Uragua informó ayer, en plena veda, que si triunfa el "SI" se retirará de Uruguay

La comunicación de Uragua y su posterior difusión por parte del Poder Ejecutivo se realiza en medio de la veda electoral. Para los integrantes del gobierno, se trata de la difusión «objetiva» de una carta enviada por una empresa. En tanto la Corte Electoral no tiene aún una postura oficial sobre el tema, aunque a título personal, el ministro Edgardo Martínez Zimarioff (que representa al Partido Colorado) no hubo a priori ningún tipo de violación. El secretario letrado de la Corte, Alfonso Cataldi, dijo «off the record» que en su opinión difundir el contenido de la carta de Uragua era violar la veda, aunque cuando se le intentó hacer una nota prefirió no referirse públicamente al tema.

El gobierno recibió con «preocupación» la carta de Uragua anunciando su eventual alejamiento del país. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Oscar Brum entregó ayer por la tarde una copia de la misiva al presidente Jorge Batlle.

En la carta, firmada por el gerente general de la empresa, Unai Lerma Mentxaka, y el gerente económico-financiero, Juan López Basavilbaso, y enviada al presidente de OSE, Carlos Rodríguez, se asegura que hay «incertidumbre» por las «consecuencias» que puede acarrear la aprobación de la reforma constitucional del domingo.

«Ante esa realidad y sin perjuicio de reiterar que la voluntad de Uragua continúa siendo la de servir a la población de Maldonado, la empresa recurrió, como es de toda lógica, al asesoramiento de sus abogados para conocer cuáles serían los extremos jurídicos a los que deba someterse, en caso de triunfar la iniciativa plebiscitaria», se dice en la carta. Según se informó, «las conclusiones» de los abogados de la empresa «son inequívocos, en el sentido de que la aprobación de la iniciativa provoca ipso jure el decaecimiento del contrato por ilicitud de su objeto, impidiéndole a Uragua continuar con la prestación de los servicios».

«Dado que las consecuencias jurídicas, determinantes de las conductas prácticas, se producirían automáticamente, como consecuencia del resultado plebiscitario, Uragua se considera en el deber de anunciar al Estado uruguayo que, en caso de aprobación de la iniciativa de reforma constitucional, Uragua iniciará las acciones pertinentes encaminadas a la rescisión de la concesión, por imposibilidad legal del cumplimiento del objeto del contrato. A su vez, y como preocupación central de la empresa, le solicitamos las instrucciones oportunas respecto a cómo proceder para un ordenado traspaso del servicio en caso de victoria del Si a la reforma constitucional, con objeto de proteger los diversos intereses implicados, como lo son la comunidad y clientes de Maldonado, trabajadores de la empresa, acreedores comerciales y financieros, contratistas, accionistas, etc…, todo ello sin perjuicio de los aspectos jurídicos relevantes a sus derechos». *