"El gobierno exigirá defender los derechos de los trabajadores, de manera que no exista explotación"

-Es evidente que la Dinatra, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es un área prioritaria, teniendo en cuenta que oficia de mediadora en los conflictos entre trabajadores y empresarios. ¿Cómo piensa aggiornarla?

-A través de distintas herramientas que estamos creando desde el Ministerio -Consejos de Salarios privados y públicos, Consejo de Salarios para los trabajadores rurales- y que son de interés del Gobierno, para tener una relación laboral que permita en este país que las dos partes sientan que están amparadas. Que los acuerdos y convenios de los trabajadores se respeten. Que la situación esté regulada, que todo funcione tranquilamente y que logremos que en este país también pueda existir la seguridad de una determinada paz; que no se interrumpan los trabajos y se pueda cumplir con los compromisos. En definitiva, que el país pueda ampliar sus exportaciones y que los empresarios logren mayores inversiones que permitan la creación de fuentes de trabajo. Esto redundará en el crecimiento del país. Ese es un objetivo, porque estamos en una sociedad de mercado; en una sociedad capitalista. Entonces vamos a tratar que este capitalismo sea el mejor. Por supuesto que mis objetivos ideológicos son otros. Pero mi función como director en la Dinatra es lograr que en este país haya cierta paz que le dé tranquilidad a los trabajadores. Que a fin de mes cobren en tiempo y forma su sueldo; que tengan un salario digno y que se respete la normativa existente. Vamos a cortar las tremendas injusticias sociales que han existido, para emparejar esta sociedad.

-¿Cómo cree que el empresariado tomará estos anuncios? Desde hace quince años no hay negociación colectiva.

-Hay una emergencia social y tenemos que crear fuentes de trabajo. Pretendemos además aumentar la producción y, a través de ésta, sacar adelante este país. Hay que incrementar las exportaciones, el producto bruto interno y el ingreso de divisas al país. De esta forma llegaremos a mejorar la situación de los uruguayos. Pero esto vamos a hacerlo dentro de la justicia social, respetando los derechos de los trabajadores. Para llegar a esta aspiración, también tenemos que tener empresas que estén tranquilas. Que sepan que puedan tener compromisos internacionales, de exportación de sus productos, sabiendo que los van a poder cumplir.

 

Seguridad para ambas partes

-La desregulación laboral -pago de salarios fuera de fecha, aguinaldos y salarios vacacionales no respetados- ha sido moneda corriente en estos últimos tres lustros. ¿Es consciente de que lo aguarda una andanada de denuncias y juicios laborales?

-Nosotros pretendemos regular, que hayan normas. Estamos hablando de que queremos tener esa tranquilidad de funcionamiento en ambas partes, la seguridad del trabajo para el asalariado y el empresario. Por lo tanto, debe haber normas que regulen la actividad. Es decir, lo contrario de lo que ha venido sucediendo: un atropello casi en estampida de todos los derechos y regulaciones de la actividad laboral. En algunos lados fue más, en otros menos, dependiendo de la fuerza que pudiera tener el sindicato para oponerse a esas situaciones. Hay empresarios que se han sacado la responsabilidad más absoluta con respecto a los contratos con sus trabajadores. Se ha dado muy comúnmente en el área rural. Eso es inaceptable. ¿Qué pretensiones tenemos? Nosotros pretendemos que si una empresa quiere tercerizar que lo haga. Pero el trabajador de esa empresa deberá percibir lo que se laude. Pongamos un ejemplo: si la empresa quiere tener un empleado que haga la limpieza le va a pagar el sueldo. Y si va a contratar una empresa para realizar tareas de limpieza, esa empresa tiene que pagar el mismo salario que está regulado.

-La tercerización se ha convertido en una de las nuevas formas de trabajo.

–Claro, pero nosotros no peleamos contra la tercerización. Lo que no podemos aceptar es que el resultado de la misma sea, por ejemplo, un desconocimiento del laudo para el sector. Le pongo un ejemplo: a este Ministerio le cuesta lo mismo tener empleados limpiadores que pagarle a una empresa que provea el servicio. Y resulta que ésta le paga nueve pesos la hora a los limpiadores. Esto no puede ser, tiene que regularse. Momentáneamente, a una empresa le puede servir tercerizar ciertas áreas, pero eso no lo va a pagar el trabajador, que es lo que ha venido ocurriendo. No estamos en contra de empresas proveedoras de mano de obra, creemos que en toda sociedad es un servicio que tiene que existir. Lo que no podemos admitir es lo que ha sucedido. A caballo de la crisis y la desocupación, aparecieron todas estas cosas. Si vos no tenés como ganarte el pan para llevar a tu casa, agarrás cualquier cosa. Y se han aprovechado de esa situación. El gobierno va a tratar de regular todo este tipo de cosas, que creemos que es un acto de justicia social. Eso, sin considerar que a través de los subcontratistas las empresas se liberan de un montón de obligaciones sociales, como accidentes de trabajo, por ejemplo. O va haber subcontratistas que van a tener que tener un respaldo económico, para cubrir ese tipo de cosas, o si no, el dueño del capital no podrá liberarse de sus responsabilidades.

 

En busca del equilibrio

-¿Cuál podrá ser la reacción del empresariado ante estos cambios? Supongo que, inevitablemente, van a surgir enfrentamientos.

-Yo provengo de la actividad privada, por lo tanto puedo imaginar que el empresario siempre tiene una actitud muy pragmática. Si un producto lo puede vender a cien pesos, lo venderá a ese precio, aunque le haya costado veinte pesos. Si no lo puede vender a cien, lo hará a ochenta o a treinta. Pero si lo puede vender a cien, lo hará a ese valor. Esa es la mentalidad pragmática del empresario. Entonces, si el gobierno, o las leyes del país, le permiten al empresario sacar mayor provecho del relacionamiento con sus trabajadores, lo va a utilizar. Ahora, si el Estado, que es el gran regulador de toda la situación, exige, en un acto de justicia, defender los derechos de los trabajadores, de forma tal que no exista un nivel de explotación, el empresario lo va a tener que aceptar. El Gobierno va a tener que mostrar al empresario que su actividad le sea rentable, para que éste se sienta confiado e invierta al máximo posible para el desarrollo de su empresa y de su producción.

-¿Es optimista en cuanto al equilibrio gobierno, sindicatos y empresarios?

-Lo tenemos que lograr. Muchos países lo han hecho. Además, es la base del desarrollo y crecimiento de un país. Le vuelvo a repetir, tengo una ideología de luchar por el socialismo, pero tengo bien claro que estoy en un país capitalista. No pretendo cambiarlo a las patadas, pues es una decisión que llegará a su debido momento, a través de la conciencia mayoritaria del pueblo. Hay que darse cuenta de que el trabajo genuino, respetado y digno, redunda en el desarrollo de las empresas. No tiene por qué ser antagónico. Tenemos en claro que el crecimiento de un país pasa por el desarrollo empresarial. El que arriesga su capital tiene que sentir que le rinde, para que se atreva a invertir más, con mejor tecnología y mayor producción, y el país esté en condiciones de exportar, aumentar el producto interno de los uruguayos y, por lo tanto, tener un crecimiento de la economía nacional. Todo esto en un marco de justicia social, donde no haya sectores de la sociedad absolutamente explotadas. Hoy tenemos un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. Esto es absolutamente inaceptable. Tenemos que revertirlo.

 

Inspecciones y normas

-¿Cuántas denuncias recibe mensualmente la Dinatra?

-En este momento no le puedo dar una estadística. Evide
ntemente, como existe una situación reconocida por todos, de un gran nivel de injusticia social y laboral, hay muchos litigios. En la medida que haya justicia en el relacionamiento laboral, cada vez va a haber menos litigios. Hoy existe la misma cantidad de litigios que existió durante estos últimos años. Al mismo tiempo, puedo decirle que cada conflicto que se nos presenta lo hemos solucionado relativamente bien, sin haber cambiado nada todavía. El marco de regulación laboral es el mismo. Lo que ocurre es que hay, de las partes, una expectativa hacia el mensaje que ha dado el gobierno. Los trabajadores tienen, entonces, una confianza depositada en este Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso les permite reclamar sus derechos y, al mismo tiempo, tener comprensión en cuanto a los planteos que les pide esta cartera de Estado, para no profundizar la guerra entre las partes.

-¿Y hay comprensión de parte de los empresarios?

-En estos pocos días de funcionamiento del gobierno hemos constatado actitudes que podría catalogarlas como gestos positivos. El empresariado dice «me bajo de este caballito, no voy a una guerra santa». Esto ha significado la solución de los conflictos en los que hemos intervenido. Se solucionó el tema de la pesca, que desde hace dos meses estaba paralizado. Lo que significó, que miles de trabajadores que no estaban en los barcos sino que realizan tareas en planta, como fileteros, empaquetadores o transportistas, estuvieran paralizados durante más de dos meses. Un tema grave, además, porque es una actividad que permite unos 50 millones de dólares anuales de ingreso al país. El conflicto era entre la cámara de armadores de los barcos y los tripulantes. Ambas partes se comprometieron a tener una negociación colectiva para solucionar un convenio que rija la actividad. El 2 de marzo, el primer día que nosotros entramos a este Ministerio, a las doce menos diez de la noche firmamos la solución de ese conflicto.

Esto es un ejemplo de lo que le decía. Los armadores y trabajadores tuvieron confianza en el nuevo gobierno. Lo mismo pasó con Curtifrance. La empresa había planteado despidos ante la formación del sindicato de los trabajadores. Para nosotros, fue una situación muy preocupante porque se estaba ante una posible persecución sindical. Y sabemos que en este país, la Constitución de la República ampara a los trabajadores a tener su organización sindical. Finalmente hubo un gesto de la patronal, rebobinó y, en este momento, no hay conflicto.

-Muchas veces, los gremios se quejan que la Dinatra no tiene las suficientes potestades, a la hora de intervenir en los conflictos.

–Existe una cantidad de leyes y decretos que regulan la actividad. En base a eso, los mediadores tienen un marco de trabajo hacia la búsqueda de soluciones. Nosotros no podemos obligar a las partes a acordar, pero sí podemos obligarlas a negociar. De todas formas, creemos que debe haber cambios, a través de una nueva normativa, que den herramientas a los mediadores y a este Ministerio, para encontrar una relación laboral que dé cierta seguridad a ambas partes. Ese es el objetivo en el que estamos.

-¿Cómo serán las tareas en conjunto con la Inspección General del Trabajo?

-La Inspección General es una herramienta importante de este Ministerio, para hacer cumplir al empresariado las normas existentes. En este sentido, pensamos que su labor va a ser fundamental.

-¿Cuánto personal trabaja como mediador en el organismo?

-En estos momentos debemos contar con unas treinta personas.

-¿Son suficientes?

-No, sobre todo teniendo en cuenta el comienzo de los Consejos de Salarios.

A esos efectos, se ha realizado un llamado a través de la prensa para tomar nuevos negociadores. En total, se estaría tomando unas cuarenta personas. Si van a ser suficientes, o no, lo veremos sobre la marcha. *