Dos legisladores confirmaron fundamentos de la denuncia contra tres asesores del BCU

El actual diputado reelecto y futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el también reelecto diputado de Alianza Nacional Julio Cardozo «confirmaron» ayer ante el juez penal Luis Charles «los fundamentos» de la denuncia presentada por casi 300 ex ahorristas del Banco de Montevideo contra tres de los asesores de los directores del Banco Central del Uruguay (BCU).

Los tres asesores del Directorio el BCU, -los abogados Augusto Durán Martínez, Carlos Balsa y Tomás Brause-, quienes conforman la comisión que fuera creada por el artículo 31 de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario Nº 17.613, reconocieron la condición de ahorristas del Banco de Montevideo a 17 personas, en perjuicio de las otras 1.200 que reclamaban el mismo derecho.

Entre los 17 beneficiados se encuentran tres ex funcionarios del banco del grupo económico del clan Peirano, además de algunos de sus familiares directos.

Los ex funcionarios ejercían como oficiales de cuenta que ofrecieron depósitos a plazos fijos a los ahorristas cuyos fondos fueron desviados al Trade & Commerce Bank (TCB).

Las declaraciones de Rossi y Cardozo confirmaron a la vez que los abogados denunciados «mintieron» al Poder Legislativo cuando anunciaron los criterios que se aplicarían para reconocer o no la calidad de ahorristas a los depositantes damnificados por el desvío de sus fondos hacia cuentas de la financiera en las Islas Caimán.

Todos los ahorristas damnificados reclamaron ser reconocidos en su condición de tales con los mismos argumentos. Sin embargo, sólo esos 17 fueron beneficiados por los asesores por motivos que los denunciantes ahora piden que la Justicia Penal investigue. Ambos legisladores, citados ayer en calidad de testigos, prestaron testimonio en base a los elementos recabados por la comisión parlamentaria que investigó el denunciado desvío de fondos.

Para las 9.00 horas de hoy está prevista la comparecencia, también como testigo, del futuro embajador en Francia Héctor Gros Espiell, y luego la de otros tres ahorristas también damnificados, quienes, según trascendió, tendrían conocimiento directo de las irregularidades atribuidas a los asesores del Directorio del BCU.

No se descarta que las eventuales responsabilidades penales de los tres asesores pudiera recaer también sobre los propios directores del banco estatal, quienes «avalaron y ratificaron» las resoluciones adoptadas por los abogados de la comisión asesora del Directorio. *

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