Frente Amplio asegura que la Ley de Urgencia supone un enorme retroceso para el país
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio denunció que a través de la Ley de Urgente Consideración se pretende “restaurar un modelo de funcionamiento de la economía sobre la base de la concentración de la riqueza en pocas manos, el debilitamiento de lo público, la pérdida de transparencia del sistema financiero, la afectación de derechos sociales, laborales y económicos de grandes mayorías, avanzando en el marco legal que permita la privatización y entrega a grandes compañías multinacionales de áreas estratégicas del Estado”.
Este viernes 7 de febrero, el Frente Amplio emitió una declaración sobre el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración del gobierno electo que será presentado a consideración del Parlamento.
El Frente Amplio asegura que el borrador del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración, de 457 artículos, admite “serias objeciones de índole constitucional”.
Entre otras cosas, “se utiliza el procedimiento de declaratoria de urgente consideración para una amplia diversidad de temas y batería de medidas de gobierno que excede los límites impuestos por la propia Carta Magna». En este sentido, “las urgencias se declaran porque preexisten, no se crean por voluntad del Poder Ejecutivo”.
El FA manifiesta que “el procedimiento de discusión previsto para las leyes de urgente consideración conlleva plazos exiguos de discusión, lo que afecta negativamente el debido tratamiento de cada una de las iniciativas por parte del Parlamento nacional y de los diversos actores de la sociedad, por lo que la iniciativa lesiona el funcionamiento de nuestra democracia”.
“Es la confirmación de lo denunciado durante la campaña electoral por nuestra fuerza política sobre la existencia de un programa conservador y regresivo, el que se expresa por fin tras la elección, mediante este proyecto de Ley”, remarca.
En la declaración se indica, asimismo, que a partir de un primer análisis del texto divulgado, surge claro que el contenido general de las disposiciones proyectadas “supone un enorme retroceso para el país”.
“Se pretende restaurar un modelo de funcionamiento de la economía sobre la base de la concentración de la riqueza en pocas manos, el debilitamiento de lo público, la pérdida de transparencia del sistema financiero, la afectación de derechos sociales, laborales y económicos de grandes mayorías, avanzando en el marco legal que permita la privatización y consiguiente entrega a grandes compañías multinacionales de áreas estratégicas del Estado”, advierte la coalición de izquierda.
Agrega que todo ello tendrá implicancia en “la pérdida de soberanía económica y política para nuestra nación y sus posibilidades de desarrollo, reduciendo los espacios de participación social en temas sustantivos como la educación, e implantando medidas represivas rechazadas por la ciudadanía en el reciente plebiscito, como receta simple pero probadamente ineficaz para combatir el problema complejo del incremento de la violencia y el delito”.
Plan de acción
En tal sentido, el FA “asume el compromiso de analizar en profundidad los contenidos del proyecto, difundir ampliamente sus implicancias para el país y la ciudadanía y articular todas las acciones posibles en el marco de la normativa legal y constitucional, en defensa de leyes y derechos que el pueblo ha conquistado y que le pertenecen.
A tales efectos la Mesa Política del Frente Amplio resolvió conformar un grupo de trabajo sobre el tema, para la elaboración de un “plan de acción que incluirá como un componente fundamental del trabajo el más amplio diálogo con las diversas organizaciones sociales e instancias académicas que han manifestado su opinión sobre los contenidos de este anteproyecto de Ley”.
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