Unidad Temática de DDHH presentará una propuesta a Mesa Política del FA

La creación de la Secretaría de Derechos Humanos, una futura dependencia de la Presidencia de la República, ya fue incorporada al programa de gobierno que cumplirá el Encuentro Progresista, según resolvió el último congreso de la coalición de izquierdas.

La propuesta que presentará la Unidad Temática de Derechos Humanos a la Mesa Política del FA fue acordada el miércoles. Consiste en un planteo que se formulará por escrito para que sea considerado por todos los sectores que integran el Frente Amplio.

El coordinador de la Unidad Temática de Derechos Humanos, que integran representantes de todos los sectores de la izquierda, es el doctor Alejandro Artucio, un jurista uruguayo que fue fundador del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (Sijau), asesor legal de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y observador para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas, a cargo del informe sobre el asesinato de los jesuitas en El Salvador. Integra el Consejo Asesor del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra.

La propuesta a ser entregada el lunes «enfatizará» en la necesidad de que la Secretaría de Derechos Humanos sea instrumentada legalmente «ya a partir del 1º de marzo», por resolución del entonces presidente en funciones Tabaré Vázquez, actuando en acuerdo con todo su Consejo de Ministros, ya en sus puestos.

«Enfatizará también», dijeron las fuentes, en la necesidad de crear una Comisión Nacional de Derechos Humanos, integrada por varias organizaciones humanitarias, que tenga facultades para «actuar en coordinación» con la Secretaría de Derechos Humanos, a ser creada.

En tal sentido, la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio presentó ayer a la Mesa Política del FA una nota solicitando una audiencia para manifestar su inquietud respecto a que el próximo gobierno cree el 1º de marzo tanto la Secretaría como la Comisión.

El planteo a ser entregado el lunes define a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un ámbito para recibir, proponer y debatir temáticas humanitarias y recibir inquietudes de la sociedad civil organizada sobre violación o menoscabo de los derechos humanos ya consagrados universalmente a nivel legal.

También se define a la Comisión como un espacio para «colaborar» en las políticas de Estado que se apliquen desde el Poder Ejecutivo.

La propuesta de la Unidad Temática reivindicará la aplicación del artículo 4º de la Ley de Impunidad para investigar por la vía administrativa el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura (identificando autores, coautores y encubridores) para después remitir los antecedentes al Poder Judicial para que los jueces puedan procesar y condenar a los violadores de los DDHH, y a la vez ubicar el paradero de los cadáveres de los desaparecidos.

A la vez se propondrá que el próximo gobierno impulse políticas similares en todos los países del Mercosur para juzgar delitos de lesa humanidad, en cualquier país donde hubieran sido cometidos.

Y en concordancia con los principios consagrados en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, se propondrá que el Derecho Penal uruguayo tipifique «explícitamente» los delitos de

lesa humanidad, para que pueda asumir competencia la Corte Penal Internacional. *