Gremio postal advirtió que se intenta "violar" acuerdo

El secretario general de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU), José Matto, afirmó anoche a LA REPUBLICA que las denuncias realizadas por el gremio desde hace casi tres años están siendo reconocidas en parte por la administración Batlle.

De hecho, las reiteradas denuncias sindicales en torno a los 52 gerentes del organismo, de los cuales 18 son presupuestados –14 en el Correo, tres en la Ursec y uno en comisión en la Intendencia de Treinta y Tres– da cuenta de la mala administración reinante en el ente, según manifestó Matto.

En cuanto a la decisión del Ejecutivo de comenzar a sanear el organismo, el gremio entiende que se trata de «medidas parciales que no atienden a la imprescindible reestructura de fondo».

«Para realmente sanear el servicio postal habría que comenzar, por ejemplo, por dejar sin efecto las tercerizaciones, antes de empezar a dejar en la calle a becarios, que algunos tienen más de tres años en el servicio. Ya alertamos que al sacar seis carteros becarios en la zona de la Costa de Oro, la zona quedará sin servicio de distribución de correspondencia», señaló Matto.

En tanto, el abogado del gremio, José Villamil, afirmó a este matutino que si bien existe una normativa que impide claramente la permanencia de becarios por más de dos años, a partir de 2001, «deberían arbitrarse las medidas necesarias para dotar al organismo del personal joven imprescindible».

Agregó que existen, simultáneamente, normas que habilitarían la contratación de ese personal sin tener que realizar un uso inadecuado de los contratos de becas.

«Descarado clientelismo político»

Matto advirtió que, en caso de que estos becarios fueran declarados cesantes, oficinas enteras del organismo quedarían desmanteladas, básicamente las referentes a oficinas de atención al público y áreas operativas.

«No hay que confundir estos becarios, con los secretarios, choferes, amigos y familiares del anterior y actual Directorio, que ingresaron al organismo por la vía del clientelismo político. Una práctica que ha infectado a un servicio indispensable para el país».

Por otra parte, Matto señaló que, más allá de que el gremio valora el accionar del ex ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, afirmó que el acuerdo, donde participó el subsecretario del MEC, Daniel Berbejillo, y representantes del PIT-CNT, «se intenta desconocer algunas de las cláusulas» que posibilitaron la salida al dilatado conflicto.

«Lo principal es que se acordó que se iban a descontar 21 días, comenzando con tres días del salario de setiembre, tres en octubre y cuatro en los meses siguientes, hasta enero de 2005 incluido. A la vez, el Poder Ejecutivo se comprometía a dedicar un esfuerzo importante al pago de las retenciones no vertidas», afirmó Matto.

No obstante, el sindicalista denunció que en caso de verterse el pago de las retenciones comprometidas, no se aplicarían los descuentos de los jornales de conflicto pactados.

Matto recordó que a siete meses de la denuncia penal realizada en el juzgado de décimo primer turno por apropiación indebida, aún la Justicia no se ha pronunciado.

«A pesar de la gravedada de estos hecos, que se prolongan desde hace más de dos años, aún no hemos tenido respuesta», concluyó Matto. *