Funcionarios despedidos de Consulado en Rio de Janeiro apelarán ante Itamaraty

Los reclamos de los funcionarios despedidos en diciembre de 1997 dejaron en evidencia durante 1998 serias irregularidades cometidas por la cónsul general Marta Echarte quien, entre otras cosas, comercializaba en beneficio propio donaciones de bebidas y comestibles que empresas uruguayas donaban para conmemorar las fechas patrias.

El monto de lo adeudado, que según estimaciones sería cercano a los cien mil dólares, deberá ser abonado por el nuevo gobierno que asuma el próximo 1º de marzo, dijeron a LA REPUBLICA fuentes de la Cancillería uruguaya.

Los informantes indicaron a LA REPUBLICA que la cónsul Echarte despidió en total a catorce funcionarios entre abril de 1994 y diciembre de 1997. La mayoría de los despedidos trabó litigios contra el Estado uruguayo. Según se comprobó, ninguno de los afectados estaba afiliado a los organismos previsionales ni de Brasil ni de Uruguay, y todos trabajaban «en negro».

Casi todas las irregularidades atribuidas a Echarte fueron constatadas en Rio de Janeiro por el entonces funcionario del Departamento de Asuntos Jurídicos de la cancillería uruguaya, Daniel Rognoni, quien fue enviado a Brasil específicamente para investigar las irregularidades que salieron a luz durante las reclamaciones de los funcionarios despedidos.

Entre otras ilicitudes, se acusó a la cónsul Echarte de utilizar una cuenta bancaria del consulado para depositar dinero del narcotraficante uruguayo Francisco Collazo que estuvo preso en Brasil. El ex recluso la acusó luego de quedarse con 15 mil dólares que el narcotraficante reclamó como propios. Collazo, quien además tenía antecedentes por homicidio, fue capturado en enero de 2000 en Punta del Este y procesado por falsificación de documento y hurto.

No obstante la comprobación de las irregularidades por parte del funcionario Rognoni, el canciller Didier Opertti desestimó cualquier tipo de sanción contra la cónsul, a quien luego designó para ocupar el mismo cargo en la ciudad de Madrid, donde se encuentra ahora.

Entre los cuatro funcionarios despedidos que apelarán ante Itamaraty figura el ex canciller del consulado de distrito Alberto Fischer, el ex canciller del consulado general Carlos Rivero, el ex auxiliar administrativo Ignacio Rodríguez y el ex recepcionista Narciso Díaz.

Según documentación a la que tuvo acceso LA REPUBLICA, los funcionarios apelarán a Itamaraty por ser «órgano de nexo y supervisión de las representaciones acreditadas» en Brasil.

Además solicitarán a la cancillería brasileña que «a través de sus dependencias asesoras» le brinde apoyo para iniciar eventuales acciones judiciales en territorio de Brasil contra el Estado uruguayo, responsable en última instancia de las actuaciones de la cónsul Echarte. *