PIT-CNT pedirá audiencia a Fau para darle el informe sobre enterramientos en Batallón 13º

La secretaría de derechos humanos de la central obrera PIT-CNT solicitará este lunes una entrevista formal con el ministro de Defensa Nacional, profesor Yamandú Fau, para hacerle entrega del informe técnico que demuestra la existencia de un cementerio clandestino en el Batallón de Infantería Nº 13, donde podría haber sido enterrada la maestra Elena Quinteros en 1976.

El 28 de junio de 1976, este lunes se cumplen 28 años, la maestra Elena Quinteros –que había sido detenida por la dictadura dos días antes– intentó engañar a sus captores y, cuando fingía «entregar» un «contacto», se introdujo en los jardines de la Embajada de Venezuela para pedir a gritos ser asilada.

Miembros del operativo de custodia a Quinteros, en el que participaban militares de dependencias «antisubversivas» del Batallón 13º de Infantería y policías del Departamento 5 de Inteligencia, ingresaron a la embajada, golpearon a diplomáticos venezolanos y secuestraron a la maestra.

Quinteros fue trasladada al «300 Carlos» de la unidad militar de la avenida Instrucciones, donde fue salvajemente torturada. Distintos testimonios dicen que fue mantenida viva durante meses, hasta que fue asesinada. También hay confesiones de ex soldados de la unidad que dicen haber enterrado a una mujer en el predio del Batallón 13º detrás de un arco de la cancha de fútbol.

El estudio geoarqueológico elaborado por el ingeniero agrónomo Daniel Panario, la licenciada geográfica Ofelia Gutiérrez y la licenciada en antropología Elizabeth Ortega, docentes de la Facultad de Humanidades, y el antropólogo Horacio Solla del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, señala ocho puntos para estudiar arqueológicamente en el Batallón 13º.

El ministro de Defensa, Yamandú Fau, que luego de la dictadura y entonces como diputado del Frente Amplio integró la Comisión Investigadora sobre Desaparecidos que estudió el Caso Quinteros, interrogado en un programa radial no descartó abrir las puertas de la unidad militar, si se le presentaban pruebas sobre la existencia de enterramientos clandestinos.

Implicancias de «Caso Quinteros»

El secuestro de Elena Quinteros por efectivos del aparato represivo de la dictadura, además de la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, implicó la condena de Uruguay por parte de organismos internacionales que han exigido hasta hoy el esclarecimiento del destino de la militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Durante décadas, su madre, María del Carmen Almeida de Quinteros, se constituyó en un símbolo de la lucha por la verdad sobre las desaparición forzada de personas en Uruguay. «Tota» Quinteros falleció antes de que el Estado uruguayo, al hacer oficial el informe final de la Comisión para la Paz, reconociera el asesinato de Elena.

El «Caso Quinteros» es uno de los pocos episodios de violaciones a los derechos humanos en Uruguay que permanece abierto, debido a que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no ampara a civiles. Por su desaparición ya ha sido procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco.

La declaración oficial de la muerte de Elena ha derivado en un cambio de carátula en el juicio contra Blanco, quien de «cómplice en la privación de libertad» de la maestra es hoy acusado como «coautor» del «homicidio», por lo cual la Justicia debe encontrar hoy el cuerpo de la mujer declarada muerta.

Semanas atrás, la Secretaría de Derechos Humanos de la central obrera PIT-CNT integró al expediente que atiende el juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli un informe elaborado por técnicos de la Facultad de Humanidades que demuestra la existencia de enterramientos en el Batallón 13º de Infantería, pidieron medidas cautelares sobre el lugar conocido como «Arlington» en el Batallón 14º, donde también hubo cementerios clandestinos, y solicitaron el procesamiento de los cómplices civiles del ex canciller Blanco: los diplomáticos Alvaro Alvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelin Salomón. *