Mayoría de la SCJ se pronunciaría a favor de competencia en exhorto

Informantes confiables de la SCJ estimaban anoche que los ministros podrían llegar a acordar una resolución final «esta misma semana». Ayer «no se resolvió nada; el tema sigue a estudio. La Corte se pronunciará en el momento que encuentre oportuno, pero luego de notificar su resolución a la parte que solicitó que la Corte asumiera competencia», dijo una calificada fuente oficial, en alusión al pedido presentado por el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur). No obstante, fuentes extraoficiales del máximo órgano del Poder Judicial uruguayo dijeron a LA REPUBLICA que tres ministros ya habrían adoptado una posición a favor de asumir competencia, al tiempo que los restantes dos se mantendrían en una negativa.

Ielsur solicitó a la SCJ que «asuma competencia en el asunto» de la extradición, como corresponde a un Estado de Derecho que no viola «el principio de la separación de poderes», y además pidió a la corporación que «reclame» al Poder Ejecutivo «los antecedentes del caso», que se encontrarían en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las fuentes oficiales explicaron además que, «entre otras normas legales», los ministros discuten «los alcances» de un Tratado de Extradición firmado en 1996 por el ex presidente argentino Carlos Menem y el entonces presidente uruguayo Julio María Sanguinetti.

Según interpretaciones, el Tratado de 1996, que ya fue ratificado y homologado por Uruguay y Argentina, inhibiría a la SCJ de asumir competencia en un caso de extradición solicitada por el país vecino, potestad que recaería exclusivamente sobre el Poder Ejecutivo.

«El Tratado del 96 no inhibe explícitamente a la Corte de asumir competencia; es una cuestión de interpretación jurídica, pero en el marco de una consideración de todo el ordenamiento jurídico vigente en Uruguay», remarcó una de las fuentes oficiales de LA REPUBLICA. El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral había solicitado en 2001 la detención preventiva con fines de extradición de los militares Manuel Cordero, Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Julio Vadora, y del ahora fallecido policía Hugo Campos Hermida, caso éste que sería archivado. Canicoba Corral pretendía indagar a los cuatro militares y al extinto policía en el marco de la investigación que viene llevando a cabo para determinar la denunciada existencia del llamado «Plan Cóndor», mecanismo mediante el cual las dictaduras de los países de la región coordinaron sus acciones represivas para exterminar a sus opositores. El exhorto remitido por el juez argentino fue desestimado en su momento por el gobierno del actual presidente Jorge Batlle, quien alegó que los crímenes investigados estaban amparados por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Batlle se basó en un «parecer» del fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. *