Caída de contratos genera gran preocupación en filas coloradas

La decisión del gobierno de rescindir «centenares» de contratos de obra en los organismos públicos provocó una fuerte réplica desde el Partido Colorado, que calificó esta decisión como una «persecución política».

En la dirigencia del Partido Colorado hay preocupación por lo ocurrido en los últimos días con las gerencias de las empresas públicas, donde ha habido varias remociones.

Hoy además se conoció que el Directorio del Correo rescindió el contrato de varios asesores de las anteriores autoridades del organismo. Se trata de funcionarios que habían ingresado en los últimos años, y que en el final de la pasada administración extendieron sus contratos hasta fines de 2005.

«Resulta que ser colorado se transforma en un estigma; cuando en realidad la función pública, desde el punto de vista jurídico, no debiera ser mirada así, en la órbita de los funcionarios de carrera, presupuestales, de las distintas empresas», comentó el diputado del Foro Batllista Washington Abdala. Pero la posición del Partido Colorado, al que se atribuye la paternidad de cientos de contratos durante las administraciones que encabezó, fue rebatida desde el partido de gobierno. El senador socialista José Korzeniak dijo que la buena administración y el estado de derecho «exigen que se dejen sin efecto todas las ilegalidades» realizadas durante la administración anterior.

Korzeniak dijo a LA REPUBLICA que «los que se están dejando sin efecto son los contratos de obra ilegales y todo tipo de acomodos. Lo mínimo que tenemos que hacer es restablecer la legalidad».

«Si hay contratos de obra prescindibles, que fueron hechos al margen de la legalidad o con sueldos abusivos, como hay gran cantidad, se van a dejar sin efecto», enfatizó. «Esto no es una persecución política, porque en ningún caso cesa un funcionario por el partido político al que pertenece. Tampoco porque sea sindicalista o pertenezca a determinada religión o por su raza».

«Es notorio que han sido cesados los funcionarios designados ilegalmente y esto seguirá sucediendo, en la medida en que se vayan encontrando irregularidades», sostuvo. «La buena administración, la legalidad y el estado de derecho exigen que se dejen sin efecto todas las cosas que se hicieron ilegalmente», insistió. Korzeniak dijo que naturalmente se respetarán los cargos a los que se accedió por carrera administrativa, «pero los de particular confianza es obvio tienen que responder a las nuevas autoridades». *