Sórdida puja por los cargos en Jefatura tras disturbios en Euskal Erría y Estadio

Jerarcas policiales tildados como «tradicionalistas» pretendieron aprovechar la alarma pública para desplazar a varios jerarcas considerados «aperturistas» en una disputa que guarda estrecha relación con las políticas que aplicará el Encuentro Progresista-Frente Amplio/Nueva Mayoría en materia de seguridad pública.

Los puestos en disputa son los principales cargos del Comando y el Estado Mayor General de la Jefatura de Policía de Montevideo, así como las jefaturas en el Regimiento Guardia Republicana, lo que implica controlar los puestos de mando en la Guardia de Coraceros y en la Guardia de Granaderos, las fuerzas de choque más eficaces.

El incidente en Euskal Erría 70 dejó un civil muerto, cinco heridos, robos de autos, motos y bicicletas, y varios comercios saqueados. Algunos policías fueron heridos. Los disturbios en el Centenario arrojaron como saldo tres policías heridos, uno de gravedad, varios civiles con lesiones, incluido un hincha de Nacional que perdió la visión en ambos ojos y podría padecer un posible daño cerebral.

La falta de testigos presenciales directos de los hechos de violencia siguen obstaculizando las indagaciones de los dos jueces penales que asumieron competencia: el juez Pedro Hackenbruch en el caso de Euskal Erría 70 que tiene más versiones que certezas, y el juez Pablo Eguren en la causa por el Estadio que debe dirimir entre las múltiples y contradictorias versiones que le llegan desde la Policía.

Las extrañas coincidencias

Apenas transcurridas unas horas del aún confuso incidente en la plazoleta del Euskal Erría 70 -por el que un agente de segunda que prestaba servicio por el Artículo 222 fue procesado por seis delitos de homicidio, cinco de ellos en grado de tentativa, todos en reiteración real- el jefe de Policía de Montevideo, el inspector principal (r) Nelson Rodríguez Rienzo, dijo a todos los medios de comunicación social que los civiles muertos eran dos, cuando todas las jerarquías de Jefatura ya sabían que había fallecido sólo uno.

Cuando aún no había comenzado la instrucción penal que derivaría en el procesamiento, el ministro del Interior Daniel Borrelli, acudió a los periodistas para calificar al agente policial de «asesino» y de «enajenado mental». El policía siquiera había sido interrogado por el magistrado actuante, y la Dirección Nacional de Policía Técnica no había ni empezado a redactar el informe pericial preliminar.

La semana no había terminado y pareció que ministerio y jefatura se hubieran puesto de acuerdo para inculpar de todos lo males a una infundada omisión funcional de la Guardia de Granaderos. La ausencia en el lugar de la Guardia de Coraceros no fue comentada. La imputación de todos los disparos al policía detenido no llegó a ser cuestionada. La opinión pública debió creer la versión oficial: el agente descargó y recargó una pistola semiautomática 9 mm, vació y volvió a cargar el tambor de un revólver calibre 22, mató a un joven, hirió a otros tres, y también lesionó dos personas más que estaban a más de media cuadra. Todo en apenas dos minutos.

Y pese a que el juez Hackenbruch aún prosigue sus indagaciones, la Jefatura ya habría resuelto sancionar a varios oficiales que actuaron luego que se constatara el todavía confuso incidente, según trascendió en las últimas horas de la propia Jefatura.

Extrañamente coincidente fue la concatenación de hechos y dichos oficiales en torno a los disturbios en el Centenario. El magistrado todavía no había tomado declaraciones a los policías sospechosos de los disparos en la Tribuna Amsterdam, los informes balísticos de Policía Técnica no estaban ni siquiera realizados, aún no estaba dispuesta «la recreación de la escena» ni «la reconstrucción de los hechos». Pero el jefe no tenía dudas: el tirador era un Granadero.

Días después, y una vez cumplida la correspondiente instrucción judicial, que incluyó las pericias pertinentes, quedó en evidencia lo que todo jerarca de Jefatura ya sabía: el tirador que cegó al hincha de Nacional era un efectivo Coracero bajo el mando de un teniente.

Declaró que había tomado la escopeta con cartuchos de goma que se le cayó a un Granadero que resultó herido con una perforación en la muñeca provocada por un pico de botella que, con toda seguridad, le comprometerá la movilidad funcional de su mano.

También ya se sabe que por los disturbios en el Estadio habrían oficiales sancionados por Jefatura, antes que la Justicia culmine con la instrucción del expediente penal que continúa en trámite. Varios serían sancionados por los irracionales disturbios, pese a que el juez Eguren sigue investigando posibles responsabilidades.

Principio tienen todas las cosas

La disputa por conquistar los cargos en la Jefatura y en las fuerzas de choque, antes que asuma el nuevo gobierno electo con una concepción diferente en materia de seguridad pública, tendría su origen en hechos puntuales que, en tiempos cercanos, provocaron no pocos enfrentamientos entre «tradicionalistas» y «aperturistas».

Según una versión aportada a LA REPUBLICA por varias fuentes confiables, tanto del Ministerio del Interior como de la propia Jefatura de Policía de Montevideo, la Guardia de Granaderos habría evidenciado una actitud «aperturista» en comparación con la postura «tradicionalista» que exhibiría la Guardia de Coraceros.

Ejemplo de ello, remarcaron los informantes, serían las múltiples reuniones con legisladores que propiciaron los Granaderos sin previa coordinación con sus pares de Coraceros. Fueron varios los encuentros. Pero las fuentes destacaron uno en particular: el que por primera vez en su historia, el Regimiento Guardia Republicana permitió el acceso al predio de la policía militarizada a legisladores del actual Encuentro Progresista-Frente Amplio/Nueva Mayoría.

La reunión entre Granaderos e izquierdistas, en la que también participaron legisladores blancos y colorados, careció de toda publicidad. Nada de lo conversado trascendió a la opinión pública. Sin embargo, fue el histórico comienzo de un diálogo que todavía continúa. Incluso asistió un director de la comuna de Montevideo.

Los Coraceros, contrarios al «aperturismo» de los Granaderos no participaron del encuentro, pese a estar invitados, y guardaron un visible rencor contra quienes impulsaron y concretaron la reunión. Las heridas entre ambas Guardias no cicatrizaron aún, y en mucho explican el trasfondo de los disturbios y el confuso incidente.

Las dos Guardias propiciaron encuentros. La diferencia está en que Coraceros sólo invitó a parlamentarios de los partidos tradicionales y a potentados empresarios, al tiempo que Granaderos también invitó a legisladores de izquierda y a simples vecinos preocupados con la problemática de la seguridad pública en los barrios alejados.

Reproche y «cobros de facturas viejas»

Las principales recriminaciones de la Guardia de Coraceros por la reunión con los «izquierdistas» fueron dirigidas contra el jefe de la Guardia de Granaderos, el mayor Luis Pereira Morales, y contra el tercero en la línea de mando, el capitán Tabaré Gordiola Fernández que actúa como jefe de Operaciones y tiene mando sobre la tropa. La «caída» del mayor Gordiola hubiera implicado una inevitable renuncia del mayor Pereira, como responsable de su subordinado.

El comandante del Regimiento Guardia Republicana, el inspector principal Carlos Silva Sanguinetti, pareció quedar fuera del litigio.

El principal instigador de los reproches fue el mayor Raúl Guarino Bicudo, jefe de la Guardia de Coraceros, un típico «tradicionalista».

Pero los reproches también incluyeron «co
bros de facturas viejas», según indicaron los informantes consultados por LA REPUBLICA. Las fuentes añadieron que las discrepancias entre ambas Guardias se arrastran desde tiempo atrás. Al menos desde que Granaderos resolvió cambiar «la concepción» de sus «cursos internos» para el entrenamiento de la tropa dejando de lado anticuados términos que definía a la Guardia como una «unidad de represión» para dar lugar a nuevas conceptualizaciones que definieron a Granaderos como una unidad de «intervención y prevención» con el definido objetivo de buscar en breve «un acercamiento a la comunidad».

Los Coraceros, por el contrario, reforzaron perimidos conceptos «represivos» que definen los cometidos de la Guardia como una unidad que tiene por misión la lucha «antinsurgente», en clara similitud con doctrinas militares que enfrentan «terroristas» y «guerrilleros urbanos», según explicaron las fuentes requeridas.

Los errores tácticos como simple excusa

El mayor Tabaré Gordiola, protagonista de la «intervención» en el Euskal Erría 70, que permitió rescatar a los otros cinco agentes 222 que habían quedado atrapados entre la multitud, recibió también un papel primordial como jefe del operativo de seguridad en el perímetro externo del Estadio Centenario. Su ingreso a la Tribuna Amsterdam se produjo, únicamente, porque así se lo fue ordenado por el inspector mayor Romanelli Sosa Paipo, el responsable por la seguridad dentro y fuera del estadio, y además activo integrante del Estado Mayor General de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ninguno de los hombres de la tropa al mando del mayor Gordiola hirió a civil alguno, como quedó probado en ambas sedes penales. El hincha de Nacional cegado por un disparo de escopeta lanzado a cinco metros de distancia fue víctima del accionar de un franco tirador bajo el mando de un teniente que respondía, por línea de mando, al mayor Raúl Guarino, el jefe de la Guardia de Coraceros.

Tampoco fueron los hombres al mando de Gordiola que dejaron un muerto y cinco heridos en Euskal Erría 70, ni fueron protagonistas de los sucesivos tiroteos que se constataron entre la plazoleta y el cercano asentamiento irregular sobre las orillas del arroyo Malvín.

Sin embargo, el mayor Gordiola y sus franco tiradores fueron los primeros hombres en ser imputados de responsabilidades en el informe preliminar que Jefatura entregó al juez Pablo Eguren por los hechos del estadio, y fueron las mismas personas que fueron culpabilizadas, también por Jefatura, por supuestas «demoras» en su accionar en torno al aún confuso incidente en Euskal Erría 70.

Ninguna de la imputaciones tuvieron asidero en las sedes penales. Quedó probado que los hombres de Gordiola rechazaron intervenir en Euskal Erría 70 para evitar un previsible derramamiento de sangre que tendría por víctimas a decenas de civiles desarmados.

¿»Fuerzas de choque» en un gobierno progresista?

Insistentes rumores circularon en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de Policía de Montevideo respecto al eventual ascenso del actual director de Seguridad, inspector mayor Néstor Uruguay Artigas Lema, como postulado comandante del Regimiento Guardia Republicana, sustituyendo al inspector principal Silva Sanguinetti.

También se mencionó al «tradicionalista» mayor Raúl Guarino como pretendido subcomandante del Regimiento, que tiene a su cargo la Guardia de Coraceros y la Guardia de Granaderos, las dos «fuerzas de choque» que responden al mando del Comando de la Jefatura.

Por el camino quedarían «los hombres fuertes» de Granaderos, el actual jefe, el mayor Luis Pereira Morales, y el todavía Jefe de Operaciones, el mayor Tabaré Gordiola, conocidos «aperturistas».

La designación de Artigas Lema como comandante del Regimiento contaría con el visto bueno del jefe de Policía Rodríguez Rienzo, a quien las fuentes consultadas señalan como principal artífice de los relevos de cargos que se vienen negociando solapadamente en la puja por los cargos antes que asuma el nuevo gobierno electo.

Los «tradicionalistas» aprueban la designación de Artigas Lema.

Lo que todavía resulta poco claro para los informantes requeridos por LA REPUBLICA es cuál de las concepciones logrará prevalecer antes del 1º de marzo: «aperturistas» y «tradicionalistas» están en plena disputa. Las dos sentencias judiciales serán determinantes.

Tres policías para ocupar la Jefatura

El nombre de quién ocupará el cargo más alto en la Jefatura de Policía de Montevideo estaría entre tres jerarcas, cuyas carreras vienen siendo escudriñadas por asesores del designado ministro del Interior, el abogado José Díaz, un líder del Partido Socialista.

De antemano están descartados, y para cualquier cargo y puesto, todos aquellos policías que estuvieron involucrados en violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura civil y militar.

Quedan así fuera de carrera los escasos policías que integraron la vieja Logia de los Tenientes de Artigas, organización reservada protagonista del Golpe de Estado, aunque muy remozada a partir de 1999 cuando pasó a llamarse Legión Tenientes de Artigas.

También están descartados los policías que pertenecieron a «La Garra», una estructura orgánica paralela a la línea de mando, cuyos miembros se vieron involucrados en oscuros hechos delictivos.

Y a juzgar por los pronunciamientos públicos del futuro ministro José Díaz, así como del presidente electo Tabaré Vázquez, sólo podrán aspirar a un cargo como jefe de Policía aquellos oficiales de carrera, sin máculas en su ascenso funcional, que puedan lucir un historial de servicio ejemplar y que hayan alcanzado los más altos grados tras rendir los cursos pertinentes para pasaje de grado.

Un nombre que suena con insistencia es el del actual subjefe de Policía, el inspector principal Elbio González Olivera, quien además se apresta a cursar y concursar para ascender a inspector general. Sería quien tendría mayores posibilidades de ser elegido por el ministro designado. No obstante, también se ha mencionado el nombre del inspector mayor Eduardo Tellechea, actual director de Investigaciones, quien, sin embargo, tiene una graduación menor.

Un tercer jerarca, que nadie menciona en concreto, estaría, al igual que los otros, siendo considerado por el doctor José Díaz, quien ya dijo a sus colaboradoras que se tomará «todo el tiempo que sea necesario» para designar los cargos en una Jefatura tan compleja. *