Juez levantó medidas cautelares de "no innovar" en Batallones 13 y 14

De este modo, dio lugar así a una solicitud del Poder Ejecutivo que decidió investigar, por la vía administrativa, el destino de los detenidos desaparecidos en todas las unidades militares, en cumplimiento del cometido del artículo 4º de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Las medidas cautelares, que prohibían toda «innovación» en los batallones 13 y 14, habían sido pedidas por la fiscal en lo Penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, para preservar eventuales pruebas que pudieran comprobar la denunciada existencia de enterramientos clandestinos de los detenidos ejecutados, o muertos bajo tortura.

La resolución del juez aún no fue notificada al Poder Ejecutivo. En la jornada de hoy, el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández se reuniría con el equipo de antropólogos que estudió los predios militares.

Las intervenciones en las unidades se producirían «después de la Semana de Turismo», según confiaron a LA REPUBLICA fuentes del Edificio Libertad.

Los batallones 13 y 14 fueron indicados por reiterados testimonios de presos sobrevivientes como centros clandestinos de detención, tortura y asesinato utilizados durante la dictadura civil y militar. Varios testigos afirman también que ambos predios fueron usados como cementerios clandestinos, aunque algunas versiones indican que los cadáveres habrían sido removidos al final de la dictadura.

Para preservar las pruebas de los cementerios clandestinos, o bien de las posteriores remociones de tierras para ocultar los cadáveres en otro lugar, es que la fiscal Guianze había solicitado a la Justicia Penal que prohibiera toda innovación hasta tanto ambos predios pudieran ser investigados por varios profesionales universitarios.

Un equipo multidisciplinario de especialistas ya indentificó cinco sitios de interés arqueológico para comenzar en un futuro próximo con las correspondientes excavaciones en el Batallón 13, al tiempo que un estudio similar se viene desarrollando en el Batallón 14.

Los profesionales se basaron en un análisis comparativo de fotos aéreas de los predios militares que fueron tomadas en distintas fechas. Cambios en la flora terrestre y la composición superficial de los suelos ya revelaron que hubo varias remociones de tierras.

Las excavaciones podrán determinar las características de las remociones y, eventualmente, hallar evidencia de la denunciada existencia de los cementerios clandestinos. No se descarta que las investigaciones en el lugar permitan encontrar restos de cuerpos.

La intención del Poder Ejecutivo de iniciar una investigación por la vía administrativa para esclarecer el destino de los desaparecidos en las unidades militares, fue anunciada por el presidente Tabaré Vázquez durante un discurso tras asumir el mando el 1º de marzo.

El anuncio de Vázquez fue ovacionado por millares de uruguayos que acompañaron su alocución desde las escalinatas de la sede del Poder Legislativo. La intención, anunciada por Vázquez en nombre de todo el Poder Ejecutivo, fue apoyada por toda la sociedad civil.

Semanas después, altos jerarcas de la Fuerzas Armadas Uruguayas apoyaron de manera explícita la voluntad del gobierno, mediante declaraciones públicas a distintos medios de comunicación social, por entender que la medida conducirá a la pacificación nacional.

Un asunto en trámite

Las dos medidas cautelares, que ayer levantó el juez Fernández Lecchini, están contenidas en un grueso expediente que continúa a consideración de los ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno, por una controversia con la fiscal Guianze.

La representante del Ministerio Público y Fiscal había apelado una sentencia del magistrado del Poder Judicial, quien se había negado a relevar del secreto administrativo a integrantes de la Comisión para la Paz que supieran de los enterramientos y las remociones.

En consecuencia, Fernández Lecchini planteó en los considerandos de su resolución de ayer que «es necesario abordar el tema de la jurisprudencia de la sede (el Juzgado a su cargo) para resolver el asunto», y resolvió que su sentencia fuera al tribunal de alzada para que «el superior procesal tome conocimiento de lo actuado».

A la vez, el juez dispuso «la presencia de las partes, si lo entienden pertinente, y del doctor Horacio Solla, así como el proveyente (él mismo), a cuyos efectos se solicitará al Poder Ejecutivo que realice las coordinaciones para permitir el acceso». Solla es médico del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial, y las «partes» en la causa son la fiscal Guianze y el doctor Carlos Curbelo Tammaro, defensor del canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, quien ya fuera procesado por el «homicidio» de la maestra Elena Quinteros. Se estima, según testimonios, que Quinteros habría sido ejecutada y luego enterrada en predios de alguno de los batallones 13 o 14, y que su cuerpo habría sido luego removido con destino incierto. Fernández Lecchini agregó en su resolución «que tiene dicho la jurisprudencia que a resultas del recurso de apelación» de la fiscal Guianze «se produce el efecto devolutivo por el cual el a quo», (el juez), «entrega la jurisdicción que pasa al ad quem» (el tribunal).

Añadió «que en los autos principales, el mismo tribunal de alzada sostuvo que, en tanto se estaba dilucidando el tema del cambio de tipificación del titular de la causa, en la sede a quo no podía diligenciarse prueba que tenía directa relación con el cambio de la tipificidad. Por lo cual las diligencias probatorias fueron anuladas», recordó en aparente alusión a los actos del juez Alejandro Recarey.

«En la especie», continuó el juez, «lo que se está discutiendo en alzada es la procedencia de relevar a los integrantes de la Comisión para la Paz del secreto administrativo. Esa es una cuestión incidental».

«Lo que plantea en este momento esta sede a quo», indicó, «es el levantamiento de la medida cautelar sobre el Batallón 13 a los efectos de poder actuar una decisión política del Poder Ejecutivo». «Cree el oficio», añadió el magistrado judicial, «que se puede decidir sobre esta cuestión porque es distinta de la que está sometida al tribunal de alzada. Es otra cuestión incidental».

«Se decidirá pues sobre el levantamiento de la medida cautelar» en lo que respecta al batallón 13, donde más se sospecha que estuvo enterrada la maestra Elena Quinteros, y donde la prohibición de «no innovar» fue dispuesta en el marco del expediente contra Juan Carlos Blanco. «Las actividades que pretende hacer el Poder Ejecutivo son positivas para la causa, y así lo han entendido las partes», remarcó el magistrado en su sexto considerando.

Adelantó, por último, que «se dispondrá la presencia de la partes en el sitio y el lugar de las excavaciones, si así lo desean. También del doctor Horacio Solla. A los efectos de controlar el desarrollo de una actividad que en el futuro puede dar lugar a solicitud de informes de la sede del Ministerio de Defensa Nacional en lo que tiene relación con esta causa», (la de Juan Carlos Blanco por el «homicidio» de Quinteros, «se solicitará al Poder Ejecutivo que otorgue acreditaciones para que los mencionados y el proveyente puedan estar presentes». *