Denuncian a juez ante la SCJ por denegar apelación y desconocer el "Pacto de San José de Costa Rica"

«El manifiesto desprecio de la sede (del juez García) por mis derechos constitucionales y universales, me ha puesto en la obligación de denunciar estos hechos ante quienes tienen la responsabilidad de corregir estas desviaciones groseras del debido proceso legal», dijo Hugo González, al presentar su recurso a la SCJ.

El especialista en informática y propietario de tres comercios que reparan computadoras y venden programas había invocado ante el juez García Guaraglia el «Pacto de San José de Costa Rica», firmado y ratificado por Uruguay, para autodefenderse en un juicio que le entablaron firmas uruguayas de capitales extranjeros.

Además de ejercer su autodefensa sin asistencia letrada, el pacto reconoce al denunciado derecho a pedir que el juicio sea público.

El juez «me ha impedido también la presencia en una audiencia donde se solicitó interrogar al perito sobre su vinculación con la empresa que promovió la denuncia penal contra mi persona», dijo González, quien asegura que el perito, en cuyo informe se basó la denuncia, tiene relación profesional con los promotores del juicio.

Le negaron apelación por carecer de «firma letrada»

Ante la negativa del juez a que el denunciado pudiera ejercer su autodefensa, González interpuso un «recurso de reposición y apelación en subsidio», el cual le fue «denegado» por el magistrado García con el fundamento de que carecía de una «firma letrada».

«El recurso interpuesto refería en uno de sus aspectos al tema de si puedo o no autodefenderme, y era el Tribunal de Apelaciones el que debía resolver sobre ese tema. De esta manera la sede le quita competencia al Tribunal de Apelaciones y decide un aspecto en el que no tenía competencia», argumentó el denunciante ante la SCJ.

«Posteriormente interpongo, en plazo, el recurso de Queja por denegación de apelación (por supuesto sin firma letrada ya que entiendo que me asiste derecho) y la respuesta del Tribunal es otra vez ‘Previa Firma letrada se proveerá'», continuó González.

«La denegatoria de justicia a la que estoy siendo sometido surge patente, se me han denegado todos mis derechos fundamentales: el de hacer prueba, el de autodefenderme, el de recurrir ante un tribunal superior las decisiones del inferior, etc.», añadió luego.

El Pacto invocado pasó a integrar el Derecho Patrio

La Convención Americana sobre Derechos Humanos que invocó González fue suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica por los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) y después fue firmado, y a continuación ratificado por el Estado uruguayo, por lo que pasó a integrar el Derecho Positivo Patrio.

La denuncia penal que fuera presentada en su contra se basa en el peritaje realizado por un técnico a un determinado programa que Hugo González comercializó como propio, pero sobre el cual varias empresas transnacionales reivindicaron su autoría exclusiva.

No obstante, la acusación judicial contra González podría derivar en una larga controversia en torno a leyes relativas a los derechos del autor que, según los casos, pueden resultar inaplicables a los programas informáticos, cuya autoría viene siendo investigada.

El petitorio de González para ejercer su propia defensa en base a normas continentales ratificadas por Uruguay es el segundo caso en la historia. El primer caso se constató cuando un conocido ex defensor de oficio invocó la misma norma para autodefenderse. *