Fiscalía prevé aumento de la impunidad si prosperan cambios al CPP en Ley de Urgencia
La Fiscalía General de la Nación recomienda no concretar la limitación del proceso abreviado -propuesta en el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración-, en el entendido de que tendría graves consecuencias para el funcionamiento del sistema penal y para sus usuarios. Prevé una “enorme acumulación de procesos sin resolver, y el aumento en la probabilidad de que se pierdan juicios orales, todo lo cual produciría un incremento en la impunidad”.
La Fiscalía General de la Nación emitió una serie de comentarios referidos al anteproyecto de Ley de Urgente Consideración.
Se trata de un documento de 25 páginas que fue realizado por técnicos de la Fiscalía, con comentarios a algunas de las disposiciones incluidas en el anteproyecto de Ley.
Constituye el análisis de algunas de las normas relativas al proceso penal contenidas en la Ley de Urgencia y “su impacto en la labor diaria de los operadores del sistema de justicia penal y específicamente en el trabajo de los fiscales y en el funcionamiento de la institución”.
En el documento se recuerda que la Fiscalía General de la Nación tiene como cometido fundamental “dirigir las investigaciones de los delitos y realizar la correspondiente persecución criminal”, y procura hacerlo de la forma “más eficaz y eficiente posible”.
Por ello, al análisis realizado se han agregado “sugerencias de normas que apuntan a lograr dicho objetivo, el que es común a todas las instituciones del Estado”.
Acumulación de procesos sin resolver
La Fiscalía comparte la inclusión de una nueva vía procesal que ofrezca una nueva alternativa simplificada para la resolución jurisdiccional de los conflictos penales. Pero sugiere que “tenga una estructura procesal diferente a la del juicio oral, precisando su ámbito de aplicación específico, manteniendo la naturaleza acusatoria del proceso y asegurando el plazo para articular la defensa”.
Por otro lado, recomienda “no concretar la limitación propuesta del proceso abreviado, en el entendido de que la misma tendría graves consecuencias para el funcionamiento del sistema penal y para sus usuarios”. En particular, se prevé una “enorme acumulación de procesos sin resolver, así como el aumento en la probabilidad de que se pierdan juicios orales, todo lo cual produciría previsiblemente un incremento en la impunidad”.
Además advierte que ello “generaría otros perjuicios a los miles de víctimas y testigos involucrados, así como disminuiría el tiempo disponible de los funcionarios policiales para ejercer tareas de prevención e investigación”.
La Fiscalía sugiere “mantener el instituto de la suspensión condicional del proceso y el principio de oportunidad, estableciendo en ambos casos la posibilidad de control de su utilización por parte de las víctimas”.
Ello en el entendido de que ambos institutos brindan “alternativas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema penal, que no resuelven los demás institutos previstos en el Código del Proceso Penal”.
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