Principales lineamientos del entendimiento partidario

La rúbrica formal en la víspera del documento de acuerdo entre el gobierno electo y los representantes de la oposición (Partido Nacional, Partido Colorado, y Partido Independiente) en lo referente al Area Económica, la Política Exterior, y la Educación, no hace más que ratificar la «luna de miel» del nuevo período político que comenzó a gestarse a partir del 31 de octubre, que tuvo un hito muy importante en la integración de las Cámaras el 15 de febrero, y que alcanzará su máxima expresión en la asunción de Tabaré Vázquez el 1º de marzo.

Como hecho novedoso, en ningún momento se consigna al Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría como fuerza política.

El documento se titula: «Acta de Entendimiento Partidario en el Area Económica», «Resultados del Diálogo Político en Materia de Política Exterior» y «Resultados del Diálogo Político en Materia de Educación».

Ante la prensa, firmaron el documento Tabaré Vázquez (presidente electo), Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Jorge Larrañaga (Partido Nacional), y Pablo Mieres (Partido Independiente).

También aparece el nombre de todos los participantes en los grupos de trabajo.

Area económica

Se promueve un «ritmo relativamente alto y sostenido de crecimiento de la producción, un mayor volumen y una mejor calidad de empleo, y una transformación profunda y positiva en la calidad de vida de la mayoría de la población uruguaya, con especial referencia a sus sectores más débiles y desprotegidos».

Asimismo se impulsarán «cambios estructurales» en «el ámbito productivo, el sistema financiero, el Estado, el sistema tributario, la inserción económica internacional y el área de la innovación y el progreso científico y tecnológico».

Se aboga por «profundizar el proceso de transformaciones de fondo en el sistema financiero, apuntando a la conformación de un mercado de capitales en moneda nacional a mediano y a largo plazo, la consecuente reducción de la dolarización de nuestra economía»».

Sostiene la necesidad de impulsar una reforma tributaria, «coherente con una reducción de la presión impositiva actual y el consiguiente estímulo a la inversión productiva», llevando a cabo «crecientes niveles de coordinación entre todas las agencias recaudadoras del Estado».

Por otra parte, los instrumentos compatibilizarán «la atención a las urgencias sociales que hoy presenta el país, con las restricciones derivadas de su alto nivel de endeudamiento».

«También estamos de acuerdo en el respeto al canje de deuda pública con tenedores de bono efectuado en 2003 y en una negociación con los organismos financieros multilaterales que procure mejorar las condiciones para el país, al tiempo que cuida el activo constituido por la conducta cumplidora del Uruguay», agregan.

Por otra parte, «apoyamos el mantenimiento del régimen actual de política monetaria, aprovechando la flexibilidad que ofrece para ir progresando hacia la definición de metas de inflación como criterio rector».

Política exterior

Los firmantes manifestaron «su adhesión a los principios del Derecho Internacional y destacaron el pleno respeto a la soberanía de los Estados, la defensa y promoción de los DDHH, la solución pacífica de controversias, el principio de no intervención, la autodeterminación de los pueblos, el universalismo en las relaciones internacionales y la defensa y promoción de la Democracia, habiéndose hecho referencia expresa a la Carta Democrática Interamericana».

Sobre el Mercosur, se destaca el compromiso con el bloque «y el carácter prioritario del proceso de integración como proyecto político estratégico en la agenda internacional».

Se mantuvo «un intercambio útil de opiniones sobre la reciente creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el entendido de que todo Proyecto de integración realista y beneficioso para el Uruguay y sus vecinos deberá contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas».

Educación

En materia de Educación, «se resalta la coincidencia sobre el concepto de la educación como Derecho Humano, y al mismo tiempo como construcción de ciudadanía en el marco de valores y principios que hacen a las bases fundamentales de la nacionalidad. En ellos se reconoce el principio histórico en su sentido más amplio y profundo».

«Se reconoce que la equidad, la calidad y la pertinencia del sistema educativo son objetivos prioritarios debiendo afirmarse el papel integrador social inherente a la educación y la cultura», promoviendo «un Sistema Educativo Nacional coordinado».

También es reconocido «el papel que la educación privada tiene en los distintos niveles».

La Comisión Coordinadora de la Educación fue identificada «como un instrumento idóneo para promover una adecuada coordinación y complementación entre los distintos componentes de la educación en el país, y en ese contexto se ubicaron las referencias a las asignaciones presupuestales en materia educativa y la vinculación del sistema educativo con el Plan de Emergencia que impulsará el gobierno electo, sin perjuicio del debido respeto a las autonomías que corresponden por derecho». *