Juez Vomero desarchivó expediente por "los mártires de la Seccional 20"

El expediente penal instruido por el asesinato el 17 de abril de 1972 de ocho militantes de la Seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, perpetrado por fuerzas militares y policiales durante el mandato presidencial de Juan María Bordaberry, fue desarchivado por el juez Rolando Vomero para que esté a disposición de familiares de las víctimas, quienes disponen de nuevos elementos de prueba para lograr una segunda reapertura de la causa, ya archivada dos veces por el fiscal Enrique Moller.

Entre ayer y hoy, los familiares de las víctimas acribilladas a balazos y puntazos de bayonetas y sus representantes legales sacarán fotocopias del grueso expediente para comenzar a preparar la presentación de un nuevo escrito con nuevo elementos probatorios que, según estima, permitirá reabrir las indagatorias.

En el expediente ya prestaron testimonio como testigos algunos sobrevivientes de la masacre, así como numerosos vecinos que presenciaron cómo los muertos fueron heridos sobre la una de la madrugada y quedaron desangrándose en la calle hasta las seis de mañana sin recibir ningún tipo de asistencia médica.

También prestaron declaración varios policías y militares que participaron del operativo represivo, así como el entonces presidente Bordaberry, quien compareció al Juzgado acompañado de todos sus hijos varones, incluido el actual ministro de Turismo, Pedro Bordaberry.

No obstante, jamás prestó testimonio más de una treintena de policías y militares que fueron citados por el juez, ya que los ministerios de Defensa e Interior se negaron a cursar las citaciones argumentando que las acciones de los efectivos están amparadas por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Sin embargo, el argumento del Poder Ejecutivo fue rebatido por los denunciantes, en virtud que los hechos ocurrieron antes que comenzara la dictadura civil y militar, que se inició con la disolución de las cámaras legislativas el 27 de junio de 1973, período que sí está amparado por la llamada Ley de Impunidad. *