Casos resonantes volverán al tapete con la reapertura de los tribunales

Resonantes casos vinculados a las violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura civil y militar volverán a la vez a centrar el interés de la sociedad cuando sean citados a declarar algunos testigos de los hechos más macabros que se cometieron al margen del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho.

Los violentos episodios registrados entre policías y civiles el año pasado en el complejo habitacional Euskal Erría 70 y en el Estadio Centenario también ingresarán en su etapa resolutoria cuando los magistrados actuantes dictaminen los procesamientos previstos, tanto en una primera como en segunda instancia según los casos.

El receso veraniego del Poder Judicial y de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación interrumpió todos los plazos.

El asesinato del matrimonio Martirena, perpetrado el 14 de abril de 1972 por efectivos de las Fuerzas Conjuntas, podrá comenzar a dilucidarse este mes cuando comparezcan los testigos presenciales del feroz operativo represivo, incluidos dos connotados dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T).

Se ignora, no obstante, qué curso podría tener la causa iniciada por el juez José Balcaldi y el fiscal Rafael Ubiría contra el coronel (r) Manuel Cordero, quien aún permanece prófugo, al parecer en Brasil, y sobre quien pesa una denuncia de «desacato por ofensa».

La investigación de varios enterramientos clandestinos de presos políticos desaparecidos en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13 y en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, personas cuyos cuerpos fueron luego removidos con destino aún incierto, podría ser esclarecida si la Justicia permite el ingreso de profesionales universitarios para periciar las remociones como pidió la Fiscalía.

En ninguno de los predios de ambas unidades militares se podía realizar remoción alguna de tierra en virtud de medidas cautelares dictadas por la Justicia a pedido de la Fiscalía. Sin embargo, a fines del año pasado se comprobó que la medida fue violentada, hecho que motivó a un Juzgado a pedir explicaciones al Ministerio de Defensa Nacional. Aún se desconoce la respuesta.

Otro caso que volverá a ser noticia es la denuncia presentada contra el ex presidente de facto Juan María Bordaberry por el delito de «atentado contra la Constitución». La Justicia archivó el caso pero la resolución será apelada por la Fiscalía.

En una sentencia interlocutoria, publicada textualmente por la prensa antes de ser notificada a la fiscal a pesar de estar en etapa presumarial, una jueza adujo que Bordaberry ya fue procesado en 1986, por lo que no puede volver a ser juzgado.

Muy por el contrario, los ministros de la SCJ habían acordado en su resolución Nº 1026, del 27 de agosto de 2003, que Bordaberry nunca fue «procesado» ni hubo «cosa juzgada» porque los ministros de la SCJ no se pronunciaron en 1986 sobre «el fondo del asunto».

La fiscal está dispuesta a litigar la sentencia en tercera instancia, mediante recurso de casación ante la SCJ.

El eventual desarchivo, por la aparición de nuevos elementos de prueba, del asesinato de los ocho militantes de la Seccional 20ª del Partido Comunista es una causa que podría reabrirse en febrero.

También en febrero continuarían las actuaciones judiciales que se siguen en Uruguay respecto a los homicidios de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, perpetrado en mayo de 1976 en Buenos Aires, presuntamente por efectivos policiales argentinos que actuaron coordinados con una «conexión uruguaya».

Tampoco hubo condena contra el ahora procesado ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, quien estaría implicado en la causa por la desaparición y muerte de la maestra Elena Quinteros, secuestrada en 1976 de los jardines de la Embajada de Venezuela. *