Lacalle Pou ha decidido favorecer al oligopolio que conforma el brazo armado mediático de la derecha

Este viernes 14 de agosto, el gobierno anuló la resolución del Poder Ejecutivo Nº 097/20 -del gobierno de Tabaré Vázquez-, por la cual se otorgaba a tres propuestas de comunicación: Canal U orientada por Pablo Scotellaro, TV Libre dirigida por Néstor Molina, y Eutopía TV conducida por Federico Fasano, el derecho de pantalla en todos los servicios de televisión por abonados del país.

Horas antes de que el gobierno de Lacalle Pou tomara la decisión, la ex senadora del Frente Amplio escribió una columna de opinión titulada “Concentración de medios versus pluralidad informativa y democracia”, en la cual remarca que finalmente Luis Lacalle decidió favorecer como lo hizo su padre (Luis Alberto Lacalle Herrera) el oligopolio que conforma el brazo armado mediático de la derecha.

Concentración de medios versus pluralidad informativa y democracia

«La mejor forma de ocultar algo, es ponerlo a la vista de todos. Esta estratagema es la que han utilizado los gobiernos blancos y colorados para legitimar, constituir y favorecer a la oligarquía mediática uruguaya, desde hace ya más de 60 años.

Es ese proceso de concentración el que a la hora del otorgamiento de las licencias para operar por cable volvió a favorecer, sin el mínimo prurito, a los mismos dueños de los canales de aire que ya había favorecido tres décadas antes.

La información pormenorizada de esa historia concentradora y oligopólica está desarrollada en el libro “En pocas manos, mapa de la concentración de los medios de comunicación en Uruguay”, editado por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung | Uruguay.

El 11 de febrero de 1994, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera adjudicó la totalidad de los canales cable de Montevideo a los canales de televisión abierta 4, 10 y 12, dejando fuera a las ocho empresas que se presentaron y cumplieron con los requisitos planteados por la convocatoria. Oligopolio recargado.

La razón esgrimida en aquel entonces para justificar una decisión totalmente contraria a la pluralidad informativa demandada por un sistema democrático fue que “no existía mercado para más canales y que si no le entregaban los canales cable a los canales abiertos 4, 10 y 12, éstos no resistirían la competencia y quebrarían dejando sin televisión abierta a la población”.

En el estudio de referencia, realizado por investigadores locales, se muestra como además de la televisión, medios gráficos y radiales constituyen verdaderos holdings mediáticos. La información queda monopolizada, editada y muchas veces censurada. Un entrecruzamiento de intereses en distintos puntos (dentro y fuera de los medios) que demuestra una connivencia que atenta contra la pluralidad informativa y, como consecuencia de ello, contra la democracia.

“Nueva normalidad” / Viejas sociedades

Desde marzo, los informativos privados de televisión pasaron de la más férrea oposición al gobierno frenteamplista saliente a la más dedicada colaboración al gobierno multicolor entrante, bajo la coartada de la pandemia COVID-19.

Con el retorno de los partidos tradicionales al gobierno, los informativos de los canales privados se esmeran en transmitir la palabra de los gobernantes en cadenas de hecho, sumadas a ediciones maratónicas, sin nunca apuntar una objeción a los dictados de los gobernantes. La piedra en el zapato desapareció.

El manual de implantación del relato funciona como relojería suiza. Mauricio Rosencof, a través de su mordaz ironía, define el asunto a la perfección: “nos dirige una agencia de publicidad”.

La Televisión Pública y el manual de estilo de su director

Por si no bastara con lo anterior, para mutilar aún más la pluralidad informativa, el canal estatal (TNU) y las radios públicas estatales (RNU) fueron puestas bajo la dirección de un ex candidato a diputado por la coalición multicolor y actual candidato a suplente de la Intendencia de Montevideo por la misma coalición multicolor quien, como primera medida, instituyó la censura previa a través de un comunicado a los coordinadores de informativos de los medios públicos, despertando una fuerte reacción de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) y de la opinión pública.

Sin embargo, ni el presidente dio marcha atrás con esa designación contaminada y contradictoria a las buenas prácticas institucionales, ni el funcionario dio marcha atrás con su manual de estilo.

El novel director arguyó que dicho comunicado no representaba censura previa, sino que por el contrario estaba “inspirado en las mejores prácticas de los medios públicos más prestigiosos a nivel mundial”, y para asegurar la tarea encomendó la vigilancia periodística a uno de los tantos asesores del actual presidente durante la campaña electoral.

Recordemos que ambos funcionarios dependen directamente del ministro de Cultura, Pablo da Silveira, cuya pareja está enfrentando un juicio para su extradición desde Panamá, por lavado de activos y cuyo trámite también depende del ministro Pablo da Silveira. El dato: la audiencia de dicho asunto no fue cubierta por el informativo central de TNU. El manual de estilo del nuevo gobierno está funcionado.

En el año 1980, en plena dictadura, Canal 12 fue beneficiado por las autoridades del SODRE concediéndole los derechos de usufructo de las instalaciones y equipos del Canal 2 por el período de 6 años. A mediados de esa década, durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti, se firmó entre el Canal del Estado y Canal 12 un nuevo convenio ampliatorio del anterior, extendiendo la explotación del medio.

Vencido este último acuerdo, las autoridades de entonces del Canal 5 no reclamaron para sí el uso de la onda. Tampoco Canal 12 devolvió al Estado el usufructo de la señal de Maldonado (Canal 2). Desde 1996  -segundo gobierno de Julio Sanguinetti- la explotación del Canal 2 fernandino pasó a estar fuera de los convenios firmados entre las partes y, en consecuencia, se convirtió en un acto ilegal.

Cuando llega el Frente Amplio al gobierno, la señal es inmediatamente restituida a la red de la Televisión Pública. Por lo cual, también podrá hacer uso de ella el actual gobierno, al igual que de todas las instalaciones modernizadas y equipadas tanto en radio como en televisión, muy lejos de la ruina en que dejaron los gobiernos de blancos y colorados a los medios públicos.

La derecha siempre se opuso a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Por medio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se avanzó en inclusión, apertura, participación y transparencia. “En sus cinco años de vigencia, esta Ley -que es coherente con los estándares de los organismos internacionales de referencia- no generó ninguna mordaza contra el periodismo ni afectó la libertad de expresión. Tampoco se trata de una Ley inconstitucional, como se ha insistido en decir: de sus 202 artículos solo ocho fueran declarados total o parcialmente inconstitucionales. El proyecto presentado el pasado 24 de abril por el Poder Ejecutivo entendemos se orienta hacia un retroceso en derechos consagrados en la ley 19.307”, expresa en su comunicado la Coalición de la Sociedad Civil por una Política Democrática de Comunicación.

Entre otras cosas este proyecto a estudio del Legislativo propone elevar de tres a ocho servicios de radio o televisión el límite que una persona física o jurídica puede acumular. Reafirmación de la histórica concentración.

Los gobiernos del Frente Amplio jamás adjudicaron un medio sin licitación ni tampoco atropellaron contra las empresas de comunicación instaladas.

El 5 de junio del 2019, el Poder Ejecutivo emite el decreto 160/019 reglamentando la Ley 19.307 en torno al llamado a interesados para subir tres señales de televisión a los servicios de TV por abonados en todo el país.

En base a ese decreto, la URSEC en acuerdo con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL) dicta el 10 de octubre de 2019 la resolución Nº 132/019 aprobando el Pliego de Condiciones que regirá el Concurso Público para seleccionar las señales comerciales previstas en el artículo 117 de la ley 19.307 señalando “que formarán parte del paquete básico de los servicios de televisión para abonados no satelitales”.

El 17 de octubre de 2019 la URSEC dicta una nueva resolución con el Nº 138/019 eliminando los dos vocablos “no satelitales”, incluyendo entonces también a los satelitales en la obligación de subir las nuevas señales de TV.

Presentadas las cinco propuestas de los oferentes, una se desestimó por haberse elevado una vez culminado el plazo y ya abiertas las ofertas, quedando cuatro proyectos de televisión compitiendo para tres lugares.

La URSEC convoca a una Audiencia Pública para el 16 de diciembre de 2019 que se llevó a cabo con total normalidad, exponiendo los cuatro oferentes las bondades de sus proyectos.

Concretada la Audiencia Pública, la URSEC convoca a una Consulta Pública por 30 días, del 20 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020, que se lleva a cabo con la participación de ANDEBU y algunas empresas portadoras del servicio de TV por abonados del interior del país.

El 24 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo de la URSEC en acuerdo con DINATEL emite sus conclusiones sobre cada una de las cuatro ofertas presentadas.

El 14 de febrero de 2020 el Poder Ejecutivo emite la resolución Nº 97/020 otorgando la concesión por cinco años a tres de las empresas postulantes.

La resolución del Poder Ejecutivo se publica en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2020, abriéndose un plazo de 10 días corridos para las impugnaciones.

El oligopolio mediático defiende sus ancestrales privilegios. El 9 de marzo de 2020, al vencimiento exacto del plazo, los tres canales de televisión abierta, 4, 10 y 12, titulares de los canales por abonados Montecable, TCC y Nuevo Siglo, a través de las empresas Montecable Video S.A., Riselco S.A. y Tractoral S.A. piden la revocación absoluta de la concesión y la suspensión de la ejecución del acto impugnado. El recurso es firmado además por Colonia Telecable S.A. en representación de Multicanal S.A.

Los canales 4, 10y 12 y sus subsidiarias intentan abortar un procedimiento previsto en la Ley de Servicios de comunicación audiovisual, en su artículo 117, cuya inconstitucionalidad en este aspecto solicitaron por la vía constitucionalmente prevista (artículos 256 a 261) y perdieron en los juicios respectivos ante la Suprema Corte de Justicia. El oligopolio mediático impugna a través de un argumento que la Suprema Corte de Justicia ya desestimó, declarándolo absolutamente legítimo.

Además de la pluralidad informativa está en juego la imagen de transparencia con que procedió el gobierno frenteamplista,  la cual el actual gobierno multicolor está obstinado en destruir.

El ahora presidente Luis Lacalle Pou, dijo en plena campaña electoral que “el fruto no cae lejos del árbol” y varios hechos en tan solo tres meses, lamentablemente, le están dando la razón.

En poco tiempo sabremos si decide favorecer como lo hizo su padre, el oligopolio que conforma el brazo armado mediático de la derecha o si tiene el coraje para quebrar esa turbia tradición, habilitando así la pluralidad y la transparencia, claves para una sociedad democrática». Mónica Xavier, Secretaria Nacional de Gobierno.