Caso Bordaberry: la jueza Canessa postergó actuaciones hasta después de las elecciones

Tellechea envió el expediente a Canessa antes del jueves de la semana pasada, para luego tomarse licencia viernes y lunes.

La causa llegó al despacho de la jueza Canessa el mismo viernes 22, pero la magistrada entendió conveniente para mejor mantener la paz pública que se postergara toda eventual instancia procesal, ya sea recabación de prueba o citación de testigos e indagados, hasta luego que culmine por completo la campaña proselitista.

La jueza cuenta con un plazo legal de 45 días para pronunciarse.

A pesar del hermetismo judicial y fiscal, LA REPUBLICA pudo saber que la representante del Ministerio Público y Fiscal ya estudió todos los recursos presentados, a favor y en contra de Bordaberry, por los defensores y a la vez los denunciantes del ex presidente de facto que disolvió las cámaras legislativas en 1973.

La fiscal rechazó por «improcedentes» los recursos de la defensa de Bordaberry, especialmente en cuanto a que el delito cometido, «atentado contra la Constitución», ya habría prescripto, según pretendió sostener el abogado del dictador.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó en consecuencia a la jueza que el ex presidente de facto sea citado a declarar y que «antes de tomarle la primera declaración se le intimará la designación de un defensor que lo patrocine».

Tellechea solicitó a la magistrada «que se proceda sin más trámite a la instrucción de la presente causa», y afirmó compartir abundante jurisprudencia respecto a que los años de la dictadura no pueden computarse para la prescripción del delito, ya que durante el gobierno de facto no existieron garantías: «Es por demás obvio entender que durante el proceso cívico militar se configuró el impedimento para acudir a la Justicia denunciando hechos como los que motivan estos obrados», indicó, al afirmar que «no había Justicia para el judiciable».

La denuncia contra Bordaberry había sido presentada en 2002 con la firma de casi dos millares de personalidades de la política, la cultura, el sindicalismo y las organizaciones de Derechos Humanos.

En varias oportunidades, los abogados de los denunciantes, los doctores Hebe Martínez Burlé y Walter De León, habían accionado contra los repetitivos recursos presentados por la defensa de Bordaberry, el abogado Gastón Chaves Hontou entre otros, por entender que no tenía otro fin que dilatar la citación del dictador.

En su momento, los mismos recursos habían sido rechazados de plano por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia, hecho pese al cual, los defensores del ex presidente de facto intentaron volver a esgrimir los mismos argumentos ante el juzgado penal de primera instancia.

El delito cometido por Bordaberry está sancionado por el artículo 132 del Código Penal y por el artículo 239 de la Constitución de la República. *