Autorizan compra de viviendas para oficiales de la Armada con traspaso "ilegal" de rubros

Se trata de un contrato de crédito de uso (leasing) de 80 unidades de propiedad horizontal del edificio ubicado en Avenida del Libertador y Asunción. El monto total de la operación ronda los 3,3 millones de dólares a pagar en UR durante diez años. El complejo habitacional se compone de cuatro torres (ver fotografía).

El contrato afecta para su financiamiento rubros utilizados para otros fines como la «adquisición, construcción, reparación y equipamiento de unidades navales terrestres», aspecto que fue intensamente debatido en el Parlamento.

Para la izquierda, esa trasposición de partidas es ilegal.

El caso ya había tomado estado parlamentario el año pasado a partir de una denuncia de los senadores José Korzeniak y Eleuterio Fernández Huidobro. El propio ministro de Defensa, Yamandú Fau, debió dar explicaciones sobre la trasposición de rubros en la Comisión de Defensa del Senado. El caso dio lugar a un intenso debate.

El miércoles, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) aprobó «sin observaciones» el contrato. Empero, según fuentes del organismo, ningún ministro se percató del rubro que se había afectado para su financiamiento. Una fuente del organismo aseguró que esa información había sido «omitida». El informante no descartó que el TCR vuelva a tratar el tema en su próxima sesión. «Lo que hizo el Ministerio de Defensa fue un disparate», concluyó la fuente.

En su momento, el proyecto generó cierta inquietud a nivel de la cúpula de la Armada. Al punto tal que dos almirantes dudaron de la legalidad de la operación y no firmaron ese traspaso de rubros, según confiaron a LA REPUBLICA fuentes castrenses. Otro informante manifestó que la adquisición de viviendas fue una «decisión política» adoptada poco antes de las elecciones nacionales y que tenía por objeto «evitar que la oficialidad se volcara, como lo estaba haciendo, hacia la izquierda, ya que eso tendría un efecto multiplicador en el personal subalterno».

«Fue así que se estudió que lo que más afectaba al personal superior era la falta de vivienda, ya que el tema salarial no se podía tocar», agregó la fuente.

El boletín interno de la Armada «Esa Proa», dirigido a los oficiales, informaba en abril de 2004 sobre el proyecto y lo «avanzadas» que estaban las «gestiones con el BHU». También daba cuenta de que el edificio se «conseguiría a precios y financiación accesibles para nuestra Institución y por tanto costeado con rubros propios».

Según la resolución, el gasto consiste en 43.821.5 unidades reajustables, correspondientes al ejercicio 2004, y diez cuotas anuales, iguales y consecutivas de 32.691.6 cada una, venciendo la primera en el año 2005. *