Contratos en la mira del gobierno electo

Con la intención de aplicar criterios de eficiencia e idoneidad técnica, la futura administración manifestó su disposición a revisar «caso a caso» los miles de contratos de obra y arrendamiento de servicios que pululan en la administración pública. Empero, lo que requiere el gobierno electo es «tiempo» para hacer un «verdadero análisis de pertinencia» de estas situaciones, indicaron a LA REPUBLICA fuentes del futuro equipo económico. «Este es un asunto que no es para el 2 de marzo, a su tiempo lo analizaremos con pertinencia», argumentó el viernes a la salida del Hotel Presidente, el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Viera.

Si bien la información que llega es «fluida» los informantes destacaron que es necesario «decodificar una cantidad de datos que aún no resultan claros para los que recién llegan».

La estructura estatal, agregó una fuente, «está plagada de compensaciones discrecionales, y que han generado una distorsión en lo que es retribuciones y lo que es la carrera funcional». Los cambios se procesarán a partir de la reforma del Estado, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

«Los resultados no se verán de forma inmediata e insumirá los primeros meses del nuevo gobierno con la seriedad correspondiente», indicó la fuente. «El tema es importante, quizás no pueda resolverse con rapidez, porque hay una gran distorsión», explicó el informante.

Voceros del gobierno electo aseveraron que los cambios son «necesarios» ya que, además de ineficiencia, conllevan una pesada carga para el erario público.

Una fuente se mostró sorprendida por el «hallazgo» en una importante área del Estado de una estructura «formal», compuesta por unos 150 funcionarios públicos presupuestados «y al costado una estructura paralela que se compone de funcionarios contratados, más que 150, y con niveles superiores de remuneración».

Por otro lado, se encontró otra dependencia estatal cuya existencia está prevista por la ley, que funciona únicamente con funcionarios contratados. «Habrá que revisar todo esto», indicó la fuente.

El Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría aún no tiene la cifra de los contratos de obra que estarán vigentes en marzo, pero se estima que son varios miles diseminados en toda la administración pública.

Con miras a instrumentar una regulación general de los contratos de obra, Viera señaló a la salida del Hotel Presidente, que se analizará el número de contratos para estimar cuáles son realmente necesarios, dentro de los «miles» existentes a la fecha. Esta tarea se realiza en el marco de un plan general que busca como objetivo principal, «establecer un cambio en las relaciones entre el Estado y sus funcionarios».

Durante la campaña política pasada del FA-EP-NM se trató con insistencia el tema vinculado al «despilfarro» del dinero en estos contratos, poniéndose en tela de juicios la utilidad de los mismos. *