Reclaman nuevas pruebas en juicio contra el director del Diario Oficial

Según pudo saber LA REPUBLICA, el juez Eguren considera que «hasta ahora no se han reunido los suficientes elementos de prueba» como para sentenciar el procesamiento de los dos jerarcas públicos. La fiscal Salvo había pedido el procesamiento con prisión de ambos, a quienes imputó un delito de «conjunción del interés personal y público».

También los abogados de Sánchez, e incluso la propia fiscal solicitaron, cada uno por su parte, la requisitoria de nuevas pruebas en un asunto que parecía resuelto. Un interrogatorio a Sánchez, cumplido el viernes pasado, provocó un giro de tuerca en el caso. El juzgado espera con expectativa lo que declare hoy Curuchet.

Zona Urbana acusa

Sánchez y Curuchet habían sido implicados en dos emisiones del programa Zona Urbana de Canal 10 en la irregular «contratación directa» de una empresa que gestiona la impresión del Diario Oficial. Tres días después del último programa, emitido el 19 de mayo, trascendió que la fiscal Salvo había pedido los procesamientos.

«Parecería que todo se hace para hacer aparecer como que el expediente funciona por Zona Urbana. En realidad nunca estuvo parado; excepto el tiempo que estuvo con la doctora Salvo», señaló con molestia un alto informante del juzgado penal de 8º Turno.

La solicitud de los procesamientos trascendió a través de El Observador del sábado 22 de mayo, cuando Eguren se encontraba de turno fuera de su despacho en los juzgados de Bartolomé Mitre desde el anterior lunes 17, y cuando el expediente ni siquiera había salido de la Fiscalía de 10º Turno, según pudo constatar LA REPUBLICA.

«Fue una solicitud apresurada de procesamiento», coincidieron en señalar fuentes allegadas a Sánchez y Curuchet. «Salvo tenía el expediente a estudio hacía un mes; no diligenció nada y se basó en un único testigo», dijeron por su parte informantes allegadas al Juzgado.

«La fiscal», explicó uno de los informantes, «es nueva en el cargo, es demasiado joven, y actuó presionada por estar en una fiscalía que tiene muchos expedientes atrasados». Salvo asumió su puesto hace menos de tres meses. Otros varios fiscales habían ocupado el cargo.

La fiscalía penal de 10º Turno había quedado acéfala cuando fue destituido su titular, Carlos García Altolaguirre, ahora condenado tras comprobarse que recibía coimas para pedir la libertad o la prisión de los indagados. Fue, precisamente bajo la titularidad de García, que se inició la instrucción del sumario contra Sánchez y Curuchet.

«Mentiras» y «contradicciones»

Lo primero que notó el juez Eguren, el viernes pasado, cuando interrogó a Sánchez fue la notoria «contradicción» entre lo declarado por el director del IMPO y los dichos de un testigo de cargo en los que se basó Salvo para emitir su fallo. El testigo, un ex funcionario del IMPO ahora destituido, habría testificado «con notorio rencor».

«Nadie que fue echado habla bien de su ex jerarca», comentó a LA REPUBLICA una fuente allegada a la defensa de Sánchez y Curuchet. «El testigo sólo dijo mentiras y se puede demostrar con las nuevas pruebas que aportaremos en el correr de la semana», aseguró.

Lo segundo que llamó la atención del juez es que hubiera «una explicación lógica» por la cual IMPO debió recurrir a la contratación de una empresa privada para imprimir el Diario Oficial. El problema es que la justificación no figuraba, ni nunca figuró, en el expediente instruido. El magistrado dispuso que el elemento fuera incorporado.

«La explicación lógica», indicó el informante, «es que el Poder Ejecutivo emitió en 1992 el Decreto Nº 383 que cesó la actividad de impresiones en el IMPO. Sánchez no tuvo otra opción que contratar una empresa privada para seguir imprimiendo el Diario Oficial».

Precisamente, una copia del decreto 383/92 será entregada esta semana a Eguren, por parte de la defensa y a pedido del propio juez, como prueba documental para corroborar lo declarado el viernes pasado por Sánchez, dichos ya incluidos en el alegato de defensa.

Nunca se trató de «una contratación directa»

Un tercer elemento que precipitó el brusco giro en el expediente en curso fue que Sánchez declarara que la empresa contratada, Riokar S.A., fue destinataria de «los mismos controles» que se le impusieron a las otras empresas que se interesaron por gestionar la impresión.

El testigo de cargo había dicho todo lo contrario, acusando a Sánchez de «favoritismo» en beneficio de Riokar S.A.. El juez resolvió citar al jefe de la sección donde laboraba el funcionario despedido para que presente toda la documentación oficial que derivó en la contratación.

Sánchez alegó en su defensa que la empresa fue contratada para componer y encuadernar el Diario Oficial «tras un llamado a oferta de precios», y que no fue objeto de «una contratación directa», como afirmaron los conductores de Zona Urbana.

Riokar S.A. «simplemente ofreció un mejor precio» frente a otras empresas contratadas antes que «incumplieron con sus obligaciones».

Un cargo «legítimo» y un primo «agropecuario»

Luis Curuchet, quien declarará hoy ante el juez Eguren a pedido de la fiscal Salvo, ocupó hasta setiembre de 2001 un alto cargo en la empresa contratada Riokar S.A., un hecho que no constituiría ningún delito penal, según los especialistas Carlos Delpiazzo y Olivera García.

El parecer jurídico de ambos catedráticos grado cinco de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de la República fue presentado el viernes pasado por la defensa del asesor de Sánchez Bargas, y ya está fue incorporado al expediente por disposición de Eguren. No obstante, fue por esa duplicidad de cargos que Salvo pidió el procesamiento de Curuchet, aunque nunca lo había interrogado. El juez realizará hoy su propio interrogatorio al asesor de Sánchez.

También había sido acusado el director del IMPO de emplear en Riokar S.A. a «un primo». Sin embargo, ningún documento incorporado al expediente avala la acusación, excepto el testimonio del funcionario despedido. Según pudo saber LA REPUBLICA, Sánchez tiene un único «primo», quien se desempeña en actividades agropecuarias.

Batlle aplazó decisión sobre Sánchez

A pesar de los diversos trascendidos de prensa surgidos la semana pasada desde la Casa de Gobierno que afirmaban que Sánchez Bargas había sido destituido, LA REPUBLICA pudo confirmar anoche que el presidente Jorge Batlle aplazó cualquier decisión hasta que termine el proceso judicial a cargo del juez Pablo Eguren. La eventual destitución había sido resuelta el martes pasado, y el documento que alejaría a Sánchez de su cargo fue finalmente firmado el viernes. No obstante, la promulgación oficial permanecerá a la espera de lo que acontezca los próximos días en el juzgado penal. *