Cordero deberá tramitar en persona asilo en Brasil: fue citado para el 28

Para el 28 de febrero, a las 14.00 horas, está citado por la Policía Federal, el coronel (r) Manuel Juan Cordero Piacentini, a los efectos de formalizar la solicitud de asilo político, presentada en las últimas horas del día lunes 14. En un trámite cuya demora se ajustará a las declaraciones del propio Cordero, el Delegado de la Policía Federal en Santana do Livramento, José Dinarte Silveira, recibirá al militar prófugo de la Justicia, el que deberá responder a las preguntas de rigor para el trámite solicitado.

Cordero, prófugo desde agosto de la Justicia uruguaya que lo procura por desacato y apología de la tortura (en declaraciones de prensa realizada dos años atrás), elevó el pedido a través de su abogado Julio Favero, y «por eso no puede ser considerado, porque debe hacerlo personalmente», dijo Dinarte. Favero replicó que Cordero no pudo cumplir el trámite personalmente en la comisaría porque «está de viaje».

Casado con una brasileña, el ex militar estaría en Brasil desde hace meses, según reveló días atrás la agencia noticiosa brasileña Estado, y al ingresar al país declaró como dirección la casa de su cuñado en Santana do Livramento.

Sin embargo, residiría en Sao Paulo, según varias versiones.

El coronel retirado, que desapareció de su residencia en Montevideo en agosto cuando debía declarar por la acusación de desacato, alegó en el escrito presentado en Santana do Livramento, ciudad limítrofe con Uruguay, que en su país es víctima frecuente de hostilidades.

El escrito presentado por el abogado del ex militar, el doctor Julio Martín Favero, consta de 13 puntos que fundamentan su solicitud.

En el mismo indica la «persecución» a la que dice verse sometido Cordero, habiendo recibido pedreas en su casa, lo que lo obligó a mudarse a un balneario, donde fue ubicado y molestado hasta el punto de haber envenenado a un perro de su propiedad.

Además acusa a personalidades del nuevo gobierno, quienes, según alegó el abogado del ex militar, a poco del resultado electoral comenzaron con una campaña en su contra.

Luego de realizar el trámite previsto para el 28 de febrero, donde puede concurrir con su abogado defensor, Cordero, acusado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1973-1985), podría recibir 90 días de gracia del gobierno hasta que el Conare (Consejo Nacional de Refugiados), con sede en Brasilia, resuelva al respecto.

Paralelamente y mientras esto se resuelva, Cordero, tal cual lo adelantó LA REPUBLICA en anteriores ediciones, deberá resolver sobre su permiso de permanencia, que es transitorio, y vence el día 20 de marzo.

Al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de una solicitud de detención y posterior extradición por parte de Interpol, el Delegado Silveira manifestó que no había recibido ninguna solicitud de ese tipo, pero aclaró que de hacerse oficial la misma, el coronel (r) Cordero será detenido y encarcelado hasta que la Justicia de ese país decida sobre su extradición.

Ante la posibilidad de una manifestación de grupos de izquierda para el día 28, el titular de la Policía Federal en Santana do Livramento informó que no había tomado ninguna decisión al respecto, pero que seguramente va a reforzar la guardia para garantizar la seguridad de quien realiza el trámite, así como también el normal funcionamiento de la repartición.

Cordero ha sido reconocido por víctimas de la dictadura como uno de los principales responsables, junto a otros militares retirados, de torturas, secuestros y otras violaciones de los derechos humanos en el gobierno militar en Uruguay. Además es procurado por la Justicia argentina, que en 2001 elevó un pedido de extradición a Uruguay que finalmente no fue atendido, como uno de los participantes en Buenos Aires del Plan Cóndor, que coordinó acciones entre las dictaduras militares de los años 70 en el Cono Sur sudamericano.

El prófugo ha sido acusado de integrar el grupo que secuestró y asesinó a los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires en 1976, luego que ambos debieran exiliarse tras el golpe de Estado en su país.

Según la investigación judicial efectuada en Argentina, el comando que secuestró a ambos estaba integrado por represores argentinos y uruguayos. *