Reclamaron el fin de la impunidad en Uruguay

«Uruguay es el más atrasado en el tema de la salida de la dictadura. No pasó un militar, un policía a responder por sus delitos», critica, en una entrevista con la AFP.

Este país de 3,4 millones de habitantes aprobó en 1986 una ley de amnistía a los delitos cometidos por militares durante la dictadura (1973-1985), y ese texto fue ratificado por la ciudadanía en un referéndum realizado en 1989.

Pero los familiares de víctimas de la dictadura no se resignan y siguen esperando juicios a los responsables y averiguar el destino de los desaparecidos. Y confían en que un gobierno de izquierda les abra esa puerta.

«La impunidad es absoluta si se parangona a Chile y Argentina, por ejemplo. Es muy brutal acá el tema de la impunidad porque nos conocemos todos: el torturador camina por la misma calle que el torturado», dice Sara Méndez.

Ella incluso dice saber donde vive y pasea el mayor retirado José Nino Gavazzo quien, según ella, la arrestó en Buenos Aires y la torturó.

Entonces Simón tenía sólo 20 días de nacido, cuando fue arrancado de los brazos de esa entonces joven maestra anarquista, exiliada en Buenos Aires tras la instauración de la dictadura en Uruguay tres años antes.

Tras ser abandonado en una clínica, Simón fue adoptado por un policía. Al salir de la prisión en 1981, en Montevideo, tras su calvario en el centro clandestino de la capital argentina «Automotores Orletti», Sara sólo pensaba en encontrar de nuevo a su hijo.

La foto de Simón sirvió como símbolo en todas las manifestaciones y campañas que reclamaron la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura. Después de volverlo a encontrar en Buenos Aires el 13 de marzo de 2002, Sara siguió adelante en su lucha, pidiendo justicia e investigaciones sobre los desaparecidos.

Para ella, entre las prioridades de un gobierno de izquierda deben estar la depuración de las fuerzas armadas, el estudio de ese período de la historia uruguaya en los manuales escolares, y la utilización de todos los huecos dejados por la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o Ley de Amnistía para juzgar a los culpables de desapariciones y asesinatos. Eso es lo que también espera Laura Martirena, quien perdió en 1972 a su padre, un dirigente de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y a su madre, militante del MLN. Ambos murieron cuando ella tenía 16 años, asesinado en su casa, según testimonios, y desde entonces sólo quiere justicia.

«La ley de caducidad se manejó como mágica, se extendió atrás y adelante. En el caso de mis padres no se aplica porque le mataron en 1972 (fuera del período amnistiado). Algunos de los milicos (militares) que mataron a mis padres murieron felices en sus camas», denuncia.

En 2000, Laura participó de la creación de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos. Hubo más de 210 denuncias de uruguayos desaparecidos -unas 180 de ellas fuera del país, en el marco de la Operación Cóndor de coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.

La Comisión y las organizaciones de defensa de los derechos humanos activas en Uruguay han pedido al futuro presidente del país que reabra las investigaciones sobre los asesinados y desaparecidos.

Quieren ir más allá de los trabajos de la llamada Comisión para la Paz creada en 2000 por el gobierno de Jorge Batlle, que concluyó que 26 personas que figuraban como desaparecidas murieron bajo tortura en Uruguay.

Laura subraya además que «la ley de impunidad no se aplica a los civiles, y 3 de los 4 dictadores fueron civiles».

Según ella, los dirigentes políticos que gobernaron hasta ahora presionaron para evitar un proceso al ex dictador Juan María Bordaberry, de 75 años, a pesar de la luz verde dada por la Corte Suprema en agosto de 2003.

El senador Rafael Michelini -hijo de Zelmar Michelini, legislador de izquierda asesinado en 1976 en Buenos Aires-, aliado con el candidato de la izquierda a la presidencia, Tabaré Vázquez, cree también que es necesario aprovechar al máximo los puntos débiles de la ley de 1986.

«Con la ley de caducidad se puede investigar en siete, ocho o diez casos muy emblemáticos (…) como el caso de mi padre (…) y se puede generar un Estado, un país muy diferente», afirmó. *