Dos nuevas demandas de ahorristas del ex Banco Comercial se presentaron en EEUU

Al primer juicio, iniciado por el doctor Gabriel Galán en enero de 2004 ante la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, en conjunto con el abogado George Moreira de «The Moreira Law Firm», se agregó en los últimos días la demanda que presentó el doctor Stone en representación de ahorristas del abogado Luis Vargas Garmendia.

En tanto, el martes de la semana pasada abogados del estudio «Shapiros Lewis Crocker», representados en Uruguay por el doctor Miguel Loinaz, presentaron una demanda ante un juez estadual de Nueva York.

En este caso, la cifra alcanza los 118 millones de dólares y se trata de damnificados de la Compañia General de Negocios, de Saint Louis Investment y de ahorristas y bonistas del ex Banco Comercial.

Esta acción fue notificada el pasado viernes al JP Morgan y en los próximos días se conocerán las fechas de las primeras audiencias, explicó a LA REPUBLICA el doctor Miguel Loinaz.

El abogado señaló que también se realizó una presentación ante el SEC, que es la superintendencia de bancos de Estados Unidos, debido a que el Chase Manhattan acaba de vender un banco y hay dos mil millones de dólares pendientes de pago. «Hemos pedido que se haga una retención de ese dinero en prevención de las resultancias del juicio», explicó el profesional.

 

Documentación confidencial

Por su parte, en relación al primero de los juicios iniciados, el que entabló el doctor Gabriel Galán ante la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, en las últimas horas los abogados de los bancos JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank, socios del ex Banco Comercial, solicitaron una prórroga de la audiencia que estaba fijada para ayer, en la que el magistrado iba a decidir si las pruebas contenidas en el fallo del Tribunal Arbitral del 31 de diciembre conservan la confidencialidad o deben ser incorporadas al expediente.

Según el acuerdo firmado el 17 de mayo de 2004 entre el Estado uruguayo y los tres bancos extranjeros propietarios del ex Banco Comercial, se pactó para el pasado 30 de enero la destrucción de la documentación confidencial utilizada en el fallo del Tribunal Arbitral que obligó a nuestro país a devolver más de 120 millones de dólares.

«Las pruebas no han sido destruidas y ahora se va a discutir si quedan en el expediente o se mantiene la confidencialidad. En principio, los bancos accedieron a discutir el tema en la Suprema Corte», explicó a LA REPUBLICA el doctor Galán. La fecha de la nueva audiencia aún no ha sido fijada, pero seguramente será a mediados de este mes.

El profesional dijo que no conoce con exactitud la causa del pedido de prórroga, pero sabe que las pruebas no han sido destruidas y van a ser puestas a disposición de la Justicia norteamericana.

«Es importante destacar que nosotros tenemos nuestras propias pruebas y son más que suficientes. Las que surgieron en el arbitraje suman y eso es muy bueno, pero la documentación que ya tenemos nos augura un buen resultado», opinó.

En cuanto al juicio principal que se sigue en Nueva York, Galán informó que los abogados de los tres bancos aceptaron que las notificaciones se realicen en ese estado norteamericano, lo que implica que el proceso se verá acelerado porque no hay que presentar notificaciones a las casas matrices ubicadas en Alemania y Suiza.

 

«No hubo revólver en la nuca»

Galán opinó que «la oposición feroz que hicieron los bancos cuando solicitamos que las pruebas del Arbitraje no fueran destruidas, nos están corroborando que algo se quiere ocultar».

«Tanto el Estado uruguayo como los bancos accionistas pactaron la confidencialidad a propósito, porque no es una norma general. Eso fue pactado en mayo del año pasado y sin ningún revólver en la nuca», sostuvo.

«No tenemos que confundirnos porque hubo dos acuerdos. El primero lo firmó el ministro Alberto Bensión y hace poco el presidente Batlle alegó públicamente que le habían puesto un revólver en la nuca al Uruguay, pero en el 2004 no hubo ningún revólver».

«El Estado firmó la confidencialidad calladito la boca y se pactó expresamente que tanto el Estado uruguayo como los bancos tenían interés en ocultar las pruebas, así que no hay que confundir las cosas», argumentó. *