Debate en Canelones por los funcionarios ñoquis

Con las barras ocupadas por funcionarios traídos desde todo el departamento por varios dirigentes foristas, la sesión fué cobrando «temperatura» hasta que se escucharon diversas acusaciones hacia los jerarcas de la IMC.

El debate generado fué particularmente fuerte y al grito de «corruptos y ladrones», varios ediles encuentristas señalaban a la bancada oficialista, ante la atónita mirada de los presentes.

«Esa idea de Tabaré Hackenbruch no solo viola la Constitución, también le promete una seguridad laboral que no es tal a centenares de zafrales», indicó a LA REPUBLICA la edila encuentrista Loreley Rodríguez.

La curula añadió que dentro de esos 800 nombres se encuentran «muchos ñoquis, directores de área y otra gente que no suele ir a trabajar».

Desde la izquierda-con real chance de ganar el gobierno en las próximas elecciones municipales de mayo-se entiende que la situación de esos funcionarios debe ser resuelta por la próxima Administración.

Finalmente el proyecto no contó con los votos necesarios, ya que la Lista 15 y el nacionalismo tampoco lo apoyaron.

Rodríguez recordó que cuando comenzó el actual período, los trabajadores zafrales eran 411, cifra que creció hasta los 1.126. «Parece que desde el año 2000 han pasado algunas cosas raras», sentenció la edila, al tiempo de cuestionar el traspaso de fondos municipales «directamente al bolsillo de particulares».

Indicó también que «le queremos dar tranquilidad a quienes son zafrales, cobran poca plata y realmente van a trabajar», advirtiendo que «los demás se pueden ir buscando otro trabajo».

Desde la izquierda también se enfatizará en las próximas semanas sobre la realización de los dos juicios políticos contra al intendente Hackenbruch, mecanismo que se podría poner en marcha en el Senado una vez que comience la próxima legislatura.

No se pedirá declaración jurada

Por otra parte, en la última sesión de la Junta canaria también se decidió prorrogar el plazo exigido a los contribuyentes para que se presenten a registrar sus datos, que hasta ahora se hacía mediante una declaración jurada, lo que a criterio de la Intendencia ayuda a lograr una mejor y más personalizada gestión.

Desde la oposición se señala que esa iniciativa no se puede realizar por medio de una declaración jurada, en el entendido de que compromete los bienes de los contribuyentes, además de que obliga a los contribuyentes a pagar un timbre de 65 pesos, algo que resulta oneroso para buena parte de los ciudadanos del departamento.

Ahora se propone que en su lugar se utilice un «formulario simple» para que puedan aportar sus datos antes del último vencimiento del presente año y que se soliciten únicamente los datos identificatorios del titular de la obligación tributaria y el domicilio al que deba enviarse la factura correspondiente . *