depósitos de los ahorristas. Sin embargo, la banca en general tiene liquidez abundante en este momento, informó a LA REPUBLICA una fuente del BROU.

Un abogado de los ahorristas damnificados por los bancos intervenidos en 2002, por su parte, dijo que no recibió quejas de sus defendidos por las prórrogas acordadas.

«Los ahorristas que estamos patrocinando en los juicios lo que quieren fundamentalmente es recuperar los fondos que a través de los mecanismos legales, hasta el momento no se les han dado. Tanto los del proceso que hoy no pueden pagar como aquellos que los bancos estafaron y se quedaron con su dinero», declaró.

 

Calloia patea el tablero

Fernando Calloia, presidente del BROU, criticó duramente ayer de mañana el acuerdo de la comisión gubernamental que resolvió aplazar las ejecuciones, al que acusó de «publicitario». Por la tarde, suavizó un poco sus palabras. «El tema de la suspensión de las ejecuciones es una especie de banderita, ¿no? No tiene mucho efecto. No tiene ningún efecto, porque ejecuciones prácticamente no había. Tiene un impacto obviamente publicitario», dijo.

«Pero tiene un efecto terriblemente adverso (y que le transmite) señales equívocas a los deudores y que les dice: ‘En este país no se paga’. Y eso es terrible. Absolutamente terrible. Yo diría más; en cierta forma es hasta irresponsable, porque resulta que movilizamos a todo el sistema político, que estamos muchísimas horas por veintidós casos. Me llaman por teléfono, me dicen suspenda veintidós y yo los suspendo en el acto».

«Yo he visto casos que hace diez años que no se acercan al Banco. Les he mandado telegramas, etcétera, etcétera, y no han venido. ¿Qué vamos a hacer, una ley de sesenta días para suspender la ejecución? ¿Qué logra eso? Nada». «También hay muchos dirigentes gremiales de primera línea que nunca fueron al Banco a negociar. Muchos, ¿eh? Eso también sería bueno informarlo. A mí la verdad que me molesta que un pequeño productor esté haciendo el esfuerzo día a día para pagar su cuota y un dirigente gremial de primera línea del movimiento agropecuario nunca se ha acercado al Banco a hacer una conversación sobre pagos».

Por la noche, Calloia «suavizó» sus dichos, explicando que «no es una situación de generalización de suspensión de ejecuciones como yo pensé, sino básicamente la propuesta está orientada para un segmento de productores que tiene dificultades para hacer frente a sus deudas».

«Estas deudas vinieron por un procedimiento natural de deterioro», relacionado con la suba del dólar. Dijo que el BROU siempre estuvo abierto a los deudores y que el plazo de sesenta días es para que se acerquen los que se dejaron estar.

 

Táctica de «tirar la bronca»

José Mujica, ministro de Ganadería, fundamentó la táctica del escándalo, al apoyar el jueves en Soriano la presentación del proyecto del senador de su sector, Jorge Saravia.

«Gracias a las idas y venidas en el tema endeudamiento se despertó la voluntad y responsabilidad política», expresó.

«Si no se tira la bronca en alguna medida, no pasa nada. Había una comisión que tenía que funcionar y sólo se reunió una vez», agregó.

Calloia parece haber adoptado la táctica.

 

Pymes y cooperativas

Ayer de tarde, el ministro de Industria y Energía, Jorge Lepra, recibió a doce gremiales de pequeños empresarios que pidieron que ese Ministerio participara en la comisión que se encuentra estudiando el tema del endeudamiento. La comisión es integrada por representantes de los Ministerios de Economía y de Agricultura, bancos estatales y legisladores oficialistas. La delegación estaba integrada entre otros por delegados de la Asociación de Pequeños y Medianas Empresas (Apymes), la de pequeñas industrias, la Confederación Uruguaya de Cooperativas. También la integró un delegado de la Asociación de Bancarios.

Andrés de la Iglesia, presidente de Apymes, recordó la propuesta preelectoral de país productivo y dijo que como participa el Ministerio de Agronomía, debe estar presente el de Industria. «Hay que dar pautas que no son iguales a las del sector rural. Entendemos que desde el Ejecutivo las puede dar el Ministerio de Industria y Energía».

 

Alfie llama a comisión

El senador Isaac Alfie declaró ayer que llamará a comisión al ministro de Economía y al presidente del Banco Central y del República para que expliquen los alcances de la decisión del Poder Ejecutivo de suspender las ejecuciones.

El ex ministro entiende que hay contradicción entre la posición anunciada por su sucesor Danilo Astori y la decisión que finalmente adoptó el gobierno.

 

Movilizaciones

Continúa un grupo de deudores acampando frente al Palacio Legislativo, donde ayer a la hora 14 se produjo una concentración.

La Asamblea General de Deudores reunida el martes 5 de abril resolvió un «rechazo rotundo a la solución administrativa propuesta por el gobierno». Así como «exigir el ingreso inmediato del proyecto de ley de suspensión de ejecuciones y el estudio parlamentario con posterior ley para todo el endeudamiento interno».

Se supo ayer que deudores de Canelones y de Maldonado están preparando movilizaciones en sus departamentos. *

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