Reclaman medidas para el "Nunca Más"

Once organizaciones defensoras de los derechos humanos en Uruguay suscribieron un documento sobre «Las Materias Pendientes», a 20 años de la salida de la dictadura, donde establecen las medidas que deberá adoptar el próximo gobierno para lograr un verdadero «Nunca Más».

El documento, divulgado la semana pasada será entregado a todos los candidatos presidenciales, a quienes se solicitó entrevistas para explicar individualmente el reclamo en materia de verdad y justicia, que requerirá actos de reparación, normas jurídicas, políticas educativas y la creación del «Defensor del Pueblo».

La declaración fue firmada por el Servicio Paz y Justicia-Uruguay (Serpaj), la Comisión de Familiares de Asesinados por Razones Políticas, la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, Crysol, el colectivo de ex presas/os, Memoria para Armar, Taller Vivencias, Amnistía Internacional-Sección Uruguay, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, el Servicio de Rehabilitación Social (Sersoc), y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur).

El documento no hace mención a lo actuado por la Comisión para la Paz, ni al decreto de «punto final» promulgado por el presidente Jorge Batlle, pero señala que dada «la manifiesta y grave omisión del Estado frente a informaciones concretas», la «búsqueda de restos, cementerios clandestinos y de tumbas clandestinas en cementerios oficiales, debe ser una prioridad.»

Tampoco se hace alusión a la Ley de Caducidad, pero se exige la indagación de lo ocurrido hasta llegar a la verdad en los asesinatos y desapariciones, para que la Justicia sancione a los autores, coautores e ideólogos de los crímenes cometidos, como elemento esencial de profundización de la democracia.

Verdad: el cómo, cuándo y quién

«La verdad sobre los hechos de los períodos clave de la historia nacional es necesaria e indispensable. Es la base para la adopción de las medidas que deben adoptar las autoridades de las instituciones del Estado, de acuerdo con el derecho de protección a los Derechos Humanos, para rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro», sostiene el documento.

En ese sentido, afirman que «deberá investigarse y esclarecerse las circunstancias en que murieron los asesinados políticos, incluidos los «presuntos suicidios», aún llegándose a la exhumación de los restos, si fuese necesario».

Agregan que es «imprescindible continuar con las investigaciones para establecer, por todos los medios y con la mayor exactitud, qué sucedió con el detenido –desaparecido, desde el momento de su privación de libertad y hasta el presente (por qué, dónde, cuándo, cómo y por quién).»

Entienden que el Estado deberá habilitar sin «restricciones el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex funcionarios del Estado a los efectos de la continuación de las investigaciones», cuyos resultados deberán hacerse públicos.

En materia judicial, las organizaciones de derechos humanos señalan que «la acción de la Justicia es necesaria para responsabilizar y sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de estos horrendos crímenes», elemento «esencial de profundización de la democracia.»

Recuerdan que el Estado uruguayo ha suscrito acuerdos internacionales que tipifican la desaparición forzada de delito de lesa humanidad y como tal no prescribe y se sigue cometiendo continuadamente, hasta que aparezca la persona viva o sus restos, y se certifique fecha y causa de la muerte.

«El Poder Ejecutivo deberá no entorpecer en ningún caso la labor de la Justicia y prestará la mayor cooperación a las instituciones nacionales y promoverá la más amplia cooperación judicial internacional en todos aquellos casos donde se tramiten causas originadas en violaciones a los derechos humanos», dicen.

El documento reclama que Uruguay tipifique en su legislación penal los delitos establecidos en el Estatuto de Roma, que fueron ratificados el 28 de julio de 2002 y se apruebe el acuerdo para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y se rechace todo «acuerdo de inmunidad» con otros Estados.

Las organizaciones que suscriben el documento consideran que toda la sociedad uruguaya fue víctima del terrorismo de Estado y por lo tanto la reparación debe abarcar a la sociedad en su conjunto y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en forma individual.

En ese sentido, entienden que la reparación social implica «el enjuiciamiento de los hechos del terrorismo de Estado, de sus ideólogos, instrumentadores y colaboradores», y que esos responsables, civiles o militares, no deberán permanecer en cargos estatales.

Agregan que la reparación a las víctimas deberá ser integral, de acuerdo con la normativa vigente y el Estado «deberá asumir la responsabilidad por los daños y perjuicios cometidos por quienes actuaron en su nombre» y dar «satisfacción moral» a las víctimas, reconociendo su condición y dignidad humana.

Entienden que los procedimientos administrativos que se apliquen para otorgar las reparaciones e indemnizaciones, deberán ser breves, para no constituir una nueva forma de victimización y que se dé prioridad en tal sentido a todas las víctimas que hayan cumplido los 60 años de edad.

Dentro de sus planteos al próximo gobierno, las organizaciones de derechos humanos indican la adopción de medidas de contenido simbólico que devuelvan a las víctimas directas su dignidad y promuevan su memoria, a la vez de reconocer el rol cumplido por sus familiares.

Entre las acciones posibles se menciona la asignación de los nombres de las víctimas a edificios, calles y espacios públicos, la realización de homenajes de carácter oficial, y la instalación de un Museo de la Memoria en uno de los lugares donde funcionaron centros de detención y tortura.

También se pide una reforma del ordenamiento jurídico vigente, en la que deben incorporarse las normas internacionales de Derechos Humanos que tipifican y sancionan expresamente los crímenes que se cometen con el apoyo del Estado y los delitos de tortura y desaparición forzada de personas.

En materia educativa se solicita que desde los primeros años escolares, los programas incorporen la formación en derechos y en valores, donde el respeto al semejante sea trasmitido de manera vivencial, y que se forme en derechos humanos al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Finalmente, las organizaciones firmantes del documento argumentan que Uruguay debe crear el instituto del Defensor del Pueblo (Ombusdsman), cuyo titular deberá presidir una Comisión Nacional de Derechos Humanos, «independiente de los Poderes del Estado y de los partidos políticos». *