Un mes signado por desencuentros permanentes con la nueva oposición

Tabaré Vázquez pasó los dos primeros meses del año tejiendo puentes con la oposición para evitar comenzar su mandato con un país dividido y en «guerra fría». Logró la firma de acuerdos programáticos, pero antes de asumir el Partido Colorado ya había abandonado el barco, porque no se respetó el «tres y dos» en la enseñanza.

El día después de la explosión de festejo y esperanza del primero, Julio María Sanguinetti declaraba poco republicano el acto y preguntaba por sus costos. Daniel García Pintos reclamaba la comparecencia del canciller en el Parlamento para responder por Cuba y Venezuela.

Un par de días después, fue por el «tres y dos» en el Banco República que los blancos comenzaron los aprestos para abandonar todos los cargos que la Constitución reserva a la minoría.

El oficialismo dejó traslucir cierta desprolijidad, como el hecho de haber nombrado tres integrantes del directorio del Sodre (que tiene tres integrantes y no cinco) y de haber prometido a los nacionalistas dos cargos en el BROU.

Pero para este balance, pesa que triunfó la línea de Luis Alberto Lacalle y que la oposición va a ser cerrada en los próximos cuatro años y once meses. Hubo declaraciones contrarias hasta la puesta en práctica del seguro de depósitos, que fue votado por todos los partidos.

 

La instalación

Estas situaciones obligaron a marchas y contramarchas y hasta a una ley interpretativa para saber qué se hacía con los cargos que quedaban vacantes. El resultado es que aún no han terminado de asumir los directorios de algunos organismos, como el Banco de Previsión Social, AFE y TVeo.

Era de esperarse que la instalación misma fuera una tarea prioritaria en el primer mes de un gobierno. Cuando Sanguinetti asumió en 1995 los directorios de los entes recién se renovaron medio año después. Jorge Batlle no renovó los órganos de contralor en sus cinco años de gobierno. En ambas ocasiones la falta de votos fue el principal problema.

Comparativamente, la instalación fue rápida, la renovación profunda y en ciertos aspectos con carácter de recomposición del Estado.

No sólo directores de entes y ministerios fueron sustituidos; en algunos casos, como en la Policía, hubo cambios en escalafones inferiores, como en la Inteligencia policial.

En otros casos, como en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se instaló una Comisión interministerial, prevista por la Constitución, que nunca había sido convocada.

Particularmente costosa fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social, que finalmente fue aprobado con votos de la oposición.

En este mismo rubro, de crear los órganos con los que se gobernará, pueden incluirse las convocatorias a los Consejos de Salarios y a una mesa bipartita para funcionarios públicos.

Las vacantes en la ANP y las jefaturas de Policía de Artigas y Rivera demuestran que no todo fue fácil.

Todavía falta establecer una relación entre el Ejecutivo y la bancada oficialista, que sustituya a las reuniones de los lunes de los presidentes anteriores. Rodolfo Nin Novoa anunció que planteará el problema en el Consejo de Ministros.

 

Los hallazgos

Otro rubro informativo previsible en el comienzo de la administración es el de las irregularidades que los jerarcas encontraron en sus reparticiones.

Hay de todo. Algunos folclóricos como la figura de peluquero presidencial, que parece un legado del siglo XIX.

Otras más cercanas a la mala administración, como los 40 automóviles de Presidencia, los 200 coches que jerarcas del Ministerio del Interior usaban como propios, las cinco mil viviendas que el BHU tiene vacías y por cuyo cuidado paga (todos pagamos) unos US$ 3 millones al año.

Otros casos parecen acumulación de decisiones provisorias, como que casi la mitad de los mil funcionarios del Ministerio de Cultura son becarios que trabajan desde hace años «en negro», o que 1.100 funcionarios de Ganadería cobraban sobresueldos en dólares, para no hablar del carnaval escalafonario de Salud Pública.

Hubo sorpresas gravosas, como contratos observados en OSE o juicios casi perdidos contra el INDA o deudas por 11 millones a organismos internacionales donde estamos a punto de perder el voto.

Finalmente, otros casos pueden buenamente ser catalogadas como diferencias de opinión, como los asesores de UTE de cuyos consejos el nuevo Directorio decidió prescindir.

Por ahora, los casos con visos de ilegalidad son los menos, como algunas cajas negras en el ex Ministerio de Deporte y Juventud. De cualquier manera, esta línea de trabajo recién empieza, porque recién se están instrumentando las auditorías generalizadas que Vázquez prometió en la campaña electoral.

 

Cofac y otras crisis

El primer mes de Vázquez fue crispado, no sólo a nivel político, sino por una serie de crisis sectoriales.

Puede mencionarse aquí la decisión de comenzar la rescisión de la concesión de Ruta 1 desde Santiago Vázquez a Libertad, aunque también pudo haber sido mencionada en el apartado anterior.

Parecida situación, pero sobre la que no se han tomado medidas, es el informe técnico negativo de OSE sobre Uragua.

La crisis más grave, sin duda, fue la de Cofac. Esta cooperativa trabajaba con muy poco capital propio desde hacía al menos tres años. La situación irregular comenzó a reventar el miércoles 2 de marzo, con una corrida que siguió en los dos días posteriores.

El gobierno, a medio instalar, actuó con rapidez y salió de ella con algunos fundamentos para el futuro. En primer lugar, el Estado no pondrá más dinero en bancos privados, ni aunque sean cooperativos. En segundo, se reglamentó el seguro de depósito votado luego de la crisis de 2002 pero nunca instrumentado.

Una ley aprobada en un día y el apoyo mayoritario de los socios conseguido en otro día posibilitaron la reapertura de la institución. Quedan por instrumentar algunas reformas prometidas, pero sobre todo queda la preocupación por la solidez del sistema bancario nacional.

Menos sorpresiva fue la crisis energética. UTE alertó hace años que precisaba nuevas centrales térmicas, pero el presidente Batlle apostaba por la instalación de privados que nunca llegaron.

Los acuerdos con Venezuela y las conversaciones con Brasil y Argentina –que tienen sus propios problemas– no brindan una solución inmediata. La extensión de la hora, febriles negociaciones del ministro Jorge Lepra en Argentina, la compra acelerada de centrales de rápido montaje y un plan de restricciones, pueden ayudarnos a pasar el invierno. Pero la sequía sigue y el petróleo bate récords de precio y no nos salvaremos de un impopular pero inminente aumento de tarifas.

Crisis o mejor dicho «estado de emergencia humanitario», se vive en las superpobladas cárceles. El ministro José Díaz ha propuesto desde rehabilitar transitoriamente la cárcel de Miguelete hasta una ley de amnistía para primarios con media pena cumplida.

A pesar del apoyo de los penalistas existe el peligro de que Díaz aparezca más como amigo de los presos que de la seguridad ciudadana. Más grave parece el peligro de motines generalizados como los de marzo de 1985, producto de la ansiosa expectativa de libertades. Una huelga de hambre de un centenar de presos pudo haber sido la chispa.

El costado represor de la cartera se aprecia en una decidida acción contra el contrabando de pasta base por el Río Uruguay y la aprehensión de Rodolfo Auscarriaga, un ex tumán convertido en zar de la droga capturado con 35 kilos de cocaína. El costado humanista en la derogación de las razzias y los desajolos de huelguistas.

Pero la violenci
a no sólo estuvo en las cárceles. Una ejecución en pleno baile desató pocos minutos después –sólo cuando la música se detuvo– una imparable ola de vandalismo en la Aguada. En este caso, Díaz actuó rápidamente clausurando dos locales y logró una salida que pasó por una mesa de diálogo entre todos los interesados, incluyendo a vecinos.

Un alza en las haciendas fue trasladado por los frigoríficos a los carniceros como aumento de un par de pesos por kilo. El ministro José Mujica transformó esto en una crisis, al presentarlo como un ataque personal.

No fue un error de apreciación. Más bien se trató de aprovechar la situación para iniciar una de las transformaciones programáticas prometidas y para no dejar pasar una al sector que probablemente presente mayores resistencias, ya que dispone de una situación de privilegio en el mercado de carnes.

 

Anuncios, acciones y orientaciones

En materia legislativa, obviamente, la cosecha es magra. La buena parte de los ministerios no han firmado ningún decreto ni más resoluciones que los nombramientos. En el Parlamento, el oficialismo no comenzó a tratar un paquete de leyes a las que había acordado dar prioridad.

Esto no habla de inacción, sin embargo. Repasando la prensa puede pensarse que hubo excesos de declaraciones y anuncios, un par de contradicciones y otras tantas retractaciones. Una mirada más atenta puede ver que varios ministerios han comenzado a moverse para concretar sus principales objetivos programáticos.

El más notorio es Danilo Astori, que ha tenido tiempo para evaluar una emisión de US$ 500 millones, en que la principal novedad es que Uruguay puede volver a salir al mercado internacional. Pero además, anunció la instalación de una comisión para revisar la reforma impositiva, parte el lunes para su primera negociación con el FMI y anunció la venta del Nuevo Banco Comercial.

Además, el nuevo Directorio del Banco Central ha emitido US$ 91,4 millones en sus primeros trece días para mantener la caja y el subsecretario, Mario Bergara, viajó a los EEUU para promocionar los nuevos bonos. Pero el equipo económico ha dado señales abundantes a múltiples actores, comenzando con la Universidad y los demás ministerios, de que no se va a abrir la canilla porque la prioridad es la producción.

Marina Arismendi, que hasta esta semana continuaba funcionando en el Hotel Presidente, tiene a punto el Plan de Emergencia.

María Julia Muñoz ha lanzado el teléfono 0800 para solicitar servicios de salud. Parece poco, pero es un paso en el camino de la coordinación de los servicios de salud, uno de los objetivos de la cartera. Otro es el ordenamiento del propio Ministerio.

Los Consejos de Salarios y la constitución de una comisión sobre inspecciones, también marcan la línea trazada por Eduardo Bonomi en el Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Turismo de Héctor Lescano lanzó la consigna «venga a conocer el nuevo Uruguay», que parece haber tenido éxito en esta semana.

En materia de Defensa, algunas de las transformaciones más técnicas recién se están estudiando. Azucena Berrutti sabe que allí hay problemas de «estado del alma». Algunas heridas están cicatrizadas, aunque sea por relevo generacional, pero no hay que arrancar la cascarita. La seriedad en el manejo de las excavaciones en dos cuarteles será la piedra de toque.

La presencia de ex tupamaros brindando en el aniversario de la Fuerza Aérea compensa con la derogación de los actos oficiales del 14 de abril.

Para la opinión pública, estas investigaciones son tan significativas como el traslado de los hermanos Peirano a «La Isla» de castigo del Penal de Libertad. Ambas medidas fueron dispuestas con firmeza por el propio Tabaré Vázquez. Dos piezas del nuevo gobierno cobrarán sin duda especial relevancia: el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, mano derecha de Vázquez, quien sobre sus hombros carga con todo el peso de la política relativa a los detenidos desaparecidos, y Marina Arismendi, con la articulación del Plan de Emergencia. *