"Periodismo carroña" en la región

La forma de periodismo que impulsa el grupo Cisneros, a través de su filial Claxon, propietaria de radio Sarandí, es en absoluto inédita en América Latina. Aún continúan los procesos judiciales en Chile, epicentro del grupo Claxon, derivados del uso de la «cámara oculta», empleada por su canal de televisión en Santiago. El canal 11 «Chilevisión», fue sancionado por el Consejo Nacional de Televisión de Chile (entidad que controla la actividad y ética de las cadenas) y uno de sus periodistas fue procesado por uso de «cámara oculta», que argumentando luchar contra la corrupción, mezcló la vida pública y privada del damnificado y la empresa condenada a pagar una millonaria indemnización.

En diciembre de 2003, Chilevisión fue sancionada por utilizar una cámara oculta para denunciar que el juez que investigaba una red de pedofilia había asistido a un sauna para homosexuales.

La emisión de la cámara oculta en el noticiero central motivó una declaración pública del juez Daniel Calvo, la que no impidió que finalmente el magistrado fuera relevado por la Comisión de Etica del Poder Judicial.

El Consejo Nacional de Televisión sancionó al canal del grupo Claxon con una multa en dólares, «por haber lesionado la dignidad del ministro de la Corte de Apelaciones, al dar a conocer en forma humillante determinados aspectos de su vida privada», afirma la resolución.

«La transmisión de la conversación y el video no constituye un aporte informativo para conocer algunos aspectos de la vida del juez sobre los cuales él mismo había entregado antecedentes con anterioridad. Para complementar la declaración del magistrado no era necesario mostrarlo en una actitud humillante, sino entregar la información relevante de manera apropiada. Por el solo hecho de serlo, toda persona tiene derecho a que se respete de manera íntegra su intimidad y su dignidad, independientemente de los ilícitos que se le imputen, de sus propias debilidades, o del cargo que ocupe», añade.

El responsable de la cámara oculta, Sebastián Rodríguez, era el ex administrador de un sauna para homosexuales quien grabó un diálogo con el juez Calvo, en dicho local, lo que después de emitido generó un terremoto en la sociedad chilena.

Chilevisión había alcanzado apenas unos meses antes altos ratings, con otra cámara oculta en la que se veía a una doctora de apellido Cordero y a otros profesionales, inmersos en la autorización de licencias médicas irregulares. Algo curiosamente paralelo a un reciente caso en las pantallas de Canal 10, a cargo de los mismos periodistas, que la emprendieron contra Sonia Breccia y «China» Zorrilla.

La segunda coincidencia curiosa es que, en un hecho nada habitual en el periodismo chileno, el canal de televisión que emitió la cámara oculta pidió disculpas públicas al juez Calvo por «errores de procedimiento», admitiendo la posibilidad que hubiera delito en el uso de dicha herramienta en periodismo. Todos los involucrados entendieron que Chilevisión buscaba un atenuante para el caso que la justicia emprendiera acciones legales contra la empresa.

Las acciones judiciales fueron no obstante otras, y concluyeron con una breve prisión para el jefe del informativo, Alejandro Guillier, quien insistió en todo momento que no se trataba de atentar contra la privacidad del juez, sino de ejercer la libertad de expresión.

En ese marco el grupo claxon ejecutó un contraataque que muchos consideran estudiado de antemano. A través de su agencia de publicidad, Score, adecuaron los videos promocionales del canal con mensajes alusivos a la libertad de expresión y la imagen del jefe del informativo saliendo de la prisión de Capuchinos, saludando con la «v» de la victoria, al clamor de los presentes. El Colegio de Periodistas, entre otras entidades, había concurrido a saludarle con pancartas alusivas a la situación.

Por supuesto que el momento fue transmitido en directo por Chilevisión Noticias Tarde, que elevó su rating a 8,3 puntos.

El propio presidente de Claxon, Roberto Vivo, leyó frases como: «porque creemos en la libre circulación de la información»; «porque creemos que el público tiene derecho a estar informado»; «porque nuestro compromiso periodístico está con la verdad», en lo que muchos han catalogado como una victoria en medio de la derrota. Irónicamente el día anterior, la Cámara de Diputados del Parlamento chileno había aprobado, casi por unanimidad, el proyecto de ley que protege la honra y la vida privada de aquellas personas que ocupan cargos públicos. *