Ahorristas del Banco de Crédito presentaron ayer en Buenos Aires denuncia penal por "fraude bancario"

En la mañana de ayer más de 200 ahorristas del liquidado Banco de Crédito se agolparon en las puertas del Juzgado en lo Penal Económico Nº 6 de Buenos Aires, para radicar denuncias por asociación ilícita, estafas reiteradas, fraude bancario, violación de leyes bancarias, incumplimientos de contratos, daños, perjuicios, homicidio indirecto y abandono de personas. La denuncia incrimina al presidente del Banco Central del Uruguay, contador Julio De Brun, al ministro de Economía Isaac Alfie, al ex ministro de Economía, senador Alejandro Atchugarry y al senador Wilson Sanabria, en el entendido que también perjudicaron al sistema financiero argentino.

Los ahorristas entienden que la solución compulsiva ofrecida en Bonos con fecha terminal del año 2019 alarma a los más osados operadores financieros, quienes opinaron que esto es una falta absoluta de respeto para aquellos que no dudaron en dejar sus depósitos «fondeados» dentro del Banco para colaborar con el pedido presidencial de no sacar los dineros del sistema.

El componente de ahorristas del BDC es, en una abrumadora mayoría, de más de 60 años, los cuales para cuando lleguen los vencimientos y pretendan efectuar el rescate de sus tenencias, «ya no estarían más con vida».

Esto obliga a muchos ahorristas a querer vender sus bonos. Es así que se encuentran en una formidable trampa que les ocasiona una pérdida aún mayor, ya que por sobre el valor real a valor nominal del papel se deberá asumir una pérdida de más del 40% y en el caso de querer realizarse una operación de venta se deberá exponer a los tenedores a negociar con inescrupulosos operadores bursátiles, explicaron a LA REPUBLICA.

Los damnificados manifestaron al juez que entiende en la causa que ellos han sido simples depositantes bancarios y no tomadores de bonos ni especuladores internacionales, que en todo momento fueron engañados desde el propio Ejecutivo uruguayo como también desde el BCU, ya que nunca se generó una línea informativa para comunicar a los damnificados ni dentro ni fuera de Uruguay que estaba sucediendo o cuales serían los pasos a seguir de manera de poder mitigar la ansiedad de las familias inversoras. Cabe recordar que este cierre fue ordenado por el Poder Ejecutivo sobre cuatro entidades bancarias de origen nacional, cierre exigido por el FMI y los bancos internacionales para efectuar los desembolsos del préstamo solicitado ante el organismo multilateral, dejando un tendal de más de tres mil trabajadores bancarios en la calle. En este caso en particular, el BDC fue un banco al cual se le maquilló permanentemente los balances bajo supervisión del hoy presidente del BCU y en beneficio de su operador privado, la Secta Moon, engañando así al público en general como consta en el informe elaborado por la legislatura uruguaya en la Comisión Investigadora del Sistema financiero.

Este documento fue adjuntado como prueba testimonial e incorporado a la causa. El principal accionista y operador administrativo, el Estado uruguayo, es poseedor del 51% del paquete accionario juntamente con el Grupo Religioso del Reverendo Moon, quienes mantenían el control de la entidad.

 

Investigarán posible perjuicio al sistema financiero argentino

El BDC, un banco centenario con casa Matriz en la ciudad de Montevideo e interior del Uruguay, funcionó como oficinas de representación internacional autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, captando dineros públicos en nombre del Estado uruguayo, ofreciendo en su publicidad la garantía estatal.

La denuncia radicada en el Juzgado Penal Económico Nº 6 tiene por objetivo lograr la detención y extradición de los siguientes actores políticos: presidente del Banco Central del Uruguay, contador Julio De Brun, ministro de Economía Isaac Alfie, ex ministro de Economía, senador Alejandro Atchugarry y el senador Wilson Sanabria. Los denunciantes solicitaron también al juez se inicie una investigación exhaustiva dentro del Banco Central Argentino para evaluar si la mencionada entidad del gobierno uruguayo cumplió con todas las normativas administrativas, durante su funcionamiento y posterior cierre y en qué punto se afectó al sistema financiero argentino. *