La Asociación de la Prensa Uruguaya declaró su "preocupación" por sentencia de la jueza Tort

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) había emitido el 8 de setiembre un comunicado a la opinión pública sobre el hecho. Lo que sigue es el texto del mismo.

«La Mesa de conducción de APU declara su preocupación ante el tenor de la sentencia que condena a periodistas por publicar un informe del Ministerio del Interior de carácter ´reservado´», ya que la «sentencia es violatoria de la libertad de prensa, puesto que restringe el derecho a investigar de los periodistas y su derecho a informar al público de temas de primer nivel de interés».

«De prosperar esta tesis, con el simple expediente de rotular ´reservado´ a un documento, los servidores públicos podrían asegurarse que la prensa quedara atada de pies y manos para cumplir su papel de investigar y publicar información de interés público».

«El principal argumento de la jueza para condenar a los periodistas radica en que publicaron un documento ´reservado´ y de uso interno del Ministerio del Interior».

«La propia sentencia revela que el informe era cierto, existió, y en el mismo juicio, el Ministerio del Interior y el jefe de Policía de Salto, que elaboró el informe, fueron absueltos de toda responsabilidad por el contenido del mismo».

«Es preocupante que en una sociedad democrática la juez sostenga que ´existen dentro o fuera de los poderes del Estado situaciones no susceptibles de ser difundidas de no mediar maniobras ilícitas para captarlas´».

Con el voto unánime de sus integrantes, la Mesa de Conducción declara su discrepancia con la sentencia judicial, según la cual, los medios no pueden, entonces, transformarse en escudriñadores de ámbitos sustraídos a la consideración pública: tal es el caso, en que se trataba de un informe reservado, el que se manejó a nivel de las jerarquías del Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Aduanas».

«APU no comparte que se caracterice como ilícito el accionar de un periodista que accede a un informe ´reservado´» y «condena la tesis de que no se pueden publicar documentos elaborados por los servicios de seguridad que contienen información relevante sobre temas de evidente interés público, como en este caso, el origen de la epidemia de la fiebre aftosa, cuyas consecuencias la pagó todo el país».

«Una tesis semejante no es compatible con la forma democrática y republicana de gobierno». *